Santos a Fuerzas Armadas: No estarán en inferioridad de condiciones

Santos a Fuerzas Armadas: No estarán en inferioridad de condiciones

Presentó justicia para agentes del Estado. Fija límites a responsabilidad penal por cadena de mando.

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19 de diciembre 2015 , 06:11 p. m.

El presidente Juan Manuel Santos les presentó ayer a las Fuerzas Armadas y al país las claves del modelo de justicia para la paz que aplicará para los agentes del Estado, sobre todo para los militares, procesados o condenados por hechos relacionados con el conflicto armado.

Lo hizo en la ceremonia de ascensos de la Policía y las Fuerzas Militares, en la Escuela Militar José María Córdova. “Este documento no fue discutido ni negociado con las Farc”, dijo Santos. Explicó que, cumpliendo con el compromiso adquirido con las Fuerzas Armadas, “el tratamiento será simétrico en algunos aspectos y diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. No van a estar nunca en inferioridad de condiciones”, dijo el Mandatario.

El Estado parte de la base de que sus agentes “ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales”, pero reconoce también que “en el desarrollo del conflicto se han cometido violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”.

Para esos agentes estatales –que en el caso de los militares son cerca de 4.300 oficiales, suboficiales y soldados procesados o condenados por la justicia ordinaria por hechos relacionados con la guerra– aplicará un modelo que está integrado al Sistema de Justicia Transicional para la Paz que también juzgará a los guerrilleros. Así, sus casos serán juzgados por el Tribunal para la Paz, que es el órgano de cierre del sistema y cuyas decisiones serán definitivas.

Santos explicó que esto tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica.

“Todas las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz harán tránsito a cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad. Dichas decisiones solo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal”, señala el documento base del modelo, elaborado por los ministros de Justicia, Yesid Reyes, y Defensa, Luis Carlos Villegas con la ayuda, según dijo el Presidente, de los generales en retiro Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora. Los dos ministros firmaron ayer la propuesta, que será llevada al Congreso.

Como se acordó en La Habana, la jurisdicción especial “prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”. Esto aplicará no solo para procesos en curso sino para las condenas y sanciones impuestas en el pasado.

Así, se plantea un escenario en el que el Tribunal podrá revisar sentencias y, en caso de que se mantenga la condena, aplicar el nuevo modelo de penas, que va desde los 5 hasta los 20 años en casos de no cumplimiento de los compromisos de verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición en los que se fundamenta el sistema transicional. “La configuración definitiva de las sanciones del Sistema Integral para los Agentes del Estado será propuesta por el Gobierno Nacional antes de la firma del acuerdo final”, se lee el documento.

Prisión en guarniciones

Aunque las líneas generales sean las mismas que aplican para la guerrilla, el modelo para los agentes del Estado trae varios puntos que marcan diferencia. Está definido, por ejemplo, que en los casos en los que haya condena con privación efectiva de la libertad, la pena se pagará “en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario y carcelario establecido para la Fuerza Pública, conforme al principio de tratamiento diferenciado”. Hoy, cuando la condena queda en firme, los militares pasan a cárceles ordinarias.

Como en el caso de los miembros de las Farc que se acojan al sistema y cumplan con todas las exigencias para restablecer los derechos de las víctimas, habría penas por fuera de la cárcel. “Cuando se trate de sanciones de restricción efectiva de libertad y derechos, se reglamentarán las diferentes modalidades de ejecución, garantizando mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de dichas sanciones”, dice el documento.

De la misma manera, se propone la creación de figuras penales que, para el caso de los militares y agentes del Estado que “hayan participado en el conflicto armado y no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos”, actúen de manera similar a los indultos y amnistías que cobijarán al grueso de las Farc.

Esa función la cumplirá la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. “En estos casos, frente a quienes hayan cumplido las condiciones del Sistema Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá aplicar, según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otras”, señala el modelo elaborado por las carteras de Justicia y Defensa.

“Prometí que íbamos a hacer algo muy diferente, que no iba a permitir que se repitiera la injusticia de antes, donde solados y policías iban a la cárcel, y los guerrilleros acababan libres”, dijo Santos en su discurso.

Fue enfático en que no habrá lugar al temor que existía acerca de que “un comandante de unidad, de batallón, de brigada, división, sería responsable por los hechos de sus subalternos por el simple hecho de haber sido el comandante”. “Solo serán acusados y juzgados los directamente responsables”, afirmó.

En el documento se plantea que “la determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción”, elementos que han dado pie a condenas tan sonadas como la del general Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán. Uscátegui fue condenado a 27 años por omisión, aunque no fueron sus tropas las que permitieron el paso de los ‘paras’ que llevaron a cabo esa matanza en Guaviare y Meta en 1997.

“Aquí estamos cumpliendo con la palabra empeñada, con esto se cumple con el compromiso de darle los mismos beneficios a la Fuerza Pública que a la contraparte con la que estamos pactando la paz; para que el fin del conflicto sea para todos dentro de unos principios de justicia. Si esto no se hacía, yo no firmaba la paz”, manifestó Santos.

En todos los casos, y esto aplica tanto para los agentes del Estado como para los guerrilleros y los civiles que sean procesados por la nueva jurisdicción, el pasaporte de entrada al sistema de penas alternativas exige “contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”.

Y el que mienta, perderá los beneficios penales y se expone a las penas ordinarias, que tienen un máximo de 60 años de prisión por los delitos más graves cometidos en medio del conflicto armado.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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