El oscuro pago por $ 33.000 millones que el Gobierno intenta frenar

El oscuro pago por $ 33.000 millones que el Gobierno intenta frenar

Exfiscal Iguarán apodera a dueños del bien y el exmagistrado Escobar Gil asesoraba a la ANI.

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12 de diciembre 2015 , 06:44 p.m.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se acaba de jugar su última carta para evitar el pago de aproximadamente 33.000 millones de pesos por el ‘parador de Buga’, un predio que el Estado usó para construir parte de la malla vial del Valle del Cauca.

A través de sus abogados, la agencia acaba de pedir que se dicte una medida cautelar que frene el millonario desembolso, hasta tanto la Fiscalía investigue la conducta de la jueza de Buga Norella Acosta, quien ordenó que la Nación pagara el avalúo más alto, dentro de un proceso de expropiación que se inició en febrero del 2005.

Aunque la Lonja del Valle había tasado su valor en 2.100 millones de pesos, la jueza designó a un perito quien determinó que el parador valía siete veces más: 16.864 millones de pesos. Sin embargo, con intereses de mora, el taxímetro ya va en cerca de 33.000 millones de pesos.

En un principio, la Nación, a través del desaparecido Inco, se opuso a que el avalúo incluyera el good will, know how y marca del local. Además, a que se les reconociera a sus dueños lucro cesante, daños y perjuicios, ítems que la ley no contempla en casos de expropiación.

Pero la jueza negó dos recursos y ordenó que se girara la plata a Ángel Jaime Grajales Santa y a su esposa, Cruz Helena Patiño, dueños del establecimiento.

Para la jueza, el precio que fijó la lonja está por debajo del avalúo catastral. Además, dice que usó a un perito del Instituto Agustín Codazzi, procedimiento legal para establecer el valor del bien.

De nada sirvió que una de las dueñas del parador, Cruz Helena Patiño, pidiera que Acosta se declarara impedida por un presunto interés en el resultado del millonario proceso.

Según Patiño, el CTI de la Fiscalía tiene en su poder audios en los que la jueza habla con Carlos Andrés Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina, herederos de Ángel Jaime Grajales, quien murió antes de resolverse el pleito.

Iguarán y Escobar

“Se demostró la existencia de conversaciones desde los mismos números de teléfono, en las cuales se ventilan situaciones y trámites relacionados con este proceso de expropiación, lo cual pone en evidencia un presunto interés en favorecer a eses herederos”, se lee en un informe judicial.

Y aunque en ese caso se terminó absolviendo a los implicados, dio pie para que la ANI –que heredó el pleito del Inco– denunciara, en el 2011, a la jueza por presunto prevaricato por acción.

El proceso ha tomado tanto vuelo que un sector de la familia Grajales, dueños del paradero, decidió contratar al exfiscal Mario Iguarán para que los defendiera ante las altas cortes. Por su parte, la ANI contrató al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil.

Este tenía como misión lograr que la Corte Constitucional revisara una tutela que la ANI interpuso para anular la decisión de la juez. Pero cuando estalló el escándalo de Fidupetrol, Escobar terminó empapelado y la ANI lo retiró del caso.

Semanas después, la Corte, con ponencia del magistrado Mauricio González, conceptuó que la tutela no procedía porque no cumplía el principio de inmediatez. De nada sirvió que, en un salvamento de voto, Gabriel Mendoza dejara claro que debían primar los intereses económicos de la Nación.

“La tutela de la ANI no era procedente para un proceso de expropiación. Yo intervine a nombre de un grupo de los herederos en el trámite ante la Corte Constitucional, que nos acaba de dar la razón”, explicó el exfiscal Iguarán, quien ya se presentó a cobrar el dinero.

EL TIEMPO se comunicó con la jueza Acosta, pero dijo estar impedida para hablar de un caso que aún está en curso. Sin embargo, aseguró que ha actuado en derecho y que las cortes Suprema y Constitucional han confirmado las decisiones de su despacho. Además, que las sindicaciones sobre su presunto interés en el fallo terminaron en absolución para los implicados y desconoce nuevas denuncias en su contra.

Por su parte, Germán Córdoba, vicepresidente ejecutivo de la ANI, aseguró que la agencia ha acudido a todas la vías legales para demostrar los defectos jurídicos de la expropiación.

Por ahora, el 16 de enero se sabrá si el juez de garantías acepta que se dicte la medida cautelar y se frene el pago hasta que la Fiscalía resuelva la presunta conducta irregular de la jueza de Buga.

Mientras eso sucede, el taxímetro sigue corriendo en contra del erario.

‘El pago es desproporcionado’: ANI

El vicepresidente ejecutivo de la ANI, Germán Córdoba, dijo que los derechos y la defensa de la Nación se vieron afectados durante el proceso de expropiación aplicado al ‘paradero de Buga’. “El avalúo aprobado por la jueza Acosta es desproporcionado y su pago puede afectar los recursos públicos de todos los colombianos. Estamos esperando que la Fiscalía resuelva la denuncia por prevaricato instaurada por la ANI contra la jueza y lo que resuelva la Judicatura del Valle en la queja disciplinaria que también se le interpuso. La ANI trabaja con trasparencia y así le respondemos al país”, puntualizó Córdoba.

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