Son las 12 del día en la selva amazónica de Puerto Asís (bajo Putumayo). La mañana, pasada por agua, humedeció las matas de coca en la vereda Teteyé.
La manigua rodea sembrados de máximo una hectárea, que comparten terreno con matas de plátano, cacao y otros productos. El sudor baja por la frente y la espalda.
No se entra fácil. Se aborda una lancha en La Playa, puerto del casco urbano, y se cruza el río Putumayo. Se transita por una trocha que lleva al sur, frontera con el Ecuador, y en media hora afloran las matas.
Antes de cruzar el río, un pescador se permitió una voz: “Así como está usted, si entra, no sale. Hay unos que han entrado y han salido. Pero hay otros que han entrado y no volvieron a salir”. Lo dijo en tono amable. Luego bebió un trago de gaseosa y deseó suerte.
Aludía a la violencia que hace décadas asuela el territorio: entre 1970 y 1980 se consolidaron las guerrillas Epl y Farc (frente 48); hacia 1986 arribaron los llamados ‘Macetos’ (primeros grupos paramilitares), que en la década del 90 devinieron en Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y a principios de la década pasada ríos de sangre corrieron por la intensificación de la lucha entre ‘paras’ y ‘guerrillos’, amainada –que no desaparecida– con la desmovilización de las Auc, en el 2006. Siempre, la guerra fue por dominar los terrenos de la coca.
A un costado de la ruta, vecindad de miles, millones de urapanes, cedros y demás especies, se levantan modestas fincas habitadas por labriegos. Varones con sus esposas e hijos reposan en los porches.
“El campesino siembra coca porque le toca”, aclaró Marcos Rivadeneira, presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís (Asopuertoasís), la noche anterior. “Tienen sus fincas a cuatro horas de camino en bestia, se dificulta sacar productos. No hay buenas vías y el acompañamiento estatal es mínimo”.
La siembra de pequeños terrenos, distanciados entre sí –indica el baquiano que sirve de guía en la visita–, es la forma en que siembra cada quien. La distancia entre uno y otro puede ser de kilómetros. Se estima que unas 5.000 familias devengan su sustento del cultivo. Una porción de ellas la procesa para vendérsela a las Farc.
La verdad en el municipio, contó la gente, es que la guerrilla no los obliga a cultivar coca. A nadie amenazan para que lo haga. Pero lo más rentable es negociar lo que se produce con el grupo armado, pues “pagan de forma contante y sonante”. No se encuentra mucho interés en darle la espalda a un comprador que paga en efectivo y que además tiene el control del territorio, amén de su cantidad de armas e integrantes.
Tras dos horas bajo una canícula que vuelve roja la piel, el baquiano detiene su moto. Anda hasta la puerta de una casita. Se asoma un paisano. Tras la presentación, que incluye un apretón de su mano dura (efecto del raspado) y unas palabras de familiarización, entra en confianza.
“¿Y cómo no vamos a cultivar si a uno le prestan siete millones en el Banco Agrario dizque para remplazar la coca por otra cosa. Pero casi nunca da la siembra, porque eso es muy poca plata para que dé”, se queja.
Coca para pagar deudas
Es casi un ciclo sin escapatoria. Así lo entiende un técnico contratista del Banco Agrario que, en un hotel del municipio, explicó por qué se dificulta tanto la sustitución: “Al campesino le prestan, pero no le hacen estudio técnico para que siembre lo mejor. Le dicen ‘tenga su billete’, y siembra, pero la tierra no le da, por acidez, por clima, entonces no le queda otra que sembrar la coca para pagar el crédito y mantener a su familia. Así es casi siempre”.
Un par de kilómetros más allá, y a 500 metros del camino, aparece una vivienda familiar rodeada por un cultivo que está a punto de ser raspado (recolección de la hoja de coca). Las matas no superan los dos metros de alto. Hasta los niños, que allí juegan a la pelota, podrían ‘raspar’.
Al preguntar la razón por la cual se rodea la casa con el sembrado, la respuesta viene de la época en que la Policía Antinarcóticos fumigaba por vía aérea (desde agosto se suspendieron estas acciones por orden del Gobierno Nacional, tras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud): las avionetas tenían restricciones para descargar el glifosato cerca de las viviendas, para no afectar la salud humana. Así, la forma de cuidar la coca era pegarla a las casas.
Juan Arango, personero del municipio, expuso una razón que justifica a los cultivadores: “Cuando se hacen fumigaciones y se afectan cultivos permitidos, hay un problema para reclamar. A los campesinos les exigen coordenadas, hora y fecha de fumigación, y hasta escrituras. Es un obstáculo, porque son gente que a duras penas estudió lo básico. Muchos son colonos sin escrituras”.
El representante del Ministerio Público advirtió que el procedimiento presenta otro problema, pues la Policía Antinarcóticos es juez y parte en el proceso.
Pimienta, una opción
Un producto que los lugareños ven como posible sustitución es la pimienta. Pero hay una traba: para levantar una siembra se requieren, mínimo, de 20 a 30 millones de pesos.
“El Gobierno nunca le va a dar esa plata al campesino. Lástima, porque cuando se le pega a la pimienta, da por diez años”, agregó el contratista del Banco Agrario, en consonancia con varios campesinos.
