El reto es asegurar que la paz acordada sea realidad en las regiones

El reto es asegurar que la paz acordada sea realidad en las regiones

Lo que se haga en los primeros años definirá si Colombia puede poner fin a la violencia.

12 de diciembre 2015 , 09:40 p. m.

En los últimos cien años Colombia ha llevado a cabo al menos 13 procesos de desmovilización de grupos armados. Sin embargo, la violencia armada ha perdurado en varias regiones y nuevos grupos reemplazaron a los que desaparecieron. Por sí mismos, acuerdos y desmovilizaciones no conducen a la paz. Lo que hace la diferencia es la implementación de políticas que transformen las causas generadoras de violencia.

A medida que se acerca la firma de la paz con la guerrilla más grande del país, urge tener claridad sobre qué se debe implementar, dónde y cómo, para evitar un nuevo reciclaje de la violencia. Los acuerdos de La Habana, que abordan las causas de fondo del conflicto armado, en gran medida responden a estas preguntas. Sin embargo, es importante complementarlos con un análisis profundo de los desafíos para la construcción de la paz en los distintos territorios del país. (Ver: El reto es asegurar que la paz acordada sea realidad en las regiones)

Dónde

Numerosas instituciones y organizaciones en Colombia ya han adelantado este análisis. Coinciden en que los esfuerzos deberán enfocarse en los territorios que concentran economías ilícitas –cultivos, minería ilegal, extorsión, contrabando y donde operan grupos armados–. Estos son territorios predominantemente rurales, donde la presencia del Estado civil ha sido históricamente débil.

Pero igual de importantes son las periferias urbanas, a las que siguen llegando víctimas del conflicto. Estas comunidades no pueden ser olvidadas.

Qué

Tanto los acuerdos de La Habana como los análisis del sistema de Naciones Unidas y otras entidades apuntan a cuatro áreas que requieren acciones audaces y a gran escala, especialmente en los primeros años tras la firma de un acuerdo.

La más urgente es la seguridad: no solo consolidar el control de la Fuerza Pública en territorios de previa presencia de las Farc, sino fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar acceso rápido y eficaz a la justicia para todos. Esto puede requerir ajustes en los modelos de seguridad para generar mayor confianza y cooperación con la Fuerza Pública para enfrentar eventuales reordenamientos de grupos armados, aumento en la violencia criminal, intrafamiliar y sexual y dinámicas ligadas a la justicia privada, que son grandes retos luego de la firma de un acuerdo.

Generar empleo y oportunidades de vida en regiones económicamente estancadas contribuiría a socavar las economías ilícitas, quitándoles recursos humanos y financieros. Opciones de vida para la juventud –la principal víctima de los grupos armados– son particularmente importantes.

Vitalizar las economías regionales será imposible sin infraestructura: adecuar y expandir las vías terciarias en zonas rurales con base en consultas con las comunidades contribuiría a mejorar el acceso a mercados y servicios.

Se necesitan instituciones locales capaces de consultar, diseñar y ejecutar políticas ambiciosas. Medidas contundentes contra la corrupción son esenciales. Si los recursos del postacuerdo terminan capturados por intereses privados, la legitimad y confianza en el Estado se perderán.

El país necesitará reconciliarse. La satisfacción de los derechos de las víctimas es un factor importante. Se tendrán que agilizar procesos de reparación y restitución de tierras y lograr avances en justicia y verdad. Un cambio en los discursos de los líderes que nutren la intolerancia y la estigmatización, hacia la empatía y la conciliación, es necesario. (Lea también: 'Si no se construye confianza, no habrá infraestructura que valga')

Cómo

Estas son tareas abrumadoras. Implementar buenas políticas públicas fuera de los centros urbanos ha sido un reto en Colombia. Su difícil geografía, infraestructura incompleta, presencia institucional fragmentada y conflicto armado han sido los principales obstáculos.

La firma de un acuerdo de paz solo aliviará –y no de forma completa– uno de esos obstáculos. Cómo superar los otros, con qué recursos e instituciones, a través de cuáles mecanismos de coordinación y ejecución son preguntas aún a la espera de respuestas detalladas.

La firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc está a unos meses. Lo que se haga o se deje de hacer en los primeros años definirá si Colombia puede, esta vez, poner fin a los ciclos de violencia que tanto la han desangrado. Hay capacidad y, también, apoyo de la comunidad internacional. El gran desafío será asegurar que lo que se pacte en el papel en La Habana se pueda volver realidad en las regiones más apartadas.

FABRIZIO HOCHSCHILD
Coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia

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