Las Farc aflojan el control social en el Caguán

Las Farc aflojan el control social en el Caguán

Sin embargo; existe otro problema, la delincuencia común ha aumentado cerca de un 20 por ciento.

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12 de diciembre 2015 , 09:40 p. m.

Para los habitantes de San Vicente del Caguán, lo que ha pasado tras la muerte de la campesina Luz Estela Peña, el pasado 16 de noviembre, es un signo de que las Farc están soltando el control social que han ejercido por décadas en la zona rural de esa población, considerada uno de los mayores bastiones del grupo guerrillero.

La mujer, de 46 años, fue asesinada a puñaladas por su esposo, en presencia de tres de sus hijos, en el caserío Villalobos, a tres horas en carro desde el pueblo. El hombre, que estaba borracho, huyó y fue capturado por sus vecinos al día siguiente. (Ver también: Con el desarme de la guerrilla acabará el miedo a Ejército y Policía)

Como ocurría siempre, los campesinos acudieron a los guerrilleros que patrullan la zona –bajo el mando de ‘Isabel’– para que tomara decisiones sobre el culpable, pero la respuesta que les dieron fue que las Farc estaban en medio de un proceso de paz y no podían intervenir.

Los guerrilleros les recomendaron llevar al hombre ante la Policía.

Finalmente, los vecinos lo entregaron a las autoridades locales, pero salió libre por falta de un juez de garantías para legalizar la captura. Paradójicamente, este hecho también despertó el temor a que el Estado no sepa copar a tiempo los espacios que dejan las Farc si se firma la paz en La Habana.

Como este, según le relataron varios campesinos a EL TIEMPO, han ocurrido otros casos en los cuales la guerrilla se niega a intervenir, algo que no habría ocurrido en zonas rurales del Caquetá, donde las Farc han dirimido conflictos familiares y litigios de tierras, y controlado la delincuencia común con castigos que van desde trabajos comunitarios y destierro hasta penas de muerte.

Guillermo Peña, presidente de la Asocomunal, que reúne a las 346 juntas de acción comunal de San Vicente del Caguán, relata que en las veredas Losada, La Sombra y La Y, sitios claves para la guerrilla en la antigua zona de distensión, acudieron también a los subversivos para que pusieran coto a los robos de ganado, y contestaron igual que en Villalobos.

Para los lugareños es una verdad de a puño que tras el inicio de los diálogos en La Habana, hace tres años, las Farc han desescalonado paulatinamente su accionar en el Caguán. Algunos mencionan que incluso han devuelto tierras que había quitado.

Menores, para la casa

Fuera de eso, aunque hace menos de un mes el máximo jefe del grupo guerrillero, ‘Timochenko’, anunció que dejarían de comprar armas y de reclutar, en las veredas se dice que hace cerca de un año las Farc redujeron drásticamente el ingreso de nueva gente a sus filas.

Y cuentan que a los guerrilleros menores de edad les están dando la opción de regresar a sus hogares.

Esto, aunque parece una buena noticia, es grave, pues los niños reclutados son considerados víctimas que requieren un restablecimiento especial de derechos.

El secretario de Gobierno de San Vicente, Juan Carlos Durán, acepta que, sobre todo en el casco urbano, ya se les olvidaron los tiempos en que era constante el temor de una toma o un ataque guerrillero. El problema es que, según afirma, la delincuencia común ha aumentado en cerca de 20 por ciento. (Lea también: Uribe, con más expectativas que esperanza frente a la paz)

Es difícil creer que entre 1998 y el 2002, época de la zona de distensión para los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, los guerrilleros caminaran por esta población armados, como amos y señores, y que posteriormente, al romperse esa intentona de paz, haya sido el área más militarizada del país.

Hoy es más fácil ver un grafiti de las Farc en una calle bogotana que en San Vicente. En el hospital San Rafael permanece un aviso de ‘prohibido ingresar armas’, y en unas paredes cercanas se ven las inscripciones desteñidas de ‘patria o muerte’ y ‘resistiendo’. En cambio, luce intacto un mural reciente que muestra entrega de armas y un mensaje de reconciliación. Aunque en el comando de policía continúan las barricadas con costales verdes repletos de arena prensada, se puede cruzar cerca sin requisas. Y si bien en el recorrido de tres horas desde Florencia hay tres retenes del Ejército con tanques Cascabel, excepcionalmente paran los vehículos.

En los puestos de control hacia las veredas de ‘zona roja’, los soldados piden cédula y revisan antecedentes, pero no prohíben entrar con víveres, como en otros tiempos.

‘Ni saludos me mandaron’

Varios líderes le dijeron a este diario que si algo demuestra que las Farc han cedido en el control social de San Vicente es que el primero de enero se va a posesionar como alcalde un uribista: Humberto Sánchez.

Él triunfó el 25 de octubre sobre un líder de las zonas de reserva campesina que aspiró por el Polo Democrático, sobre un candidato de la Alianza Verde y otro de Opción Ciudadana. Todo porque, a diferencia de anteriores comicios, no hubo zonas vedadas para la campaña ni las Farc dieron guiños. “Yo pude salir a diferentes partes, como Guacamayas, La Novia Celestial, Balsillas o Villalobos, donde ellos tienen control, y era fácil abordarme, pero nunca se metieron conmigo; ni un saludo me mandaron”, reconoce Sánchez.

