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Los más de mil muertos que se llevó el río Patía

Los más de mil muertos que se llevó el río Patía

Guerrilleros y paramilitares convirtieron este afluente de nariño en un cementerio.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
02 de diciembre 2015 , 06:33 p. m.

El río Patía es una gran riqueza hídrica que la naturaleza le regaló al departamento de Nariño, pero a lo largo de su exuberante paisaje esconde un escenario de violencia donde, según un ex personero de la región, murieron unas mil personas cuyos cuerpos fueron arrojados a sus aguas por guerrilleros, paramilitares y grupos armados del narcotráfico.

A lo largo del Patía existen 15 pequeños poblados, donde viven alrededor de 10 mil habitantes. Pero las localidades de Policarpa y Bocas de Satinga fueron el epicentro de la violencia por el dominio territorial de corredores estratégicos que comunican con el Pacífico, ideales para el transporte y comercialización de la coca.
La presencia de los actores armados en Nariño y en la zona de la Cordillera Occidental se remonta al año 1985, cuando fue creado el frente 29 “Alonso Arteaga” de las Farc.

La primera incursión guerrillera tuvo lugar a mediados de 1988 en el corregimiento Madrigal, cuando el frente 29, al mando de Yesid Arteta Dávila, alias “Joaquín Posada” o “Joaco”, y alias “Efraín” buscaba el dominio de la zona y lograron sacar a sangre y fuego a los miembros de la policía, de acuerdo con el testimonio de Jorge Paredes, un líder de la región.

El primer desplazamiento masivo de personas se produjo cuando más de 500 decidieron salir al departamento del Putumayo, para proteger sus vidas. A partir de ese momento empezó la siembra de cultivos ilícitos, la tala indiscriminada de bosques y el incremento de la violencia, de acuerdo con la versión del ex personero de Policarpa, Javier Gómez.

Pero es en el año 1999 cuando empezó el peor período de violencia en toda la historia de Policarpa y toda la región, con la aparición del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, bajo el mando de alias “Pablo Sevillano”. Este episodio generó un nuevo desplazamiento de casi 350 campesinos y el retiro de la Policía del municipio tras varios hostigamientos que se prolongaron hasta el 2002, según un informe de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas de Nariño.

El 19 de marzo de 2002 se produjo la toma a la estación de Policía de la cabecera de Policarpa por el frente 29 de las Farc al mando de alias “el Japonés”, quien en el ataque a las instalaciones de la alcaldía municipal murió el niño de 7 años de edad Edixon Andrés España Córdoba y destruyó unas diez casas, según el ex personero de Policarpa, Javier Gómez.

Alias “el Japónes” es tal vez al que más recuerdan los policarpenses por sus acciones sanguinarias y despiadadas. De él se cuenta que un día apareció en una moderna y lujosa camioneta marca Toyota cargado de enormes cantidades de dinero producto de las extorsiones, secuestros y cobro de impuestos a las personas dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El ex personero recordó que mientras el 13 de mayo del 2005 se presentó la primera gran desmovilización de integrantes de las Auc, cuando 677 hombres del bloque Libertadores del Sur se entregaron a las autoridades, el 6 de diciembre del mismo año apareció el grupo denominado Autodefensas Campesinas de Colombia Nueva Generación que estaba integrado inicialmente por desmovilizados del bloque Libertadores del Sur, bajo el mando de Jhonier Alexander Díaz, alias “Pedro”.

En febrero de 2006 un grupo emergente de paramilitares violó a Alicia, una humilde campesina, supuestamente por ser auxiliadora de la guerrilla; ella queda embarazada en septiembre y luego la vuelven a violar; unos meses después, dicen quienes la conocieron, que la vieron por las calles de Pasto pidiendo limosna junto a su hija.

Bocas de Satinga se convirtió en el corredor natural de todos los cadáveres.



Entre los días 18, 19 y 20 de abril de ese año los duros enfrentamientos entre las Farc y los “paras” generaron un desplazamiento de 2000 pobladores desde el corregimiento de Sánchez hasta el coliseo de la cabecera de Policarpa, como lo narra en un recuento histórico la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas de Nariño.
El mismo registro del mismo organismo da cuenta que en marzo de 2009 las autoridades anunciaron la aparición en la zona de las bandas criminales los Rastrojos y las Águilas Negras, pero en septiembre del mismo año los Rastrojos apoyados por la guerrilla lograron desalojar de la región a la Nueva Generación y las Águilas Negras.

El fin de los “paras” sucedió el 8 de septiembre de 2009 cuando cerca de 400 Rastrojos procedentes del corregimiento de Santa Rosa se unieron con otros 400 hombres procedentes de Barbacoas y Tumaco que apoyados por las Farc los sacaron de esa zona para siempre, según la investigación del ex personero. El 28 de marzo de 2010 se registró una nueva masacre en el corregimiento de Sánchez cuando diez personas aparecieron descuartizadas. Según las autoridades los autores fueron los Rastrojos.

