La sofisticación del acuerdo sobre víctimas en el proceso de paz

La sofisticación del acuerdo sobre víctimas en el proceso de paz

Acuerdo combina justicia para crímenes graves con amnistía para delitos políticos y conexos.

notitle
17 de diciembre 2015 , 08:32 p. m.

Los detalles del acuerdo sobre víctimas demuestran, una vez más, que Colombia es líder en materia de diseño institucional. El acuerdo logra, como ningún otro en el mundo, encontrarle la cuadratura al círculo en cuanto a la tensión entre justicia y paz.

En contra del tabú de que la justicia penal impide la desmovilización de los actores armados, el acuerdo garantiza que los crímenes graves serán juzgados y castigados. Contrasta así con los modelos de perdones recíprocos que prevalecieron en América Latina en los noventa. El listado de crímenes incluye varios que involucran directamente a las Farc, como el reclutamiento de menores y la toma de rehenes u otras formas graves de privación de libertad.

En contra del maximalismo penal defendido con convicción por algunos círculos y por hipocresía reciente por otros, el acuerdo combina justicia para los crímenes graves con amplia amnistía para los delitos políticos y conexos y despenalización de la protesta social. Además, establece incentivos fuertes para el reconocimiento de responsabilidad por crímenes graves. Las sanciones incluyen cárcel para quienes no acepten su responsabilidad y restricción efectiva de libertad para quienes lo hagan tardíamente. Estos beneficios pueden ser aplicados tanto a las Farc como a las fuerzas militares, a sus cómplices y colaboradores.

Así pues, superando los modelos de justicia de vencedores que han prevalecido en tribunales transicionales como Núremberg, Yugoslavia y Ruanda, el acuerdo garantiza que todos los actores del conflicto recibirán un tratamiento similar, aunque ajustado a sus particularidades. El acuerdo, además, establece garantías de debido proceso, posibilidades reales de redención de la pena con reparación, trabajo y estudio, y un sistema de defensa pública gratuita.

Al combinar en un solo sistema amnistías con mecanismos de justicia, verdad, reparación y no repetición, el acuerdo recoge enseñanzas recientes de estudios empíricos como los de Payne y Sikkink, que indican que la integración de mecanismos conduce a una mayor protección de los derechos humanos y al afianzamiento del Estado de derecho en el posconflicto.

Demostrando un ejercicio importante de economía institucional, el acuerdo incluye en el nuevo sistema las instituciones ya existentes de reparación y restitución de tierras, perfeccionándolas en lugar de remplazarlas o duplicar sus funciones.

Igualmente, innova al combinar las medidas de justicia transicional con aquellas de desarrollo territorial, necesarias para superar la pobreza y desigualdad. Los proyectos locales de infraestructura y servicios sociales se articularán con las medidas de justicia y reparación. Los condenados por crímenes graves podrán contribuir con su trabajo al desarrollo de los proyectos. A su vez, estos tendrán no solo objetivos económicos y sociales, sino también de reparación del tejido social y establecimiento de condiciones adecuadas para la restitución de tierras y el retorno.
Los retos de implementación son enormes. Pero el acuerdo los reconoce, al establecer mecanismos de ejecución y monitoreo. La paz se acerca, y las instituciones se preparan para ella.

MARÍA PAULA SAFFON
Especial para EL TIEMPO
Universidad de Princeton, Society of Fellows in the Liberal Arts

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.