Las Mercedes, un pueblo del Catatumbo sitiado por la guerra

Las Mercedes, un pueblo del Catatumbo sitiado por la guerra

La bucólica población, que ha sufrido los impactos del conflicto, espera con incertidumbre la paz.

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13 de diciembre 2015 , 09:06 p.m.

Don Héctor Velásquez estuvo de malas: el último cilindro explosivo que cayó en Las Mercedes, el pasado primero de junio, le tocó preciso a su casa. Cuatro meses después, sin un céntimo de ayuda oficial, sigue en solitario reconstruyendo pacientemente habitaciones y paredes derruidas.

Su desgracia es la de muchos otros de los 3.000 habitantes de este poblado campesino enclavado en las montañas del Catatumbo: su casa está cerca de la Policía. Cada que las Farc la atacaban, sus erráticas municiones artesanales destruían viviendas en varias cuadras a la redonda. La última vez, no solo desbarataron la del ‘Chato’, sino que mataron un patrullero.

Por años, este ha sido el pan de cada día en Las Mercedes. Entre marzo del 2011 y junio del 2105, sufrió 14 ataques. Las Farc hasta los anunciaban con anticipación, cuentan. En esa perpetua zozobra, el pueblo era teatro de un insólito desplazamiento: cada día, a las 6 de la tarde, la gente que vivía en las cuadras alrededor del parque, donde estaba ubicada la Policía, se iba a dormir a la otra mitad del pueblo. Hasta a las monjitas de la parroquia les tocó.

El cilindro de don Héctor fue el último. El cese unilateral de hostilidades que las Farc declararon desde fines de junio ha sido un alivio: ya no hay ataques ni la gente se desplaza. Pero la guerra sigue ahí.

El ambiente es tenso. La Policía ha cerrado con barricadas negras una calle de casas destruidas y allí se alberga. Un destacamento del Ejército se acuartela en una construcción vecina. La Fuerza Pública patrulla armada y cuida la torre de comunicaciones en un cerro vecino, pero es evidente que no puede cumplir funciones básicas como intervenir en una riña. El parque queda a oscuras y desierto por las noches. La relación es de mutua desconfianza. Muchos temen que los vean hablando con ellos o venderles una gaseosa.

“Ganamos una tutela en el 2013 para reubicar la Policía, pero la licitación es para construir la nueva estación frente al parque. Si hacen eso, el pueblo se desocupa”, dice una persona. El mayor a cargo dijo que no puede hablar sin autorización. La tensión no es solo con la Fuerza Pública. “Con los ceses de hostilidades se acaban los hostigamientos, pero el control de ‘ellos’ es el mismo”, dice otro que, como todos, pide no citar su nombre. Aquí y en los poblados vecinos de Luis Vero y Pachely imperan las normas de la guerrilla. “El conflicto ha dejado mucho miedo. La gente teme hasta firmar los pedidos a Claro para que mejore el servicio celular”, cuenta otra persona.

El control es parte cotidiana de la vida hace mucho. La guerrilla prohíbe transitar de noche por la carretera a Sardinata. La multa es de $ 400.000 para las motos y $ 1’000.000 para los carros. Los motociclistas deben circular sin casco. En Luis Vero, a donde se va a pagar esas multas, el Eln ordenó que, para evitar riñas, los bafles solo se podían usar hasta medianoche y solo se autorizan hasta más tarde bazares y fiestas de 15 años. En voz baja, se dice que la carretera entre Las Mercedes y Luis Vero la arregló ‘Megateo’.

Hasta la comida se ha visto regulada por la guerra. “Aquí en Las Mercedes, ‘sellaron’ nueve productos”, cuentan, explicando que la guerrilla prohibió traer de fuera huevos, tomates, fríjol, yuca y otros frutos básicos, con el argumento de promover la producción local. Debido a que el campo está dedicado a la coca y el campesino no cultiva como antes, la comunidad logró que se levantara la restricción de algunos de ellos. En todo caso, la multa por traer un bulto de panela puede ser de $ 1’000.000 dicen. Se afirma que no hay extorsión a las tiendas, pero que los proveedores de cerveza pagan $ 10.000 por canasta.

Cuando los ataques de las Farc, el colegio vivía corto de profesores, que renunciaban cada que caía un cilindro, y muchos estudiantes se fueron. Aún hoy, los médicos que llegan al puesto de salud no duran más de cuatro o cinco meses. El conductor de la ambulancia renunció luego de que hombres armados detuvieran el vehículo y asesinaran a una muchacha que acompañaba a un herido, en septiembre, en un hecho que conmocionó al pueblo. A la virgen que corona una colina solo se ha atrevido a subir un padre, por miedo a las minas. Hace poco, el Ejército detonó varios explosivos enterrados a la entrada del pueblo, y ha habido accidentes en las veredas.

