La calle que llena de esperanza a los habitantes de Buenaventura

La calle que llena de esperanza a los habitantes de Buenaventura

Hace 20 meses una luz milagrosa llegó a la ciudad para hacerle frente a la violencia.

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06 de diciembre 2015 , 08:17 p.m.

El Domingo de Ramos del 13 de abril del año pasado, una ceremonia inusual tuvo lugar en uno de los lugares más peligrosos del mundo. En la calle San Francisco, del barrio La Playita de Buenaventura, conocida como Puente Nayeros, pues casi todos sus habitantes son migrantes o desplazados del río Naya, el obispo Héctor Epalza bendijo ante la comunidad reunida la primera calle sin armas en la zona de bajamar, en el corazón de 15 años de guerra y atrocidades en el sufrido puerto del Pacífico.

Veinte meses después, Puente Nayeros se ha consolidado como el primer “espacio humanitario”, como lo llaman sus habitantes, en Buenaventura. A diferencia de calles vecinas donde a las 6 de la tarde no hay un alma afuera, aquí los niños corren, los adultos juegan, ruidosos, dominó, y un ‘biche’ no se le niega a nadie hasta bien entrada la noche. (Lea aquí: El libro que le cambia la cara a Buenaventura)

No hay, como en las calles aledañas, jóvenes armados ni asesinatos truculentos. Los niños ya no juegan a ‘picar gente’ e intercambiaron sus pistolas y changones de palo por instrumentos musicales. La pobreza sigue siendo la inenarrable pobreza del Pacífico. Pero hay tranquilidad. La comunidad decidió que no podía vivir más con la violencia.

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La zona de bajamar de Buenaventura es un universo aparte y, además de campo de batalla de los grupos armados en los últimos 15 años, es una de las piezas de inversión probablemente más codiciadas de Colombia. De esto están convencidos sus habitantes.

Ahora es común ver a los adultos reunidos jugando cartas o dominó, sin pensar en la inseguridad. / Foto: Álvaro Sierra.

Es una colección de calles arrancadas al mar por la gente que por años rellenó el terreno con conchas, desechos y basura, para circular sobre tierra firme por entre sus casas encaramadas en pilotes enterrados en la arena pantanosa sobre la que sube y baja la marea. (Vea: Buenaventura pasó todo octubre sin homicidios: Gobierno)

Cuando está alta, los hombres salen a pescar y las piangüeras, a buscar conchas y jaibas; al bajar, deja un fangal. La basura va y viene. El agua potable es tan escasa como el empleo; las letrinas, la norma. Los niños han crecido en medio de las formas más extremas de violencia. Casi nadie habla, y los pocos que lo hacen piden no ser identificados.

Desde 1990, los grupos armados se han disputado calle a calle el control de esa salida al mar ideal para todos los tráficos ilegales: a cinco minutos en bote empiezan una jungla de manglares y las bocas de los ríos.

Las Farc, primero; los paramilitares del frente Pacífico (que nunca se desmovilizaron), en la primera mitad de los 2000; ‘Machos’ y ‘Rastrojos’, del cartel del norte del Valle, después, y, en los últimos años, ‘la Empresa’ y el ‘clan Úsuga’, sucesores de los ‘paras’, protagonizaron la guerra que volvió noticia mundial las ‘casas de pique’. Estos últimos han ganado el control de la mayor parte de la zona de bajamar.

Puente Nayeros está entre dos calles: Punta Icacos, dominada por uno de los grupos, que extorsiona los botes que salen y llegan del Naya, y Piedras Cantan, más intrincada y con varias salidas al mar, controlada sucesivamente por diversas bandas armadas.

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En ese entorno tremebundo ha logrado consolidarse una de las apuestas más audaces y prometedoras de la sociedad civil frente a la violencia. “Dicen que esto es como un conjunto residencial, lo más seguro que hay en Buenaventura”, expone un líder. Ahora; porque antes la calle San Francisco era como las otras.

“Los niños hablaban de ‘picar’ y jugaban con pistolas de palo”, cuenta una mujer. Los ‘paras’, como los llaman, controlaban todo. Había asesinatos. Abusaban de las niñas. Reclutaban a los muchachos. Una ‘casa de pique’ funcionaba al final de la calle. A comienzos del 2014 fue violada una niña de 12 años, y una mujer, conocida de todos, vino a pagar para liberar a su marido, lo encontró muerto y, cuando se echó al mar para huir, fue asesinada a machetazos, a la vista de todos. (Lea: En el Pacífico es donde menos gente sale de la pobreza)

Estos hechos precipitaron la decisión. Silenciosamente, la comunidad se venía organizando. Algunos fueron al río Cacarica, en Chocó, y al Meta, a conocer experiencias de resistencia civil. Decidieron aprovechar el Domingo de Ramos, una visita del Presidente y la atención que convocaba Buenaventura por las ‘casas de pique’ para declarar el espacio humanitario. Obligaron a salir a todo el que tuviera armas. Destruyeron la ‘casa de pique’ –“la dignificamos”, dicen– y pidieron protección.

