Niegan tutela para tumbar revisión técnico-mecánica

Niegan tutela para tumbar revisión técnico-mecánica

16 de diciembre 2015 , 09:57 p. m.

El Juzgado 22 Civil Municipal de Bogotá negó ayer una acción de tutela que pretendía frenar la decisión de la Secretaría de Movilidad de Bogotá de multar –de forma automática a través de los registros del Runt– a los dueños de vehículos matriculados en la capital que no tengan el certificado de revisión técnico-mecánica al día.

De esta forma, a más de 500.000 propietarios de vehículos matriculados en Bogotá, pero que por diferentes razones están fuera de circulación, comenzarán a llegarles los comparendos en sus domicilios.

Una fuente de la Secretaría de Movilidad le dijo a EL TIEMPO que el proceso de imposición de multas sigue en firme, mientras no haya una decisión judicial en contra de la medida.

La no circulación del vehículo fue precisamente el argumento expuesto en la tutela por Marcel Ramírez Rhor, representante de la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares, que en su página de Facebook tiene más de 12.000 seguidores.

Ramírez Rhor sostuvo que “es una barbarie jurídica sin nombre el hecho de que se emita una sanción sin que se haya cometido una infracción”. Para él y muchos dueños de carros, la infracción se comete solo cuando el vehículo está circulando sin el certificado de revisión técnico-mecánica.

Entre tanto, la Secretaría de Movilidad, al defender su posición ante el Juzgado 22, insistió en que su accionar “procede contra amenazas de daños ciertos” y señaló que la eventual imposición de un comparendo está explícita en la infracción C-35 del Código Nacional de Tránsito cuando se refiere a “no realizar” la revisión técnico-mecánica.

La Secretaría de Movilidad decidió que, a partir del primero de diciembre, los dueños de vehículos que tengan matrícula vigente en Bogotá pero no su revisión técnico-mecánica al día –así el vehículo esté guardado, varado o abandonado– recibirán un comparendo.

La preocupación de quienes se oponen a las multas también radica en que muchos vehículos están en manos de autoridades judiciales (Fiscalía, Policía, patios de Tránsito), y en esas condiciones no hay forma de poder sacarlos para llevarlos a los centros de diagnóstico.

La medida de la Secretaria de Movilidad tampoco tiene en cuenta los vehículos que están en talleres o en concesionarios por reparaciones y que también se verían perjudicados con la multa. 

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