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Como tantos otros pueblos de Colombia, Las Mercedes ha estado por años en el corazón de la guerra. Y del abandono estatal.

Los 60 kilómetros de carretera hasta Sardinata son un fangal intransitable en invierno. El poco mantenimiento se financia con los $ 5.000 que la comunidad cobra a cada vehículo a la entrada del pueblo. Sacar los productos del campo es una odisea. Aunque la planta física del puesto de salud, el único en kilómetros, ha mejorado, las quejas relacionadas con la atención son generalizadas. Los 20 o 25 jóvenes que terminan bachillerato cada año no tienen perspectivas y la mayoría se va a engrosar el rebusque en Cúcuta.

La economía tradicional hace años entró en bancarrota. La broca y la escoba bruja acabaron con el café y el cacao, dejando a los campesinos sin alternativas ante la coca. La minería informal de carbón ha entrado con todo. Algunos la ven con buenos ojos, porque los 30 o 40 camiones que a diario sacan el mineral a veces traen material para afirmar la vía, otros dicen que contamina el río Negro, que va hacia Tibú.

Agencias internacionales llenan la ausencia institucional: en los tiempos en que la gente se desplazaba, el refugio provisional lo acondicionó la Cruz Roja Internacional; el comedor del colegio se construyó con ayuda de Acnur, la agencia para los refugiados de Naciones Unidas. Con asesoría de Pastoral Social y la ONU, las comunidades han diseñado planes de vida. El del pueblo se llama ‘Yo estoy con Las Mercedes’.

En un lugar como Las Mercedes, al que el Estado colombiano no ha prestado más atención que la uniformada, va a aterrizar la construcción de la paz. Coca, grupos armados, tensiones de la gente con la Fuerza Pública, inmensos déficits de servicios e infraestructura, grandes conflictos económicos y, sobre todo, un gigantesco escepticismo con un Estado siempre lejano y negligente son los trazos que van a signar el llamado posconflicto. Al lado de ellos, el último cilindro que aterrizó sobre la casa de Héctor Velásquez, el primero de junio, es el menor de los desafíos.

Una mujer de empresa

Al pie del imponente cerro La Vieja, dos fenómenos gravitan sobre el tradicional modo de vida campesino de la vereda San Roque de Sardinata: la gran minería de carbón y la coca. El primero, según la gente, ya afecta las fuentes de agua; la otra se ha mantenido a raya gracias a personas como Olga Jaimes.

Olga tiene una finca de 17 hectáreas, de suelo ácido de arenisca y pedruscos, con tres vacas que cuida como si fueran los hijos que parió cuando estaba desplazada, y un proyecto para volver su propiedad y su vereda una despensa agropecuaria.

“Undó nos enseñó”, dice, hablando de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), que ha fomentado en el Catatumbo, junto con otras instituciones, programas de erradicación y prevención de la coca.

“El fin de nosotros es darle empuje a Sardinata: 125 veredas y cinco corregimientos, y no tenemos una sola empresa”, señala Olga. Con un pequeño capital inicial y asesoría técnica, ha empezado a producir abono orgánico. Durante 40 días, ‘cocina’ cuidadosamente un compostaje de boñiga, residuos, tierra, aserrín, cal, ceniza y microorganismos que luego emplea para fertilizar el suelo y cultivar pasto, comida, caña de azúcar y árboles.

El abono le da para pagar dos obreros y la seguridad social. Produce sal mineral para el ganado. Aspira ampliarse a 40 vacas y mostrar a sus vecinos que, por amenazado que esté, el agro tradicional tiene futuro.

En la región hay 96 asociaciones campesinas avícolas y silvopastoriles. La suya, Asocevi (Asociación Agropecuaria del Cerro La Vieja), creada hace seis meses, reúne a 21 productores de San Roque y lucha por preservar el agua, que, según ella, ha empezado a escasear desde que en la base del cerro, única fuente de agua, la minería de carbón a gran escala desplazó a la artesanal.

“Hay veredas que se están quedando sin agua, y nuestra visión es que esta región sea agropecuaria, rica”. Quiere convencer a las 80 familias de San Roque y a otras cinco veredas del proyecto del abono y construir un centro de acopio para el mismo y otro de leche, para comercializar.

Olga fue desplazada en 1999 y en el 2003 y no resistió la ciudad. “El Gobierno le da a uno un apartamento, una jaulita, y lo encierra como un pajarito”, explica. Ahora, en San Roque, es una pionera, que se ha adelantado a los hombres desde esta finca levantada con la convicción de que el modo de vida campesino del Catatumbo puede ser una alternativa sostenible a la coca y la gran minería.

ÁLVARO SIERRA RESTREPO
Especial para EL TIEMPO

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