Para que los labriegos adelanten un proceso serio de cambio de cultivos ilícitos se necesita que “haya un verdadero acompañamiento estatal, porque los territorios rurales están abandonados, lo que obliga a la gente a cultivar la droga”, remarcó el presidente de Asopuertoasís.
Pero los campesinos no se quedan en el lamento. Las organizaciones sociales, encabezadas por la Asociación, han elaborado una Unidad de Planificación Rural (UPR). Su enfoque es el desarrollo económico del campesinado, desde un punto de vista sustentable. (Ver: Con el desarme de la guerrilla acabará el miedo a Ejército y Policía)
Para esto, señalan que las cooperativas de producción deben ser fortalecidas por los cultivadores y respaldadas por el Gobierno, pues hasta ahora la falta de unión como gremio ha hecho que se pierdan garantías a la hora de comercializar sus productos.
La UPR también contempla la moderación en cuanto a la explotación de los recursos del subsuelo (hidrocarburos), que en la actualidad es un activo renglón de la economía allí. El problema, coinciden los pobladores, es que la contaminación y sobreutilización de recursos hídricos en tal industria ya ha afectado distintas zonas y fuentes de agua. La vereda Teteyé es un ejemplo de esto, al padecer vertimientos de crudo.
“Vemos cómo la afectación de quebradas es una realidad, lo que continuamente genera emergencias ambientales para la población. Y hay un vacío para atender las filtraciones de crudo cuando ocurren atentados, pues los privados se eximen de responsabilidad y el Gobierno llega muy tarde”, comentó el personero.
El líder de Asopuertoasís señaló en su momento que les preocupa mucho el hermetismo de lo que se acuerda en los diálogos de paz de La Habana (Cuba), toda vez que están hablando del futuro de los cultivadores, sin escucharlos.
Las mujeres también hablaron: “Por acá nunca ha habido paz, siempre ha sido violento. Dudo que llegue la paz con eso de La Habana, pero ojalá que sí. Nos tienen que contar qué es lo que pasa allá, y darle opciones al pueblo”, opinó Sandra Chindoy, víctima de desplazamiento (2003) y de la desaparición forzada de su madre (1993).
El calor persiste entre la manigua, y al ver tantas matas se indaga qué hacen con estas. El guía y su amigo se miran. Luego responden que muchos campesinos, animados por un poco más de dinero, adecuan laboratorios para hacer cocaína.
Dudan de un futuro sin cultivos ilícitos
En Puerto Asís, las Farc (frente 48) establecen los precios de la coca. Los cultivadores, campesinos corrientes, expresan que el grupo guerrillero es el que se lleva casi toda la producción, pero también hay una presencia menor de la banda ‘los Rastrojos’ y de narcos pequeños.
Al cultivador le compran la arroba de hoja raspada (12,5 kilos), más o menos, a 28.000 pesos. Para sacar un kilo de cocaína se requieren 100 kilos de coca, es decir, 8 arrobas. Entonces, si el campesino vende esos 100 kilos, recibe 224.000 pesos. Este tendrá que vender unas 24 arrobas por mes para vivir con lo mínimo.
Pero la mayoría, si no produce la cocaína, apunta a vender de 35 a 40 arrobas. “En Puerto Asís nos hemos vuelto consumistas, y nadie quiere vivir mal”, asegura un cultivador de la vereda Puerto Vega, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. (Lea: Lo que esperan de la paz en las zonas de guerra)
Al segundo renglón de esta economía acceden los que se animan a ‘fritar’ para hacer cocaína. El proceso químico lo hacen en pequeñas cocinas artesanales que montan junto a sus fincas. Para determinar la calidad y precio de lo producido, se usa el mecanismo de ‘la gota’: aplican un químico sobre la cocaína, la cual cambiará de color, y mientras más oscuro, más costosa será.
La cocaína de menor calidad (pasta o perico) se paga a 1’600.000 pesos el kilo; esta se usa para consumo en Colombia y Ecuador. En contraste, la de máxima calidad se paga a 2’600.000 el kilo. Esta se exporta a Estados Unidos y Europa. Conocedores del asunto apuntan que en esos países se puede vender un kilo hasta en 80 millones de pesos.
Futuro
Entre 1991 y el 2014, Puerto Asís registró 17.890 personas victimizadas (asesinato, desaparición, desplazamiento forzoso, etc.).
Jaime Alberto Silva, secretario de Gobierno de Puerto Asís, indica que hay unas 5.000 familias que dependen del cultivo ilícito, es decir, de 30.000 a 35.000 personas. La población ronda los 60.000 habitantes.
“Apoyamos los diálogos de paz. Pero ojo, si a nuestro territorio no llega una presencia estatal con planes serios para sustituir los cultivos de coca –que incluyan desarrollos de vías terciarias–, vendrá un actor diferente a las Farc y se hará cargo del negocio. En el interior del país a veces no nos creen, y eso nos preocupa. Es una advertencia que venimos haciendo desde hace tiempo”, finalizó Silva.
La presencia del Estado, enfocada en el posconflicto, aún es tímida. En el 2015, por ejemplo, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) fomentó 2 cadenas productivas, con una participación de 34 familias.
Este año el DPS invirtió 34.919 millones de pesos en Putumayo, a través de ‘Más familias en acción’, ‘Jóvenes en acción’ y la Red de Seguridad Alimentaria e Infraestructura.
FELIPE MOTOA FRANCO
Enviado Especial de EL TIEMPO
En Twitter: @felipemotoa
Puerto Asís (Putumayo).
