Expresidentes no serán juzgados por Jurisdicción Especial para la Paz

Expresidentes no serán juzgados por Jurisdicción Especial para la Paz

Así quedó explícito en acuerdo entre Gobierno y Farc. Condenas no impedirán que se haga política.

notitle
15 de diciembre 2015 , 01:10 p.m.

Este martes quedó zanjado uno de los temas que más debate generó en torno al acuerdo sobre justicia entre Gobierno y Farc por la posibilidad de que expresidentes, en específico Álvaro Uribe Vélez, fueran juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues en lo pactado quedó claro que esto no será posible.

El propio exmandatario y ahora senador del Centro Democrático había expresado su inconformidad con esa posibilidad, ya que en lo que se había ventilado del acuerdo de justicia no era claro si los expresidentes iban o no a ser juzgados por esa jurisdicción que se crea para el posconflicto.

Pero, tras varias semanas de negociación, Gobierno y Farc blindaron a los exmandatarios. “La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse el presente documento”, dice el acuerdo.

De hecho, en el texto completo del acuerdo, se asegura que en caso de que a esa nueva jurisdicción llegue información relacionada con exmandatarios y su eventual relación con algún tipo de acción en el conflicto armado, esta tendrá que ser remitida al Congreso donde está la instancia que los procesa.

“En caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes”, enfatiza el acuerdo.

Otros sectores llegaron incluso a nombrar al presidente Juan Manuel Santos porque cuando fue Ministro de Defensa estalló el escándalo de los ‘falsos positivos’, pero con la claridad del acuerdo también queda ‘blindado’.

La participación política para quienes dejen las armas en el marco del proceso de paz es clave en la negociación, por lo que en este acuerdo, de 63 páginas, quedó claro que las sentencias que se emitan en la JEP no generarán veto para que hacer proselitismo e incluso hacerse elegir en cargos de elección popular.

“La imposición de cualquier sanción (…) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”, reza el documento dado a conocer este martes.

Esto quiere decir que al Congreso llegarán enmiendas a la Carta del 91 para que se especifique en qué condiciones los condenados podrán hacer política activa, en este caso los miembros de las Farc.

Además de esto, de acuerdo con el acuerdo, hay unas tipificaciones que se revisarán y que, con nombre propio, podría beneficiar a personas que actualmente tienen perdidos sus derechos políticos.

“La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad”, enfatiza el documento.

Esto podría beneficiar de manera directa, dado el caso, a la exsenadora Piedad Córdoba, inhabilitada hace un par de años por la Procuraduría. De hecho, ella estuvo en la comisión de 10 víctimas que atestiguó la firma de este último acuerdo.

Y, finalmente, en materia política, otro punto que dejó en claro este acuerdo es que la extradición no se le aplicará a ningún miembro de las Farc, lo que deja en claro que ni siquiera sus altos mandos terminarán en una cárcel extranjera. Eso sí se hizo la salvedad de que si cometen delitos posteriores, la puerta de la extradición se reabrirá.

Todo esto, de acuerdo con el mismo documento del acuerdo, está sujeto “a la dejación de armas” por parte de las Farc y, en el caso específico de las JEP, tendrá que estar en funcionamiento máximo tres meses después de la firma del acuerdo final para la paz.

POLÍTICA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.