El zarpazo a las selvas

El zarpazo a las selvas

A los primeros que atrapan es a los indígenas. Muchos de los trabajadores son menores de edad.

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16 de diciembre 2015 , 08:21 p. m.

“Los que quieran trabajar en una mina saben que el mejor lugar para enterarse de las ofertas son los prostíbulos de Inírida. Allá llegan buscando gente para eso”. Así, según dice un habitante de la capital de Guainía, funciona el mercado laboral que surte, siempre con exceso de oferta, el negocio de la minería ilegal en esta región.

A los primeros que atrapan es a los indígenas. Pero si bien es un buen negocio –les pagan menos y trabajan sin quejarse–, para los dueños de la mina es un arma de doble filo: los indígenas también son rápidos para acusar “al hombre blanco” de obligarlos a estar por horas escarbando junto a las dragas apostadas a orillas del río Inírida, que atraviesa todo el departamento.

Los pagos son exiguos, pero muchas veces es lo único que hay para trabajar. Por eso en cada punto de explotación nunca falta gente. Hay desde buzos innatos que inician el proceso del dragado en las cuencas hasta cocineras que se encargan del rancho. “En ocasiones, descuentan el valor de la dormida y de la comida. En otras, el del transporte hasta donde esté la mina”, dice un lugareño. Muchos de los trabajadores, además, son menores de edad.

En el río Inírida apenas está comenzando la pesadilla para el medio ambiente. Pero hay ríos de selva, como el Caquetá, donde la minería con dragado arrancó en 1998 y no para de crecer. “Empezó con ocho o nueve dragas; hace siete meses encontramos más de 60”, señala una fuente de la Fiscalía. Aunque se trata de sitios perdidos en la mitad de la selva, allá aparecen sin falta las ‘retros’ y las dragas que mueven la depredación. Puerto Zancudo, en la reserva nacional natural Puinawai, es uno de esos puntos. Allá fue hallado el mes pasado un complejo de minería ilegal con cinco dragas montadas en planchones de al menos 12 metros de largo por seis de ancho y cinco de alto.

Eran rústicas construcciones de madera que también servían de dormitorio para las 14 personas que estaban en este complejo y que fueron capturadas durante la operación Anóstomus II, desplegada por el Ejército y la Armada y apoyada por la Fiscalía.

Las dragas, según las autoridades, nutrían las finanzas de las Farc. Por cada gramo de oro que saquen, los mineros deben pagar vacuna, al igual que por la entrada de maquinaria, insumos y víveres.

Si bien la extorsión pesa, el negocio deja un amplio margen de ganancia para los dueños de la mina. Un gramo de oro puesto en Inírida se paga a 80.000 pesos, y cada draga de este punto extraía, en promedio, 100 gramos al día.

En Inírida, como en todo el país, están haciendo estragos los ‘dragones brasileños’, potenciados por sus grandes motores. En un extremo del planchón hay un motor diésel que soporta la bomba de succión. Aunque, de nuevo, se trata de un sitio lejos de todo, el combustible es 2.000 pesos más barato que en Bogotá. Llega de Venezuela por trochas de contrabandistas.

La bomba tiene mangueras de plástico o metal que manipula el buzo, un experto nadador que controla, en el lecho del río, el proceso de succión de material.

“En verano es más fácil la labor para los buzos, pues es más rápido llegar al fondo. En invierno, no es raro que el agua se los lleve”, indica un oficial de la Armada de la zona.

Entre el sedimento hay oro de aluvión depositado en el fondo por un proceso de millones de años. Ese material llega por una tubería hasta un conducto en forma de zeta que recibe el agua y la arena del río. Este dispositivo (que se conoce con el nombre de canalón o clasificador) tiene un depósito donde la arena es sometida a un nuevo lavado antes de aplicarle el mercurio.

Por cada gramo de oro que sacan los mineros ilegales, cuatro gramos de mercurio van a parar a –y a envenenar– la tierra y los ríos donde se produce la extracción. Quienes se encargan de esta labor lo hacen de manera artesanal: sus manos y sus pies tienen contacto directo con el metal. Ellos no ven aún las consecuencias, pero sus pares de zonas como el nordeste antioqueño podrían contarles de primera mano que el que juega con mercurio no sale bien librado.

Los sedimentos son arrojados de nuevo al río, sin el menor miramiento. Y no solo contaminan las aguas, sino que, además, son transportados por la corriente, lo que impide a las especies acuáticas recibir la luz necesaria para la vida. Esas manchas se extienden a veces hasta por 5 kilómetros desde el punto donde estaba la draga.

La primera fase del dragado impacta también el lecho del río, pues la succión remueve el fondo fluvial ocasionando cambios en la fauna y la hidroflora. “Así se debilitan las raíces del bosque ripario (de ribera), a lo que se suma la tala ligada a la minería criminal”, señala la fuente de la Armada.

Y aunque los golpes contra los mineros ilegales son cada vez más frecuentes, los lugareños saben que en las zonas donde las autoridades destruyeron las máquinas volverá a aparecer una draga, más temprano que tarde. Lo necesario para instalarla llegará por río, seguramente desde Venezuela, porque la frontera con Brasil ahora está más cuidada.

Quienes se ganan la vida con esta práctica estarán pendientes en los prostíbulos de Inírida del próximo llamado.

“Primero fue el caucho, luego las fibras; después la droga y ahora es la minería la que da para ganarse la vida. Esta es la nueva coca”, dice uno de ellos.

Cómo se ataca el problema

1. Un censo y la formalización de mineros que realizan esta actividad en la modalidad de artesanal o ilegal es una de las apuestas del Ministerio de Minas, que insiste en que no se debe estigmatizar a todo el sector por cuenta de la minería criminal. Se creó el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), que, dicen las autoridades, ha permitido reducir el movimiento ilegal del oro.

2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) está adelantando un proyecto pionero que utiliza imágenes de satélites y de los aviones utilizados en las labores cartográficas para medir el impacto ambiental de la minería. El plan piloto está en la zona del río Nechí. Además de documentar el daño, las imágenes servirán para darles soporte a las investigaciones por destrucción del medio ambiente.

3.Los ministerios de Ambiente y de Minas han centrado esfuerzos en acompañar los planes de manejo ambiental de las empresas legalmente constituidas. De otro lado, avanzan en revisar títulos mineros que se otorgaron en su momento en zonas de reserva, como parques. Uno de los proyectos pretende también endurecer las exigencias para la venta y uso de mercurio, hoy desbordadas.

4. Se ultiman detalles para la creación de la Dirección de Minería, de la que harán parte Policía y FF.MM. Además, en el Congreso avanza el proyecto de ley que propone equiparar los delitos minero ambientales al de lavado de activos o instigación al terrorismo. Así, las penas pasarán de 8 a 20 años, en promedio. La norma daría, además, facultad a la Policía para suspender actividades mineras y retirar la custodia del mineral a las alcaldías locales.

5. Priorizar operaciones en zonas de afectación de la reserva forestal y en puntos donde criminales obtienen la mayor ganancia, y desarticular estas estructuras son algunos de los ejes de acción de la Dirección de Carabineros de la Policía. También, la Policía creó el Sima (Sistema Integral de Monitoreo de Antinarcóticos), con el que además de detectar cultivos ilícitos, uniformados harán investigaciones sobre impacto de la minería criminal - ilegal.

JUAN PABLO GÓMEZ OROZCO
Enviado Especial de EL TIEMPO

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