Acuerdo de justicia elimina posibilidad de extraditar guerrilleros

Acuerdo de justicia elimina posibilidad de extraditar guerrilleros

Sanción en la Justicia Especial para la Paz (JEP) no inhabilitará la participación en política.

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15 de diciembre 2015 , 10:12 a.m.

"La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho (activo o pasivo) de participación política, de conformidad con lo que sea acordado en el Acuerdo Final en desarrollo del Punto 3”, se lee en el capítulo de justicia acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana en el proceso de paz.

Ese era uno de los tantos temas sensibles en la mesa de diálogo, al igual que el blindaje ante las solicitudes de extradición que jefes guerrilleros tienen en la justicia, especialmente, de Estados Unidos. (Lea también: Expresidentes no serán juzgados por Jurisdicción Especial para la Paz)

Frente a eso, se acordó que no se concederá la extradición ni se emitirán “medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de la JEP, cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del Acuerdo Final”. Pero advierte que procederá siempre y cuando la conducta haya sido cometida luego de la firma del acuerdo de paz final.

Dag Nylander, garante de Noruega, señaló que se acordó la aplicación de amnistías en “lo más amplio posible".

Según el acuerdo, quienes hayan cometido "conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión" podrán ser objeto de beneficios judiciales.

Aunque no lo cita explícitamente, ese punto garantizaría que delitos como el narcotráfico y la extorsión puedan hacer parte de los amnistiados.

A quiénes investigará

El acuerdo señala que la Justicia Especial para la Paz (JEP) se aplicará a todos quienes habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado cometieron delitos y no discrimina a que sector pertenecían.

Frente a los agentes del Estado, regirá solo para quienes estén vinculados a delitos cometidos en el marco del conflicto. Igualmente cierra la posibilidad para que los paramilitares puedan ingresar a esa jurisdicción, pues ellos están en Justicia y Paz.

Pero en el caso de los paramilitares, deja abierta la competencia para investigar la actuación de los financiadores o colaboradores de los paramilitares. "Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves y representativos".

En cuanto a terceras personas, no discrimina su fuero: sin embargo aclara que solo serán llamados a comparecer cuando existan pruebas contundentes.  "Los terceros que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado y hayan cometido delitos en el contexto y en razón de éste, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen", dice el acuerdo. Y agrega: "La JEP sólo podrá obligar a comparecer a aquellas personas frente a quienes existan bases suficientes para entender que la conducta existió y que la persona mencionada en efecto hubiera tenido una participación determinante en la comisión de los crímenes más graves y representativos".

Amnistía no aplicará para delitos de lesa humanidad

El acuerdo detalla puntos como las amnistías e indultos fijando reglas para su aprobación solo por el delito de rebelión y sus delitos conexos.

El acuerdo aclara que no serán objeto de amnistía ni indulto "los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma".

Tribunal para la paz tendrá cinco órganos

El acuerdo señala que la jurisdicción de paz tendrá dos tipos de procesos, el primero para quienes acepten sus delitos y para quienes no lo hagan.  Las penas serán distintas en cada caso.

Esa jurisdicción estará compuesta por las Salas de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y la Unidad de Investigación y Acusación.

Igualmente se acordó que el Tribunal de Paz esté compuesto por Magistrados colombianos, aunque podrá contar con una minoría de magistrados extranjeros.

Humberto de la Calle señaló en su declaración que los magistrados “no serán elegidos a dedo (…) ni por las partes de la mesa de negociación”.

Sanciones contempladas

1. A quienes reconozcan verdad y responsabilidad se les sentenciará a penas de entre 5 y 8 años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.

2. A quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera Instancia, antes de proferir la sentencia se les aplicarán penas de entre 5 y 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.

3. Sanciones ordinarias: Se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. Cumplirán las funciones previstas en las normas penales. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso de conductas muy graves.

JUSTICIA

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