Auspiciosa alianza sobre drogas

Auspiciosa alianza sobre drogas

La política de drogas no puede ser aplicada a cualquier costo ni violando los DD. HH.

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18 de diciembre 2015 , 08:01 p. m.

Hay buenos augurios. El proceso preparatorio de la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de la ONU –conocida como Ungass–, que se reúne en abril del 2016, ya ha ido generando avances, aunque su tarea no será nada fácil.

El Diálogo de Cartagena, del 23 y 24 de noviembre pasado, reflejó esos avances al mostrar cómo han cambiado los términos y los actores del debate sobre drogas. Convocado por cuatro gobiernos (Colombia, Suiza, México y Ghana), y cuatro organizaciones de la sociedad civil (Open Society Foundations, Washington Office on Latin America, Transnational Institute y México Unido contra la Delincuencia), el Diálogo reunió a ONG con representantes de 29 países de las Américas y el Caribe insular, Europa y África, pertenecientes a ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Salud, Defensa o a organismos de control de drogas.

Funcionarios nacionales o en distintas sedes de las Naciones Unidas –Viena, Nueva York o Ginebra– interactuaron con expertos y organizaciones sociales. Esa interacción se ha ido dando en la preparación de la Ungass y ha ido ampliando un grupo afín a que esa Asamblea, como máxima autoridad de la ONU, no eche a perder la oportunidad dedicándose a ratificar metas fallidas o contraproducentes centradas en la represión y la sanción penal, sino que permita un debate franco e informado, reconozca que no hay consenso y, en consecuencia, abra un proceso hacia la definición de una nueva política que no pretenda imponer una talla única para todos los países o sectores.

Para que el Diálogo no se fuera en retórica ayudaron valiosos insumos, que se han producido en la preparación de la Ungass: posiciones gubernamentales sobre cómo las actuales políticas de drogas impactan los derechos humanos, la salud pública y lo social, y acerca de la aplicación e interpretación de las convenciones internacionales; declaraciones al respecto de distintas dependencias de la ONU, así como de la Unión Europea, Unasur y la Celac, que amplían la visión de la temática; resultados de audiencias, reuniones informativas, consultas regionales y temáticas, y la encuesta aplicada a las ONG, que permite a la sociedad civil formular recomendaciones.

En su carácter informal, el Diálogo se proponía identificar ideas y fuerzas que nutran la preparación, la negociación del documento de resultados y a la Ungass misma para que la Asamblea no se reduzca a endosar un texto surgido de la Comisión de Estupefacientes. Numerosas propuestas muestran amplias convergencias. Citemos algunas.

La estrategia de reducción de daños hay que aplicarla a la problemática de las drogas y a los efectos de la política para hacerle frente; ha tenido buenos efectos en la salud pública, y se debe ampliar a la eliminación de daños sociales, ambientales. La política de drogas debe estar centrada en las personas, en sus derechos y libertades, no puede ser aplicada a cualquier costo ni violando los DD. HH., y debe ser coherente con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los indicadores de resultados deben medir la reducción de daños, de violencia, de la vulnerabilidad de campesinos o indígenas cultivadores, de pequeños transportistas y usuarios de drogas. Desde luego, hubo también énfasis divergentes, que el Diálogo exploró.

No será fácil vencer las resistencias al cambio. Hay gobiernos que quieren mantener el statu quo o incluso endurecerlo. Aún 33 Estados –la mayoría de Asia y Oriente Próximo– aplican la pena de muerte para delitos menores asociados con drogas. Además, hay burocracias policiales, militares o civiles que se aferran a la “guerra contra las drogas”. Ojalá la acción coordinada de esta auspiciosa alianza se amplíe y logre vencer la inmovilidad dogmática y burocrática.

Socorro Ramírez

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