Con obras de papel legalizan el paso de retroexcavadoras

Con obras de papel legalizan el paso de retroexcavadoras

Alcaldes y exalcaldes de 3 departamentos, en líos por maquinaria que terminó en minería ilícita.

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16 de diciembre 2015 , 09:06 p.m.

Un taxista paga 10 o 20 mil mensuales por el ‘derecho’ a moverse en zonas de minería. Los dueños de retroexcavadoras, 5 millones para ingresar cada máquina, con el compromiso de aportar 2 millones de pesos por el funcionamiento o el 10 por ciento de la producción del oro o cualquier mineral cada mes. Y el barequero, 320.000 pesos semanales, que representan el cobro de 4,8 gramos del metal precioso.

Las tarifas son fijas y han sido definidas por los grupos ilegales y narcos, que mantienen en las minas, tanto las legales como ilegales, a emisarios dedicados a verificar la producción y el pago puntual de sus ‘cuotas’.

El negocio va más allá de las extorsiones. La Policía, el Ejército y la Fiscalía han documentado que las Farc, el Eln y bandas como el ‘clan Úsuga’, ‘Rastrojos’ y hasta la ‘oficina de Envigado’ han invertido en maquinaria amarilla para hacer extracciones. Además, controlan los campamentos levantados cerca de las minas y a los que llevan a mujeres, a muchas con engaños, a prostituirse.

El Gobierno calcula que, cada vez con más fuerza, las mafias de todo pelambre le están apostando más a la minería ilícita que al narcotráfico, aunque siguen moviéndose entre ambos negocios. La bolsa es millonaria (7 billones en oro no tienen origen en títulos mineros legales), y el riesgo y el tiempo invertido son mucho menores que en el tráfico de droga.

El cálculo costo-beneficio es contundente en favor de la minería ilícita: un kilo de cocaína en un puerto se vende por 4,5 millones de pesos, y quien sea sorprendido con droga más allá de la dosis mínima se expone al menos a 8 años de cárcel. Un kilo de oro se vende por entre $80 y $90 millones, y su porte injustificado no es ilegal. Apenas es una falta administrativa.

En el caso del Eln, dice la Policía, ha conseguido participación, a través de terceros, en cooperativas y firmas que legalizan las ganancias. Su zona de influencia se concentra en el sur de Bolívar, pero es fuerte en dos municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Las Farc, por su lado, “compran la producción alrededor de las minas a mayor precio con la ayuda de ‘cazaminas’, para legalizar posteriormente el dinero en el mercado formal”, señala un informe de inteligencia. Esa guerrilla, agrega el documento, “no participa directamente en el proceso de producción”. “Su intervención es visible con la inyección de capital, la provisión de infraestructura, sumada a la administración de minas y ocupación de tierras”.

Agrega que “facilitan el préstamo de dinero a corto plazo para la construcción de entables, y los deudores además de pagar el préstamo pagan la extorsión”.

Los ‘cazaminas’, que no son exclusivos de la guerrilla sino también de grandes empresarios, algunos de origen extranjero, son personas metidas en el negocio y que detectan los puntos con potencial. En el caso de los ilegales, los usan para asegurar el pago de las ‘vacunas’ y, no pocas veces, para despojar a propietarios de sus tierras y tomarse la extracción.

El modus operandi de las bandas es diferente. No comparten, por decirlo así, el riesgo: el minero tiene que pagar la extorsión, por producción y por uso de maquinaria, saque o no oro. La tendencia ahora es tener participación en empresas legales, con acciones o los llamados ‘cupos’.

La modalidad de los ‘cupos’, detectada en el ‘clan Úsuga’ y la ‘oficina de Envigado’, consiste en que el dueño del título minero les da, a las buenas o a las malas, a estas organizaciones mafiosas, incluso a narcos, espacios para que envíen a sus hombres a extraer el mineral. Es por eso, que al lado de títulos legales las autoridades encuentran máquinas ‘piratas’ realizando excavaciones.

La Policía acaba de capturar a ‘Mateo’, una ficha del ‘clan Úsuga’, señalado de manejar las extorsiones contra tres empresas en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño a las que les exigían participación accionaria. Una de ellas, Zandor Capital, denunció que 250 de sus mineros optaron por renunciar ante las amenazas y extorsiones.

Vetas de corrupción

Los grupos imponen sus normas. A orillas del río Nechí, en Cuturú, donde es usual el mototaxismo, un desconocido no puede llevar el casco puesto para entrar al pueblo. Los grupos ilegales establecen control social y hasta sus normas de convivencia. “La muerte no se paga con dinero, se paga con muerte. Si existen riñas y hay heridos, para seguir trabajando los mineros deben pagar una multa de 1,2 millones de pesos. De lo contrario deben abandonar la zona”, contó un habitante a investigadores de la Policía.

