Boyacá ha perdido más de 50 mil millones de pesos por demandas

Boyacá ha perdido más de 50 mil millones de pesos por demandas

Del bolsillo de los boyacenses han salido los recursos para pagar las millonarias sentencias.

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17 de diciembre 2015 , 11:33 a.m.

El descuido, desconocimiento y torpeza de administradores públicos y asesores tiene en aprietos a municipios, institutos descentralizados y hasta a la Gobernación de Boyacá que han perdido millonarias sumas de dinero en los últimos años por causa de sentencias judiciales en su contra.

Según un informe de la Contraloría de Boyacá, hasta el 2013 cursaban en contra del departamento más de 5 mil demandas por un valor cercano al medio billón de pesos.

De esa cifra, hasta ese momento habían sido pagados 29 mil millones de pesos por concepto de más de mil demandas, la mayoría administrativas, seguidas por las civiles, las laborales y las constitucionales.

Pero lo grave del caso no es solo la cantidad de plata que ha salido del erario público para pagar las sentencias que hasta la fecha pueden haber aumentado significativamente (más de $50 mil millones), sino el desinterés por parte de los alcaldes, gerentes y gobernadores por tratar de recuperar ese dinero y castigar a los culpables.

Resulta que a pesar de que existe un mecanismo judicial llamado acción de repetición, que permite que una entidad oficial demande a su vez a los funcionarios públicos que hayan tenido grave culpa o dolo en esos hechos, son contados con los dedos lo que han usado el recurso.

“Hay desinterés de la administración al no ejercer la acción de repetición, y cuando sí la presentan lo hacen extemporáneamente o no aportan el material probatorio suficiente para acreditar que el funcionario demandado actuó con dolo o con culpa grave, y que dio lugar, con esa conducta, a que la administración fuera condenada”, dijo el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.

Así las cosas, desde el 2008 hasta el 2012 las Alcaldías, institutos como la Lotería, el Itboy, el Infiboy e Indeportes y la Gobernación pagaron 29.397 millones de pesos por 1.335 demandas y solo presentaron 101 acciones de repetición para hacer algo por recuperar esos dineros.

Adicionalmente, entre los municipios que más pagaron plata por demandas en ese mismo periodo de tiempo, pero que tampoco se esforzaron por rescatar esos dineros, está Duitama, que canceló $2.060 millones de pesos por 116 demandas, y solo interpuso 12 acciones de repetición; y Miraflores, que tuvo que pagar $1.027 millones por 14 demandas y presentó solo tres recursos.

“Es mucha plata la que se ha perdido y no se usan las acciones de repetición, pero tampoco hay quien los obligue”, indicó Pablo Díaz, director de Economía de la Contraloría de Boyacá.

La acción de repetición no es eficaz

A la negligencia por parte de las administraciones, y la ignorancia en algunos casos, le atribuyen los expertos el hecho de que el mecanismo de la acción de repetición no sea usado.

“Hay descuido por parte de la representación judicial de la entidad que no hace nada o desconoce el funcionamiento de la herramienta”, indicó el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.

Algo así sucedió con la demanda que instauró la Gobernación en contra del exgobernador Miguel Ángel Bermúdez para tratar de que este devolviera $438 millones que perdió el departamento en su administración por una demanda de una funcionaria.Pero eso nunca sucedió y cuando el departamento reaccionó (2 años tarde), se habían vencido términos.

El segundo factor al que se le endilga la ineficacia del recurso es al desconocimiento que tienen los funcionarios, pues para que el mecanismo funcione, la administración debe demostrar una culpa grave o un dolo, pero no se esfuerzan por recaudar elementos de prueba que permitan acreditar que se actuó con mala intención.

Pero sucede también que este mecanismo deja por fuera otros comportamientos graves que dan lugar a que la administración sea condenada, pero en este caso no castigan al funcionario que erró.


Condenas afectan inversión

Las finanzas y arcas Estatales de orden territorial, se ven afectadas por el número de condenas que deben ser canceladas con recursos públicos, que le restan inversión a sectores como la salud, educación, vivienda, entre otros.

Ejemplo claro fue el año 2012, en el que el presupuesto para Boyacá fue de 1 billón 033.743 millones de pesos, y el valor total de las demandas que estaban en curso era de $257.029 millones de pesos, es decir, un 25% del total del rubro.

Pero, como se ha dicho, las administraciones no utilizan las acciones de repetición, no cuentan con los Comités de Conciliación encargados del proceso, generando un detrimento patrimonial.

CATALINA MORENO BETANCOURT

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