Intensifican vacunas

Sería ingenuo decir que el conflicto desapareció de estas tierras, aunque la intensidad sí ha bajado hasta una especie de ‘guerra fría’, sin hostigamientos, en la que todos se saben vigilados. “No hay guerrilleros de uniforme y muy pocos soldados patrullando, pero la persona que vende los jugos, el mototaxista o el que le ofrece algo en la calle puede ser miliciano de las Farc o de un cuerpo de inteligencia del Estado”, dijo un dirigente social.

Además, las Farc mantienen el yugo de la extorsión intacto, e incluso lo intensificaron desde que renunciaron al secuestro económico. Les cobran a los contratistas de la alcaldía y de las petroleras, a los transportadores, comerciantes, ganaderos y hasta a los vendedores de arepas y tinto.

La dueña de un local de variedades le reconoció a EL TIEMPO que hasta el 2013 su cuota eran 500.000 pesos anuales, y se la duplicaron. “Si uno les dice que el negocio está duro, le contestan que por qué entonces no lo ha cerrado”, se queja la comerciante. “Si se demora, la primera vez le mandan un emisario; si no hace caso, lo citan en la cordillera, y si no, le toca irse”.

Una fuente que pidió omitir su nombre indicó que, igualmente, son 10.000 pesos por hectárea de tierra y 10.000 por cada res pastando, más un porcentaje si se traspasa tierra.

A su vez, el director de la Federación de Ganaderos del Caquetá (Fedeganca), José Antonio Penagos, admite que hay un ‘gravamen’ a los quesos y la leche. La tarifa varía de acuerdo con el jefe subversivo de cada área. “Lo único que queremos es que la guerrilla haga un pronunciamiento contra la extorsión, porque la gente está rendida de que en La Habana estén hablando, pero acá se viva diferente”, reclama Penagos.

Pedagogía de la guerrilla

Otra cosa clara es que, al contrario del Gobierno, que apenas está comenzando la pedagogía del posconflicto, las Farc ya llevan tiempo reuniéndose con campesinos para hablarles de lo que vendrá.

En los encuentros, los jefes de columna se han quejado de supuestos incumplimientos del Gobierno e instan a las acciones comunales a que asuman un papel más protagónico en el posconflicto. Según relató un líder, “dicen que todavía no pueden asegurar nada, hasta no firmar los acuerdos con el Gobierno. Que no saben si van a seguir trabajando como policías rurales”, aunque dan por hecho que sí conformarán un movimiento político.

Lo que piden

Humberto Sánchez
Alcalde electo de San Vicente

“Queremos paz, pero que no sigan perjudicando a la gente. La más beneficiada con la paz es nuestra administración, porque queremos llevar obras al campo”.

Francisco Múnera C.
Obispo de San Vicente

“Un escenario de paz y convivencia va a permitir recuperar mucho el territorio y las relaciones que el conflicto ha dañado”.

Antonio Penagos
Del gremio ganadero

“Queremos que las Farc se pronuncien contra la extorsión, porque la gente está rendida de que en La Habana hablen, pero acá hagan otra cosa”.

‘No nos dejaremos sacar de las tierras’: colonos

Entre los campesinos del Caguán el mayor temor es que se produzca un desplazamiento masivo por cuenta del anuncio del Gobierno de que retomará 288.000 hectáreas que, según ha dicho, fueron apropiadas irregularmente con la anuencia de la guerrilla o mediante testaferrato, entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta).

“Eso es mentira. Nosotros hemos estado acá por varias generaciones. Si nos toca, formamos otra guerrilla, pero no nos vamos a dejar sacar”, dice un dirigente campesino. Según voceros de la corporación Caguán Vive, 3.000 familias de colonos tendrían que dejar sus fincas. Más de una decena ya han sido notificadas.

Los afectados ya han hecho reuniones en La Macarena, con asistencia masiva, y preparan acciones jurídicas contra la Resolución 810 del Incoder, relacionada con el tema.

Además de esto, autoridades y líderes temen que el Estado no sepa llenar el lugar que dejen las Farc y que se lo tomen otros grupos o la delincuencia.

El alcalde electo de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, expresa la prevención de que no haya empleo suficiente y que guerrilleros que son del municipio engrosen la delincuencia común.

Por su parte, Aníbal Morantes, líder cacaotero y ganadero, ve una gran oportunidad en el turismo ecológico, aprovechando que en la jurisdicción quedan tres parques naturales (Chiribiquete, Tinigua y Los Picachos), pero teme que se profundice la depredación de la selva, pues, pese a haber permitido la ganadería y los cultivos de coca, las Farc mantenían a raya la tala de bosques.

NÉSTOR ALONSO LÓPEZ L.
Enviado Especial de EL TIEMPO
En Twitter: @nesperiodista
San Vicente (Caquetá)

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