La minería ilícita es posible por al menos tres fuentes de corrupción oficial: el ingreso de maquinaria pesada, el desvío de explosivos de Indumil (la Industria Militar) y el comercio de mercurio, sustancia supuestamente controlada, pero que se consigue sin restricción alguna. De hecho, periodistas de EL TIEMPO comprobaron que en el centro de Bogotá, por ejemplo, se ofrecen a poner el material donde el cliente lo pida, sin mayores preguntas.

La dinamita se utiliza en la minería de socavón y, de nuevo, se supondría que su flujo a las zonas de explotación es controlado. Se investigan dos hipótesis: o hay mineros formales que están en las redes que surten a los ilegales o en el proveedor oficial hay redes que utilizan pedidos formales que en realidad van para el mercado negro.

Pero el mayor foco de corrupción está en el ingreso de la maquinaria amarilla a zonas mineras, usualmente de difícil acceso. En algunos casos las dragas y los llamados ‘dragones brasileros’ entran desguazados, por río y hasta en helicópteros de carga. Pero la mayor parte de las retroexcavadoras y buldóceres ingresan con papeles legales.

Las autoridades han detectado que hay alcaldías que justifican el movimiento de estas máquinas con contratos de obras públicas, como arreglo de vías y hasta construcción de polideportivos. Pero en sus zonas los trabajos no se ven. Así, evaden los controles en carretera. Hay casos de máquinas incautadas en Nariño, Chocó y Antioquia que se enredan por llamadas de mandatarios locales.

En Nariño, por ejemplo, investigan el ingreso de 90 máquinas retros al ‘Triángulo de Telembí’, donde actualmente se concentra la minería criminal. Esas máquinas nunca salieron de la zona y su paso fue avalado por tres alcaldías. La estrategia, según la Policía, pasa por asignar contratos a dedo cuyo costo va, supuestamente, a bolsillos oficiales, a cambio del ingreso de la máquina. En muchos casos la obra nunca se inicia o se culmina. “Cuando se sienten sorprendidos, denuncian el robo o pérdida de la máquina”, dice un oficial de la Policía que lidera otra de las investigaciones.

Esos presuntos nexos directos con bandas criminales llevaron la semana pasada a la captura de Carlos Mario Varela Ramírez, actual alcalde de Buriticá (Antioquia) y quien hoy busca un acuerdo con la Fiscalía. Y en la primera semana de diciembre la Policía de Carabineros capturó a Genaro Murillo, exalcalde de Sipí (Chocó), y al líder de la comunidad afro Emigdio Pertuz, por presuntamente lavar dinero al ‘clan Úsuga’ a través de la Comercializadora de Oro La Morenita.

Los sobornos, por supuesto, también tocan a la Policía encargada de esos controles. Esa institución y la Fiscalía adelantan sendas investigaciones contra uniformados que cobran cuotas millonarias por ‘no ver’ el paso de las inmensas máquinas.

Estos son los ‘zares’ de la minería ilícita

Diez nombres están en el radar de las autoridades como los ‘zares’ de la minería en Antioquia y Chocó y que pertenecen al ‘clan Úsuga’.

Cada uno de ellos tiene una zona asignada en la que manejan el cobro de todo tipo de extorsiones,
pero también tienen la función de detectar potenciales puntos de extracción.

A uno de ellos, conocido con el alias de Sebastián, lo envió directamente Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el máximo jefe de la banda criminal.

Es el responsable en la región del occidente antioqueño y lo que recoge va directamente a las cabezas del ‘clan Úsuga’.

La lista de estos delincuentes, que envían a sus hombres de mina en mina para mantener el control ilegal, se renueva constantemente ante las capturas y operaciones de la Policía.

Este año, según la Dirección de Carabineros, han sido capturadas 2.232 personas, y desde el 2011 suman casi 8.900.
El Eln y las Farc también han encargado a jefes guerrilleros de manejar el negocio de la minería criminal.

El Eln, por ejemplo, tiene a ‘Mosquera’, quien de acuerdo con informes de inteligencia rinde cuentas directas a ‘Pablo Beltrán’, miembro del Comando Central del Eln (Coce). También están alias David, del frente Resistencia Cacique Guamocó, y ‘Cachaco’, del frente Capitán Mauricio. Los tres reportan miles de millones de pesos cada mes al Coce.

En las Farc, el más visible es ‘Jhon 40’, uno de los ‘narcos’ de las Farc y que ahora, dicen las autoridades, controla el negocio en Guainía y Vichada, donde prima la explotación del coltán pero donde también se busca oro.

En Chocó la minería ilegal nutre las finanzas del frente 34 de las Farc, y en Antioquia, de los frentes 18 y 36, del Bloque Iván Ríos, cuyo jefe es Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias Isaías Trujillo. Él es familiar de alias Otoniel y está en la delegación de La Habana.

En Nariño, la Fuerza Pública le atribuye a alias Rambo, capo de las Farc en el suroccidente, el control sobre la minería en el llamado ‘Triángulo de Telembí’, conformado por los municipios Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. Allí confluyen los cultivos de coca y la minería del oro.

REDACCIÓN JUSTICIA

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