Civiles responsables en el conflicto también tendrán beneficios

Civiles responsables en el conflicto también tendrán beneficios

Ministro de Justicia dice que será un modelo similar al de los agentes del Estado.

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21 de diciembre 2015 , 12:03 a.m.

El desarrollo de los 10 puntos del modelo de justicia diseñado especialmente para los agentes del Estado implicados en delitos cometidos en el conflicto armado se tramitará en el Congreso, por la Comisión Especial Legislativa, o por decreto reglamentario del Gobierno. Así lo explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien con su homólogo de Defensa, Luis Carlos Villegas, redactó el modelo de justicia, revelado el sábado por el Presidente ante las Fuerzas Armadas.

Reyes dice que lo firmado el fin de semana es considerado inamovible por el Gobierno, pero que aún falta determinar el mecanismo “jurídico para darle validez y fuerza vinculante”.

Además, que está próximo a salir el modelo de justicia para los civiles responsables de delitos en medio del conflicto armado.

¿Qué sigue para que este modelo de justicia quede blindado jurídicamente?

Estos son los 10 puntos que marcan la estructura fundamental de lo que va a ser la justicia para las Fuerzas Armadas y agentes del Estado dentro de la justicia transicional. Los puntos no están sometidos a revisión del Gobierno ni de ninguna corte ordinaria, pero hay que buscar un mecanismo jurídico para darle validez y fuerza vinculante, que es lo que se está terminando de estudiar.

¿Podría ser con un trámite en el Congreso?

Eso está en estudio, y no ha sido definido. El desarrollo del tratamiento sí puede ser a través del Congreso, con la Comisión Especial Legislativa, o, eventualmente, a través de decretos reglamentarios del Gobierno según la materia.

¿Cuál es la gran diferencia con el tratamiento a las Farc?

Ni más ni menos que las Fuerzas Armadas forman parte de la institucionalidad y de la legalidad, y por consiguiente todas sus actuaciones se presumen legales, salvo que excepcionalmente se demuestre lo contrario. Las Farc son un grupo armado al margen de la ley, y sus actividades están al margen de la ley.

¿Cómo accederán los agentes del Estado a ese tratamiento especial?

Pueden ser llamados eventualmente por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (de la Justicia Especial para la Paz), que será la encargada de recibir toda la información que haya sobre conductas relacionadas con el conflicto armado, revisarla, contrastarla y agruparla. Así definirá los hechos que van a ser objeto de atención y señalará a las personas que deberán comparecer para o aceptar la responsabilidad o negarla y someterse al proceso. La aceptación de responsabilidad en esa instancia es considerada una verdad temprana.

El esquema plantea revisión de las sentencias. ¿Cuando se solicite, la persona está obligada a contar la verdad?

No, porque es un proceso terminado y no se reabre. La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz revisará los hechos que dieron lugar al proceso, los evaluará a la luz de la justicia transicional, incorporando los elementos del DIH, y decidirá si es susceptible de una sanción todavía. Si encuentra que no, procederá la absolución, y si encuentra que sí, impondrá una sanción diferente, reducida, de acuerdo con lo fijado en la justicia transicional, en cuyo caso le rebajaría la pena. Se tendrá en cuenta el tiempo que lleve detenido.

Si no existe la solicitud, ¿el Tribunal podrá seleccionar las sentencias que considera debe revisar?

No está señalado específicamente en los 10 puntos, pero nada obsta para que esa posibilidad exista.

¿Qué falta por definir?

Lo que será la pena restrictiva de la libertad (que no es la privación efectiva), cómo y dónde va a ser y los mecanismos para garantizar el cumplimiento. Además, las sanciones que son de reparación. Las Farc, por ejemplo, tienen obligaciones en desminado.

Uno de los puntos plantea la suspensión de la pena. ¿Cuáles son las garantías de que esa figura es segura jurídicamente?

Una de las salas es la de Estabilidad Jurídica, y se diseñó para que sea el único organismo encargado de revisar o decidir sobre cualquier tema relacionado con la jurisdicción especial para la paz. Cualquier cuestionamiento que se haga solamente podrá ser decidido por esa sala, no tienen competencia para revisar esos temas ningún tribunal o corte de la jurisdicción ordinaria.

¿Y si quienes integren esa Sala del Tribunal para la Paz no ven viable esa figura?

Los que conformen el Tribunal para la Paz van a tener que ceñirse a las normas que regulen el funcionamiento de este, consignadas en el documento acordado en La Habana, en los 10 puntos del tratamiento de agentes del Estado y las normas que se desarrollen con posterioridad. Como, por ejemplo, el modelo que se fije para los terceros civiles que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto. Este último y el de los agentes del Estado no han sido ni serán negociados con las Farc.

¿Cómo será el tratamiento de los terceros?

Tendrán un modelo como el que acaba de salir para los agentes del Estado. Ya está prácticamente terminado, no sé cuándo tenga el Presidente previsto hacerlo público.

¿Qué tipo de delitos podrían tener una suspensión de la pena?

Esa es una decisión que tomará el juez, porque los delitos no solo son de distinta naturaleza, sino que los grados de participación son diferenciados.

Las claves del modelo de justicia para la paz

1. Presunción de legalidad

Teniendo en cuenta el ejercicio legítimo de la fuerza que ostenta la Fuerza Pública, y su objetivo de proteger los derechos civiles, todas sus acciones se presumen legales.

2. Seguridad jurídica

Las decisiones del Tribunal para la Paz harán tránsito a cosa juzgada. Lo que se decida allí no podrá ser cuestionado o reabierto por ninguna otra instancia.

3. Tratamiento diferenciado

Para los militares que hayan cometido conductas punibles el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo.

4. Prevalencia

El tribunal absorbe la competencia sobre cualquier otra jurisdicción. Lo que se decida allí no podrá ser cuestionado o reabierto por ninguna otra instancia.

5. Sanciones

La configuración definitiva de las sanciones para los agentes del Estado será propuesta por el Gobierno Nacional antes de la firma del acuerdo final.

6. Reclusión

Las sanciones a militares que impliquen privación efectiva de la libertad se cumplirán en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario y carcelario establecido para ellos.

7. Integralidad del sistema

Para acceder a cualquier tratamiento diferencial en la Jurisdicción Especial, los militares deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Quien aporte información falsa perderá el tratamiento especial.

8. Revisión de sentencias

A petición del condenado, el tribunal revisará las sentencias proferidas por la justicia por inexistencia del hecho o error en la calificación jurídica, por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, siempre que se cumplan las condiciones del sistema integral.

9. Situación jurídica

Se resolverá la situación jurídica de militares que hayan participado en el conflicto armado cuando no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves. En estos casos existirán medidas como la suspensión de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otras.

10. Responsabilidad en la cadena de mando

La responsabilidad no será solo por el hecho de estar al mando. La responsabilidad de altos mandos por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla.

JUSTICIA

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