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Llegó tarde purga para el Fondo de Vigilancia y Seguridad

Fabiola Márquez habla de la entidad salpicada por varios escándalos.

BOGOTÁdiciembre 3 de 2015, 08:19 P.M.

En medio de numerosos escándalos y señalamientos de corrupción, en el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), que el alcalde entrante prometió liquidar para dar paso a la Secretaría de Seguridad, se viene produciendo una purga hasta ahora desconocida.

Semanas después de que estalló el escándalo por el proceso de modernización que debía adelantarse en el Nuse (Número Único de Emergencias 123) y de que sus principales directivas renunciaran por presuntas irregularidades en el proceso que adelantaba la administración, la gerente del Fondo, Fabiola Márquez, sacó a 120 contratistas: “No les renovamos y de quienes no se siente su ausencia”, dijo, lo que significó, según la oficina de presupuesto de esa entidad, un ahorro de 400 millones de pesos al mes en nómina.

Hoy, la entidad cuenta con 98 funcionarios de planta y 180 por contrato, “y aún sobran unos”, afirmó.

En diálogo con EL TIEMPO, esta abogada, pupila del exmagistrado Alejandro Martínez, señaló que se redujo en sobrecostos como el caso de los chalecos antibalas por los que se pagaba un 58 por ciento de más.

“A través de la subasta logramos más del doble de los mismos chalecos para proteger a fiscales y policías que los requieran”, precisó Márquez.

Pese a los escándalos, ella defiende la institución encargada de entregar bienes y servicios a los organismos de seguridad que operan en Bogotá. “Lo que estamos haciendo es garantizar la seguridad, la justicia y la defensa de Bogotá. Aquí impulsamos la contratación por selección objetiva con pluralidad de oferentes y transparencia. Todo esto, a la luz de la Ley 80 de contratación”, explicó.

Pero el lastre de los señalamientos, la inestabilidad gerencial que ha desembocado en al menos siete gerentes y la baja ejecución llevaron a que el FVS fuera uno de los temas más candentes en la pasada campaña, en la que todos propusieron su liquidación. Para el 2016, la entidad tendrá un presupuesto de 42.000 millones de pesos.

Según la funcionaria, en pocos meses de trabajo ha recuperado recursos como los 120 millones de pesos en una obra, 35 por ciento de descuento en las pilas para los radios de la línea 123, rebajas sustanciales en los precios de las consultorías y la actualización del 70 por ciento las pilas de los radios como un plus en uno de los contratos.

Además, destacó que logró tener mejores alojamientos para los soldados que están acantonados en los batallones de alta montaña y que protegen a Bogotá, así como la compra de dos camiones cisterna para llevar agua potable a los militares que se movilizan entre las montañas.

“Yo recibí la entidad con una ejecución del 45 por ciento y en tres meses ya estamos por encima del 90 de ejecución presupuestal”, se empeñó en asegurar.

Márquez dijo que en estos meses también se le declaró de forma unilateral la nulidad a la interventoría que hacía la firma de Manizales Infotic en el polémico convenio interadministrativo 0561 firmado entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el FVS para la operación de la línea 123.

Este tema, que generó sospechas que llevaron a pronunciamientos de organismos de control y que sigue en el ojo del huracán por ser una firma privada en medio de una figura como un convenio interadministrativo, “sin cumplir las normas de contratación, es decir, sin pasar por el debido concurso público”, así como el tema de las motos eléctricas, está hoy en manos de la Fiscalía General.

Pese a todo, los días para la entidad parecen estar contados. Aunque el próximo 16 de diciembre está prevista la entrega del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) –un moderno edificio–, la burocracia, la corrupción, la politiquería y el reciente escándalo por el 123 que salpicó incluso a la Alcaldía llevaron a que se redactara un proyecto de acuerdo que le pone fin al FVS.

Rosario de fallas en el FVS

El Fondo de Vigilancia y Seguridad es un rosario de investigaciones. Al descalabro por el edificio del Comando de la Policía Metropolitana, que fue adjudicado el 19 de noviembre del 2010 por 43.794 millones de pesos y que al parecer tiene fallas estructurales, se suman también las presuntas irregularidades en la compra de las motos eléctricas y la guerra sucia por el escándalo de la modernización de la línea 123.

Además, los supuestos ofrecimientos de viajes en yate para favorecer intereses particulares, el llamado a juicio disciplinario de varios de sus exgerentes y contratos que presuntamente fueron adjudicados a dedo, entre otros, son algunos de los temas que ya están en manos de los organismos de control y de la Fiscalía.

BOGOTÁ

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