El cierre que generó una crisis humanitaria

El cierre que generó una crisis humanitaria

La frontera colombo-venezolana se convirtió en el escenario de dramáticas historias.

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17 de diciembre 2015 , 06:50 p.m.

El cierre de la frontera colombo-venezolana que se presenta desde el pasado 19 de agosto y que, tras varios episodios críticos, dejó a más de 1.500 deportados fue una de las noticias que marcó la agenda política de los últimos meses del año en Colombia y en el vecino país.

Desde las diferentes miradas, esta situación tomó tintes que pasaron por lo económico, lo social y, sobre todo, lo político. Lo que sí es claro, es que la crisis fronteriza se desarrolló en el marco de una Venezuela afectada por una inflación cercana al 160 %, la más alta del continente, un desempleo que supera el 6 % y un escenario político que para muchos cambiaría el futuro del país tras unas elecciones parlamentarias que le dieron la victoria contundente a la oposición.

El comienzo del cierre

El 19 de agosto de 2015, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante contacto telefónico con el canal 'VTV', ordenó el cierre de la frontera con Colombia por el estado Táchira, así como el despliegue de una operación en la región con el fin de detener a los autores materiales de una emboscada que sufrieron efectivos de la Fuerza Armada un día antes del cierre. (Ver galería: El dramático éxodo de los colombianos expulsados de Venezuela)

El gobernador del estado Táchira, José Vielma, informó que los militares atacados fueron el teniente Manuel Veloz Santaella, el teniente Alexis Rodríguez y el soldado Miguel Núñez, y agregó que la decisión del cierre se basaba en la presencia de paramilitares en la zona “las mafias paramilitares tienen muchos intereses económicos y atacan a esta hora. Lanzan panfletos contra el Ejército venezolano”.

Este fue el segundo ataque armado que se reportó en la zona desde finales de julio, después de que ciudadanos colombianos denunciaron la muerte de un compatriota presuntamente a manos de militares venezolanos cuando transportaba mercancías de ese país a Colombia por un paso clandestino. Días antes, el Gobierno venezolano negó una incursión militar en territorio colombiano denunciada por campesinos y difundida por la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

El 8 de septiembre Maduro ordenó un nuevo cierre fronterizo en el paso de Paraguachón, entre el estado Zulia y el departamento de La Guajira, y decretó el estado de excepción en tres municipios. Además, el mandatario ordenó la movilización de 3.000 uniformados para custodiar ese territorio. En ese momento Brasil, Argentina y Uruguay se ofrecieron como mediadores con el fin de encontrar soluciones que pusieran fin a la crisis. Maduro aceptó la participación de representantes de las tres naciones en los encuentros que ocurrieron entre los cancilleres de Colombia y Venezuela.

Colombianos deportados

Según cifras de la ONU, Venezuela deportó a por lo menos 1.532 colombianos, y otros 18.377 regresaron por miedo a ser expulsados. A raíz del éxodo, Colombia denunció “un drama humanitario” que se agravó por violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas. Por su parte, Caracas rechazó ese señalamiento, así como otras denuncias colombianas –avaladas por la OEA– las cuales demostraban que hubo expulsiones que separaron a las familias, especialmente a los niños de sus padres.

Los primeros días de septiembre se iniciaron las deportaciones de colombianos desde Venezuela. El 3 de septiembre los primeros 43 colombianos provenientes de Caracas tuvieron que llegar a Arauca. Los deportados fueron trasladados en buses hasta el estado Zulia, en Venezuela, y luego ingresaron a Colombia. En el grupo se encontraban niños, mujeres y hombres.

Tras una visita hecha el 10 de septiembre a la frontera colombo-venezolana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Venezuela restituir los bienes perdidos por miles de colombianos al ser expulsados o, en su defecto, indemnizarlos.

Reacciones de la comunidad internacional

Uno de los pronunciamientos que más polémica generó en el marco de la participación internacional ante la crisis que vivía al país fue la del secretario general la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el expresidente colombiano Ernesto Samper.

El exmandatario dijo que las deportaciones de colombianos desde Venezuela “enrarecían el clima de opinión necesario para perseguir a los paramilitares colombianos que sí están traspasando las fronteras”.

Las críticas no se hicieron esperar, desde las diferentes posturas políticas se reclamó la falta de solidaridad de Samper con la situación que vivían los compatriotas en la frontera.

Tras fallidos encuentros entre los cancilleres de ambos países, Colombia denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) la violación a los derechos humanos contra cerca de 7.000 colombianos deportados de Venezuela.

El embajador Andrés González exigió a la OEA un urgente pronunciamiento de la organización. Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA no aprobó la convocatoria de una cumbre extraordinaria de cancilleres para que esta instancia analizara la crisis en la frontera.

Colombia necesitaba tener el respaldo de al menos 18 países para convocar esta cumbre y solo obtuvo 17 votos a favor. Once países se abstuvieron y cinco votaron en contra (Venezuela, Haití, Ecuador, Bolivia y Nicaragua).

ELTIEMPO.COM

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