Uno de los hechos recientes más horrendos tuvo lugar en el corregimiento de Sánchez cuando varios integrantes de los Rastrojos torturaron, asesinaron y desmembraron al hombre identificado como Efraín Arzusa y junto a él a una trabajadora sexual; otras dos mujeres aún se encuentran desaparecidas en el mismo caso sucedido el 14 de septiembre de 2011. Este hecho está recopilado en la Defensoría Regional del Pueblo.Según las estadísticas de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas de Nariño, entre los años 1998 y 2014 se contabilizaron 18.997 personas víctimas de desaparición forzada en el municipio.

Los policarpenses nunca olvidarán a alias “Efraín”, alias “Japonés”, alias “Camilo”, alias “El Flaco o Jefferson”, alias “Javier”, alias “Ramiro”, alias “Cachamba”, entre otros, quienes estuvieron al mando del frente 29 de las Farc.
Como tampoco pasarán por alto los nombres de Guillermo Pérez Alzate alias “Pablo Sevillano”, Guillermo León Marín, alias “Alex o el Doctor” y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias “Juan Carlos”, los tres comandantes del Bloque Libertadores del Sur de las Auc, a quienes la comunidad tilda de autores de varias masacres, violaciones y desapariciones a lo largo y ancho del río Patía.

El extraditado cabecilla paramilitar alias “Pablo Sevillano” reconoció su responsabilidad en una diligencia de versión libre en Tampa, Estados Unidos, en junio de 2009, en 28 homicidios selectivos ejecutados entre los años 2000 a 2004 en Pasto, Tumaco y la Cordillera Occidental, entre ellos el de Libio Tito Hernández, un sindicalista de la Universidad de Nariño en el 2002.

25 años después la violencia no para

Clarisa Mancilla nació en Cumbitara y terminó como desplazada en Policarpa. La historia trágica de esta mujer afro, de 64 años, comienza en el 2004, cuando irrumpieron los paramilitares en la zona y se le llevaron a su hijo Ezequiel, de 20 años. El muchacho “volvió a los tres días con raspones y heridas en su cuerpo”. Los enfrentamientos entre las Farc y los “paras” podían durar hasta tres horas, “nosotros teníamos que escondernos debajo de las camas, estábamos bajo dos fuegos”, cuenta. Pero quien la saco de su predio fue la guerrilla tras calificarla de “sapa”.

En la Personería Municipal de Policarpa se recepcionan entre 50 y 100 declaraciones mensuales de igual número de víctimas que argumentan, como Clarisa, daños psicológicos y diversas violaciones a los derechos humanos.
Por eso la personera, Andrea Bastidas, confiesa no dar abasto a tantas declaraciones y manifiesta que es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la que no acepta la figura del daño psicológico, por lo tanto plantea hoy más que nunca la presencia de psiquiatras y psicólogos en zonas de conflicto como Policarpa, para que asistan a hombres y mujeres y así superen el miedo, el temor y la ansiedad que les produce la violencia.

Recuerda que hace dos meses una mujer llegó hasta su despacho procedente del corregimiento de Santa Rosa presa de la angustia y la desesperación porque había sido violada delante de sus tres hijos por un grupo armado ilegal, y desde esa época no ha recibido la atención adecuada.

El cura párroco Wilson Salas después de tres años de estar en su apostolado afirmó que la gente lo que le dice es que muchos de los familiares de las víctimas tuvieron que salir de Policarpa en medio del miedo, que hubo mucho dinero como producto del narcotráfico y que varios campesinos aún se resisten a dejar los cultivos ilícitos “porque aquí hay gente que vive sin Dios y sin ley”, agregó el sacerdote.

Muchos dejaron de consumir pesacado porque temían que estuvieran contaminados por los muertos arrojados al río.

A los muertos los arrojaban desde un puente

El abogado litigante Javier Gómez, ex personero de Policarpa, ha sido considerado por algunos de sus paisanos y funcionarios públicos como un “loco” y “atrevido” porque ha defendido los intereses de las víctimas que reclaman la reparación por daños psicológicos. Defiende a capa y espada su versión de que los grupos armados ilegales, especialmente los “paras”, lanzaron a sus víctimas al río Patía y a otras corrientes como el Guaítara, Iscuandecito y quebrada San Pablo, pero además asegura que los cuerpos de otras víctimas del Patía, que según algunos pobladores pueden ascender a los 1.000, también se encuentran en los cementerios ilegales o a campo abierto en los poblados de Sánchez, Sidón, Miguel Nulpi, Santa Cecilia, Tortuga, El Cocal, San Martín, Playa Menuda, La Roncadora, Taitán, Pesquería, Sanabria, El Desplayado, Cerro Santa Cruz, Santa Rosa y San Roque.

La versión que tiene el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en Nariño, Javier Patiño, es que muchos de los campesinos que regresaron a sus parcelas después de haber participado en el paro armado del año 2000 fueron arrojados vivos al río Patía y a otros los torturaban y mataban para luego tirarlos al río por haberse dejado convencer de uno o de otro bando.

