Hermanos Rodríguez Orejuela, a declarar en el juicio contra sus hijos

Hermanos Rodríguez Orejuela, a declarar en el juicio contra sus hijos

Familiares solicitaron que se mantengan algunas propiedades de los narcos.

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06 de diciembre 2015 , 10:19 p.m.

Con un acuerdo de colaboración que los confesos narcotraficantes Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela firmaron en los Estados Unidos, los abogados de los familiares de los exjefes del cartel del Valle del Cauca esperan que se libren de una condena varios de los familiares de los capos.

De hecho, los narcos que encabezaron por años las listas de los más buscados del país y que cumplen una pena de 30 años en Estados Unidos están listos para declarar en el juicio que adelanta la Fiscalía contra algunos de sus hijos, por el delito de lavado de activos y señalar que sus familiares no cometieron delito.

Miguel, Gilberto y el agente especial de aduanas Edward Kacerosky, que testificó contra los capos, serán los últimos testigos que se escucharán en el juicio contra los herederos de los narcotraficantes por las supuestas maniobras que se habrían dado en la venta de Drogas La Rebaja, empresa emblemática de los capos, a la Coopservir, la cual, según la investigación habría seguido bajo el control de integrantes del clan.

Siete de los diez procesados firmaron el acuerdo de colaboración con la justicia de los Estados Unidos en el que aparecen como miembros de la familia y en el que se comprometieron a renunciar a todos los bienes que hubieran sido adquiridos con plata del narcotráfico y a entregar “el monto real en dólares o en valor monetario de cualquier activo”.

En el acuerdo se lee que esa negociación “y el consiguiente fallo judicial en los Estados Unidos tendrá efecto legal en Colombia, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política y demás normas concordantes de la legislación colombiana”.

Para la defensa de los capos ese acuerdo garantiza que los 28 familiares no puedan ser procesados en Colombia y de hecho durante el juicio citaron como testigo al exfiscal Mario Iguarán para que explicara la participación de las autoridades colombianas en la redacción del documento.

Iguarán señaló que tres de sus funcionarios, entre ellos el exjefe antinarcóticos Camilo Bula, que hoy está preso por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, asistieron a las reuniones para la firma del acuerdo,pero que siempre estuvo claro que era un negociación entre los capos y el gobierno de los Estados Unidos y no con la justicia colombiana.

Dijo que los representantes de los capos pidieron que se les permitiera que sus familiares se quedaran con algunas propiedades para poder subsistir. La acusación contra los Rodríguez señalaba que tenían bienes avaluados en 2.100 millones de dólares. Sin embargo, señaló Iguarán, se consultó al Consejo de Política Criminal de Colombia que consideró inviable es petición.

En el acuerdo quedó establecido que por una sola vez los familiares del Clan se podrían quedar con un “activo modesto que no se trate de sociedad o persona jurídica necesario para permitir una subsistencia moderada”, pero que esa decisión estaría supeditada a las decisiones “soberanas” de las autoridades de países como Colombia, España y Ecuador en donde había propiedades de los narcotraficantes.

En la acusación de la Fiscalía de lavado de activos de Colombia dice que Jaime Rodríguez Mondragón, Humberto Rodríguez Mondragón, María Alexandra Rodríguez Mondragón, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, Juan Carlos Muñoz Rodríguez y otros tres particulares participaron en las maniobras para manejas empresas que habían recibido plata de los capos.

En el expediente está el testimonio del famoso contador del cartel, Guillermo Pallomari, quien dijo que las empresas de los capos “fueron puestas a nombre de sus familiares y amigos que actuaban como testaferros” y que “ni los hijos ni los familiares de los hermanos Rodríguez tenían la capacidad económica para adquirir las acciones”.

Igualmente declaró Daniel Serrano Gómez, quien estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos, y dijo que de regreso al país cuando ya existía Coopservir los capos le pidieron que ayudara a manejar los recursos de sus empresas y que los distribuyera en efectivo a sus familiares.

La Fiscalía señala que esos testimonios demuestran que la venta de las empresas solo eran una “simulación” y que esas firmas seguían bajo el control de los Rodríguez Orejuela.

Agrega que los investigados desplegaron diversas estrategias para continuar “con empresas reales a través de las cuales se pudiese aparentar que el dinero obtenido por el tráfico de estupefacientes provenía del ejercicio de las actividades de distribución, comercio y producción de medicamentos”.

JUSTICIA

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