El posible plan B del chavismo para mantener el control en Venezuela

El posible plan B del chavismo para mantener el control en Venezuela

Gobierno de Nicolás Maduro ya dispone de herramientas que bloquearían decisiones de la oposición.

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09 de diciembre 2015 , 04:03 p.m.

Nicolás Maduro prepara un plan B ante la posible derrota en las elecciones parlamentarias de este domingo. Las encuestas más recientes no variaron las cifras que mostraron, durante meses, una sólida ventaja de la oposición, en torno a 20 puntos, pese al combate bolivariano durante la campaña. El objetivo gubernamental, reconocido comité por dirigentes, es que su fracaso en las urnas se traduzca solo en un estrecho margen de diferencia en el número de diputados, para lo que cuentan con la famosa operación remate final y con las bonanzas de una ley electoral hecha a medida.

La verdadera lucha política comienza el lunes. Círculos diplomáticos y dirigentes de la oposición están convencidos de que Maduro aprovechará las cuatro semanas que restan para que sesione el nuevo Parlamento (desde el 5 de enero) a fin de aprobar una nueva ley habilitante, que le otorgaría plenos poderes para legislar por decreto y por encima de los nuevos diputados. (Lea también: Leopoldo López sí votó en las elecciones parlamentarias de Venezuela)

"No cabe ninguna duda de que así será", vaticina para LA NACIÓN José Ignacio Hernández, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

"El oficialismo tendrá casi un mes para dictar leyes que perturben a la nueva mayoría. Maduro tiene la posibilidad de pedir una prórroga para la actual ley habilitante, que vence el 31 de diciembre, o incluso una nueva por hasta tres años", añade el jurista.

Hugo Chávez ya realizó esa operación en 2010. El líder bolivariano reclamó cuatro leyes habilitantes durante su mandato, en total cuatro años y medio, pese a contar con todos los poderes del Estado. Maduro continuó la misma estrategia y ya sumó dos habilitantes: de los 32 meses que lleva al frente del país usó los plenos poderes durante 18.

La Asamblea Nacional es hoy uno más de los tentáculos de la revolución. Delegó buena parte de la elaboración de las leyes en el Ejecutivo, tampoco controló al gobierno, no hizo seguimiento del gasto público y no investigó la corrupción. (Vea: Nicolás Maduro acepta resultados electorales)

"Se convirtió en la casa más grande del gobierno y de su partido. Un brazo del Ejecutivo sin ningún tipo de independencia", se lamenta Carlos Berrizbeitia, el diputado más combativo en los últimos cinco años.
El dirigente opositor considera que la aprobación de una habilitante exprés supone técnicamente "un autogolpe, porque el mandato popular habría dicho una cosa muy distinta; la gran pregunta es si Maduro se atrevería a quitarse su barniz democrático ante el mundo".

El plan C

El chavismo nunca aceptó las derrotas electorales; todo lo contrario. En 2007, un grupo de estudiantes superó al "comandante supremo" en el referéndum sobre la reelección indefinida y una batería de leyes socialistas. "Es una victoria de mierda", resumió iracundo Chávez. El referéndum se repitió dos años después con toda la maquinaria bolivariana a favor para ganarlo.

Parecida suerte corrieron alcaldes y gobernadores antichavistas. Antonio Ledezma, sorprendente ganador de la Alcaldía Mayor de Caracas en 2008, fue desposeído del 90% de sus atribuciones y sedes después de que Chávez nombrara a dedo un jefe de gobierno de Caracas. Ni siquiera un despacho le dejó. (También: ¿Quién era el líder de la oposición en Venezuela que fue asesinado?)

Gobernadores opositores como Henrique Capriles y Henri Falcón también perdieron competencias, como rutas, hospitales y dinero, ya que el gobierno decide cuántos fondos y cuándo los envía a las gobernaciones.

El futuro de la ley habilitante también dependería del resultado de este domingo. Con la mayoría simple (84 de los 167 diputados) poco podría hacer la oposición más que quejarse. Pero con la mayoría cualificada de dos tercios (112 diputados) tendría la posibilidad de derogar la ley de plenos poderes para Maduro.

En el primer paquete legislativo la oposición tiene previsto proponer cuatro leyes contra la crisis económica (recuperación del poder adquisitivo de los salarios, fortalecimiento de la producción nacional, repatriación de los capitales de la corrupción y la entrega de los títulos de propiedad para los beneficiados de la Gran Misión Vivienda).

La otra gran medida es la ley de amnistía, con la cual se pretende la excarcelación de los más de 70 presos políticos del chavismo, con Leopoldo López a la cabeza.

Y es aquí donde surge el Plan C del chavismo: convertir al Tribunal Supremo en su ariete más poderoso contra la nueva Asamblea, capaz de declarar inconstitucionales todas las iniciativas de la alianza antichavista, empezando por la derogación de la ley habilitante.

"Estaríamos ante una dinámica absolutamente desconocida en las instituciones, un conflicto nuevo basado en el saboteo del Parlamento a través de la Sala Constitucional del Supremo", pronostica Hernández.

El Plan C ya ha dado sus primeros pasos. El gobierno presionó a 13 magistrados del Supremo para que se jubilaran antes de tiempo y así poder elegirlos antes de que entren los nuevos diputados y no el año que viene, como tocaba. Sumado a otros cinco puestos que quedaban vacantes, el viejo Parlamento chavista decidirá quiénes son los jueces que entablen el pulso político con el nuevo.

Históricamente el chavismo blandió una tercera herramienta: el Estado comunal, que dividiría al país en 3000 comunas en sustitución del actual sistema federal. La niña de los ojos de Chávez avanzó a paso de tortuga, pero "en un ambiente de confrontación, este escenario (sustitución de la Asamblea Nacional por una asamblea comunal) cabría perfectamente", apuesta el jurista Leonardo Palacios.

Los conocedores de los entresijos del chavismo relacionan las comunas con las declaraciones más polémicas de Maduro en la campaña: "Me lanzaría a las calles junto al pueblo para defender la revolución".

"De momento solo es una amenaza", considera el diputado Berrizbeitia. "No hay ni siquiera un anteproyecto de ley para las comunas y no les queda ni tiempo ni espacio para llevarlos a cabo".

GDA / LA NACIÓN

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