Pestana, cacique de la Costa, a punto de perder su polémica libertad

Pestana, cacique de la Costa, a punto de perder su polémica libertad

Evadió condena por aliarse con 'paras' y sigue siendo un duro en la Costa.

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05 de diciembre 2015 , 06:12 p.m.

La reciente debacle política de Yahír Acuña, su gran socio, en Sucre, no parece ser la única mala noticia para el poderoso líder indígena Pedro Pestana Rojas.

El año pasado, con 85.000 votos, Pestana logró elegir a su hermana Yamina, que debutaba en la política, como senadora de la República. También mantuvo una curul en la Asamblea de Sucre a través de otra de sus hermanas, Ana Luisa, en las elecciones de octubre pasado. Pero ahora enfrenta una alta probabilidad de ir, finalmente, a prisión por haberse aliado, hace una década, con los paramilitares del temido Rodrigo Mercado Peluffo, ‘Cadena’.

Hace año y medio, cuando la Fiscalía tenía todo listo para capturarlo una vez saliera del resguardo zenú en el que se escondió para eludir una condena por concierto para delinquir, Pestana logró que un juez de Chinú, Córdoba, le concediera una tutela que ordenaba su libertad por pena cumplida. Esto, a pesar de que no pagó ni un día de cárcel.

Ahora la Corte Constitucional se apresta a revisar, de manera extraordinaria, esa tutela, que en su momento causó escándalo, pero que surtió sus efectos: Pestana volvió a moverse libremente por Sucre y Córdoba, departamentos donde su familia tiene mayor incidencia.

Este diario conoció que en ese alto tribunal hay ambiente para tumbar la polémica decisión, que terminó beneficiando a uno de los hombres más cuestionados en la Costa. Como principal argumento, el juez que lo dejó libre hace 19 meses se basó en un fallo que proyectó el magistrado Jorge Pretelt a finales del 2013 sobre la justicia indígena.

La ponencia de Pretelt, que fue aprobada por una sala en la que participaron los magistrados Alberto Rojas y Luis Ernesto Vargas, se refería a un indígena condenado por violación por la justicia ordinaria. La Corte decidió que en ese caso debía prevalecer la jurisdicción indígena.

En la ponencia, Pretelt proponía que, en todos los casos, los indígenas condenados solo fueran enviados a cárceles ordinarias si así lo decidía su comunidad. Y añadía que, por el principio de favorabilidad, “este procedimiento también será aplicable a todos los indígenas que se encuentren en la actualidad privados de la libertad”.

EL TIEMPO supo que, en su momento, el despacho de Vargas solicitó eliminar esa orden, cuya aplicación general consideró “extraña”.

“Sin que exista ningún tipo de referencia previa, sin que haya sido planteado en el problema jurídico por resolver (...), se empiezan a hacer consideraciones sobre la situación de los indígenas que se encuentran recluidos en cárceles colombianas (...). Aunque pueda resultar interesante, lo cierto es que se trata de una problemática completamente ajena al caso”, decían las salvedades de Vargas.

La oficina de Pretelt accedió a eliminar de la parte resolutiva del fallo (las órdenes de la Corte) lo referente a las condiciones de reclusión de los indígenas condenados por la justicia ordinaria y así logró el apoyo de la sala. Sin embargo, sí quedó en la parte motiva (los argumentos) de la sentencia.

Coincidencialmente, tres meses después –en marzo del 2014, en plenas elecciones parlamentarias– el juez de Chinú echó mano de esa tutela, y de los argumentos (que no eran vinculantes), para decidir que Pedro Pestana había cumplido su pena. Esto, aunque desde el 2009 estaba huyendo de la justicia, supuestamente confinado en el resguardo de San Andrés de Sotavento, donde él era, y aún sigue siendo, el hombre fuerte.

La decisión del juez fue impugnada por el Tribunal de Bogotá, que protestó porque no fue notificado del proceso no obstante que había ratificado la condena contra Pestana y la orden de enviarlo a una cárcel común. El juez se mantuvo en la orden de libertad, incluso, pese a que en el 2012 ya la Corte Constitucional expresamente le había negado a Pestana una tutela y le había advertido que en su caso no se aplicaba el fuero indígena porque su delito no tenía nada que ver con su raza. Pestana, según la justicia, puso la EPS indígena Manexca al servicio de los paramilitares y desvió millones de pesos de la salud hacia las Auc.

Ahora, por insistencia de la magistrada (e) Myriam Ávila, la Corte seleccionó la tutela. Ávila pidió compulsar copias contra el juez por desconocer el fallo de la Corte sobre Pestana, por darles apariencia de orden a las consideraciones del fallo de Pretelt y porque, inexplicablemente, se demoró casi un año en remitir el expediente para su revisión.

EL TIEMPO

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