Se instaló una puerta a la entrada de la calle, que se cierra en las noches. En septiembre del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso medidas cautelares sobre las 302 familias. La Policía cuida la entrada y la Infantería de Marina, la punta sobre el mar.

Ha habido atentados contra líderes y docenas de amenazas; jóvenes armados han llegado a intimidar en su casa a una de las lideresas. Pero la decisión colectiva, la vigilancia estatal y el acompañamiento de otras organizaciones han sostenido el milagro de la única zona humanitaria de Buenaventura por 20 meses.

Delegaciones como esta de Naciones Unidas, que visitó a comienzos de año la calle de Puente Nayeros, son frecuentes. / Foto: Álvaro Sierra.

La constante presencia de Conpaz, una red de experiencias similares a la que se afilió la calle; la ONG Comisión de Justicia y Paz; Acnur, la agencia de refugiados de Naciones Unidas, y visitas de embajadas y organismos humanitarios les han dado visibilidad y cobertura. “Esto no es una república independiente, como dicen algunos. El espacio humanitario de Puente Nayeros no se sale del Estado de derecho. Es el cimiento para defender todo el territorio ganado al mar, desde San Yusti hasta Punta del Este”, afirma una persona de la zona, haciendo referencia a los dos extremos de la zona de bajamar.

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En el entorno, la violencia más visible y brutal ha amainado. Con la militarización del puerto y la consolidación del ‘clan Úsuga’, los asesinatos bajaron y las noticias de las ‘casas de pique’ desaparecieron de los medios. Pero el control de los armados y otras formas de violencia siguen devastando el tejido social.

“Se ha disparado la violencia sexual. Hay aumento de denuncias, pero creemos que hay mucho más”, dice una lideresa que trabaja con mujeres. Tras ella hay una estrategia: “Es un método para sacar familias del territorio. Una familia a la que le intimidan su niña o niño prefiere irse. Es una estrategia de vaciamiento del territorio, de control social, de intimidación a la comunidad”. Lo mismo ocurre con el reclutamiento de niños y adolescentes.

Cuando la gente huye, su casa es ocupada por hombres armados. Este despojo silencioso se ha extendido en lugares como la comuna 12. La extorsión, desde pequeños puestos del mercado hasta negocios grandes, es generalizada. Se paga por los huevos, por la carne, por todo.

A diferencia de lo que dicen el Gobierno Nacional y las autoridades locales, para la gente y sus organizaciones detrás de todo esto hay más que narcotráfico y bandas criminales. “Vivimos en una zona estratégica para el desarrollo portuario, y nos quieren sacar mediante la violencia”, dice un líder de una de las calles.

“La situación de violencia de Buenaventura tiene un solo nombre: megaproyectos internacionales y nacionales que están interesados en el territorio y utilizan fuerzas oscuras –yo los llamo paramilitares– para desalojar a la gente”, afirma otro, refiriéndose al centenar de grandes proyectos de inversión contemplados en el Plan Maestro Buenaventura 2050, que van de la ampliación del puerto a convertir el centro y la zona de bajamar en un eje hotelero y un malecón turístico.

La gente denuncia presiones de funcionarios locales para que cambien sus viviendas palafíticas, con el argumento del riesgo de tsunami, por casas de concreto en la Ciudadela San Antonio, construida durante el gobierno Uribe 18 kilómetros tierra adentro, con 35 millones de dólares decomisados en una célebre caleta del narco ‘Chupeta’.

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Cada presidente desde Belisario Betancur ha dicho que Colombia vive de espaldas al Pacífico. Pese a la atención periódica y la militarización que concitan los estallidos de violencia, todo sigue igual: como el afirmado de conchas, desechos y basura que la cubre, la única calle que vive en paz en Buenaventura es un milagro levantado a pulso por la comunidad, casi sin apoyo institucional.

ÁLVARO SIERRA RESTREPO
Especial para EL TIEMPO

* Este reportaje es parte de una serie de Naciones Unidas y EL TIEMPO sobre cómo espera la paz la Colombia que más ha sufrido la guerra.

Próxima entrega: ‘Las Mercedes: un pueblo en el corazón de la guerra’.

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