La lucha de la vereda Granizal por un agua sin heces fecales

La lucha de la vereda Granizal por un agua sin heces fecales

Fue admitida una acción popular en la que las comunidades piden acceder a acueducto y saneamiento.

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06 de diciembre 2015 , 10:18 a.m.

Desde la casa de Lizardo Correa, un líder sindical de las bananeras de Mutatá, se ven dos postales de la vereda Granizal.

Por el norte, en los límites de Bello y Copacabana, se enfilan sobre las montañas cultivos de cebolla, cilantro, café, maíz y frijol, sembrados por los que nunca quisieron desprenderse del campo luego del desplazamiento forzado.

Por el sur y el centro, irrumpen El Pinar, Altos de Oriente 1 y 2, Oasis de Paz, El Regalo de Dios, Manantiales y El Kilómetro Siete, los ocho asentamientos de la vereda, donde unas 25.000 personas han echado raíces desde hace 20 años.

Los caminos empinados, sin pavimentar; las dificultades y costos para transportarse a Medellín, a 45 minutos de la vereda; la falta de oferta educativa y de salud, y la presencia de grupos armados, que ven en la zona un corredor idóneo (con la ventaja, para ellos, de la ausencia del Estado), son poco comparado con el problema del agua, según Lizardo.

“Aquí hay que hervir el agua hasta para trapear los pisos y lavar”, cuenta él, ahora líder consagrado de Granizal.

Y es que allí el líquido vital llega a través de dos fuentes: Del tubo que conduce agua de la represa de Piedras Blancas a la planta de tratamiento de Aranjuez, y de la quebrada Rodas, por cuyas orillas se ubican viviendas sin pozos sépticos técnicos, que terminan por filtrar, a través de corrientes subterráneas de agua, las propias heces fecales de los habitantes.

La gente de estos sectores insiste en que necesitan la llegada del agua potable y del saneamiento, aunque sus asentamientos sean informales, y así lo han exigido a las autoridades locales sin obtener todavía una solución.

Por ahora sortean el problema con pozos sépticos artesanales y con técnicas de filtrado que van desde hervir el agua y agregarle químicos, hasta poner medias veladas en los grifos para contener la basura que llega.

Según Jaime Arturo Gómez, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Antioquia que ha trabajado proyectos en Granizal desde hace 15 años, preocupan sobre todo las enfermedades transmitidas por el agua.

Allí, en al menos en dos sectores (Manantiales y El Pinar) la totalidad de los habitantes (alrededor de 14.000) consumen agua contaminada, entre otros agentes por ‘escherichia coli’, una bacteria proveniente de la materia fecal humana.

Lo anterior lo corroboró un estudio fisicoquímico realizado por el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad de Antioquia, evidenciando niveles 10 veces superiores a los permitidos, que en humanos producen afecciones como la Enfermedad Diarreica Aguda, las parasitosis intestinales, hepatitis, enfermedades de la piel y desnutrición.

Para Gómez, ese es un indicador de inequidad enorme. “Allí sufren las enfermedades que experimentaba la gente hace dos siglos, pero lo más dramático es que estamos en el valle de Aburrá, y no logramos percibir estos baches, un bache de 25.000 habitantes, más grande que muchos de los municipios que rodean a Medellín”, anotó el médico.

Si a las enfermedades parasitarias se les suma un déficit de nutrientes que ha podido identificar Gómez, ocurren afectaciones sobre el cerebro de los niños, retrasos en sus procesos de aprendizaje y menor capacidad intelectual.

Las enfermedades por el agua, entonces, se proyectan en la historia de vida de los habitantes de Granizal, en la de sus descendientes, “y los victimiza de nuevo”, agrega el médico, argumentando que en la vereda el 80 por ciento de la población es desplazada por la violencia y el 90 por ciento tiene necesidades básicas insatisfechas.

Buscan justicia

La situación motivó a las comunidades de Granizal, asesoradas por el Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate, de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, a interponer una acción popular para que el Municipio de Bello, la Gobernación de Antioquia, EPM y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio instalen los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, después de años de “reiterada negativa u omisión de éstos a garantizarlos”, reza el documento.

No obstante, el mecanismo jurídico, interpuesto a mediados de noviembre, ha pasado por varios obstáculos. Primero, trasladaron la acción del juzgado 17 al Tribunal Administrativo de Antioquia, porque al incluir al Ministerio de Vivienda entraba al orden nacional.

Luego, el magistrado Gonzalo Zambrano, a quien le correspondió el caso en este tribunal, inadmitió la acción y dijo que los demandantes debían cumplir una serie de requisitos: argumentar por qué habían demandado al Ministerio, aportar nombres, dirección de domicilio, número de identificación de las miles de personas afectadas, así como su relación jurídica con las viviendas que habitan y cuáles están conectadas a la red de alcantarillado público.

Para esto, cuenta Jaime Alberto Agudelo, coordinador del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia de la Universidad de Antioquia, el magistrado dio tres días hábiles (del viernes 27 de noviembre al miércoles 1 de diciembre).

Los representantes de los afectados enviaron un memorial al tribunal en el que argumentaron que los requisitos imponían una carga desproporcionada a los ciudadanos y desconocían la naturaleza de la acción popular, ya que las viviendas de los sectores de Granizal ni siquiera tienen nomenclatura y muchas no han resuelto el tema de las escrituras.

El viernes pasado, y aunque algunos de los líderes de Granizal sintieron que volvían a quedarse sin armas para su lucha, el Tribunal Administrativo de Antioquia respondió que había admitido la acción.

Ahora, dice Agudelo, el tribunal deberá notificar a las partes y estas tendrán 10 días hábiles para contestar la demanda. Después, se programará una audiencia de pacto de cumplimiento. 

Mariana Escobar Roldán
EL TIEMPO
MEDELLÍN

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