Desde el puente Rojo o El Arenal, según el abogado Gómez, fueron lanzados después del año 2000 por los distintos actores armados varios cuerpos de hombres y mujeres; esta estructura metálica se encuentra 18 kilómetros de Policarpa, pasando por el corregimiento de El Ejido, en los límites con el municipio de Cumbitara.
Por él transita todos los días con un machete en su mano derecha Pedro Martínez, un jornalero de 51 años de edad que dice que nadie podía decir ni hacer nada. El campesino estimó que en esa zona hay más de 30 cementerios clandestinos donde los grupos armados enterraban a sus víctimas.

José Mercedes Esterilla Ordóñez, un lanchero afrodescendiente que dedicó 30 de sus 62 años de vida a trabajar en el Patía, dice que debió abandonar su parcela en el corregimiento de Sánchez junto a su esposa, Segunda Ubaldina García y sus ocho hijos, y que uno de ellos, que trabajaba como mototaxista, está desaparecido desde hace un año.
Cuenta que su drama empezó en el 2006, cuando desde la orilla varios hombres, al parecer guerrilleros, le hicieron señas para que se acercara, cuando lo hizo le exigieron que tenía que dejar el lugar.

Pocos días después los mismos hombres lo despojaron de su única herramienta de trabajo, su lancha, que había adquirido tres meses antes por 24 millones de pesos, gracias a un crédito bancario.
Esterilla Ordóñez llegó a comprender qué el río se había convertido en un verdadero cementerio cuando un pasajero cayó al río, él se arrojó para salvarlo pero en medio de su asombro y terror también halló hasta cinco cadáveres de hombres y mujeres en avanzado estado de descomposición que flotaban en el río. “Yo no sabía qué hacer, pensaba que eso me podía tocar también a mí en cualquier momento”, dijo.

Hoy, Policarpa es un municipio aparentemente tranquilo, su gente se dedica especialmente al comercio y la agricultura, aunque hay personas que en voz baja dicen que en el Bajo Patía se sigue sembrando la coca en zonas históricamente dominadas por las Farc.

La muerte “navegó” hasta Bocas de Satinga

El otro escenario de violencia y barbarie fue la localidad de Bocas de Satinga, cabecera del municipio de Olaya Herrera. A Bocas de Satinga, que cuenta con 31.204 habitantes, solo se puede llegar desde el puerto de Tumaco o desde Buenaventura luego de 18 horas de recorrido en buques y lanchas.
La violencia en Bocas de Satinga se remonta a comienzos del año 2000 con los fuertes enfrentamientos entre la columna “Alonso Arteaga” de las Farc bajo el mando de los alias “Richard” e “Iván” y los paramilitares al mando de los alias “Panameño”, “Curva” y “Tyson” de las Auc.

El peor recuerdo de sus habitantes data de marzo de 2002 cuando las Farc atacaron el pueblo y asesinaron al secretario de Educación, Pablo Castro, al director de Desarrollo Comunitario, Junior Salas, y al ciudadano Yesid García. Además unas 30 viviendas y parte de la zona comercial fueron incineradas con las bombas que lanzaron más de 30 guerrilleros desde las aguas del río Satinga.

En febrero de 2011 incursionaron las bandas criminales Águilas Negras y Rastrojos, cuyos cabecillas alias “Bolaños”, “Félix” y “Apache” meses después fueron capturados por hombres de la Armada Nacional en el vecino municipio de Mosquera.

Esta localidad aparece en el contexto nacional a comienzos de febrero del presente año, cuando el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en rueda de prensa celebrada en Pasto comunicó a los periodistas que en dicha localidad “encontramos probablemente 62 cuerpos de personas desaparecidas, estamos hablando de realización de exhumaciones de personas que murieron entre el año 2000 a 2005 como consecuencia de la violenta lucha que emprendió el paramilitarismo”.

Fue entonces cuando mencionó el nombre de Chaín el Mago del que dijo “cuando aparecían los cuerpos en el río, un funcionario del municipio enterró a las personas e hizo algunas anotaciones”.
Chaín el Mago es Ángel Segundo Hernández Salazar, nacido en la vereda El Cocal del municipio de Mosquera hace 80 años. Este hombre llegó a Bocas de Satinga el 28 de diciembre de 1954. Algunos lo tildan de “loco”, otros de “charlatán” pero lo cierto es que dice ser el sepulturero de la localidad.

Aseguró haber recogido el primer cadáver del río Patianga como los pobladores le llaman al Patía porque se une al Sanquianga frente a Bocas de Satinga, en 1.943 y correspondía al de un niño que se había ahogado.
Recordó luego que la “matanza brava”, empezó en el año 2001 simultáneamente con la siembra de cultivos de coca. Ángel Segundo admitió haber enterrado 55 cuerpos de hombres y mujeres NN en fosas comunes en el cementerio. Por hacer este trabajo los paramilitares al mando de alias “Matamba” y alias “Niche” lo amenazaron y tuvo que salir de la localidad por espacio de un año, después regresó.

José Jorge Perlaza, alcalde de Olaya Herrera en el período 2003 a 2005, aseguró que por esa época Bocas de Satinga se convirtió en el corredor natural de todos los cadáveres de hombres y mujeres que eran asesinados en Policarpa y Cumbitara, agregó que “pasaban entre dos a tres cuerpos amarrados con palos, iban con un aviso que decía prohibido tocar o prohibido agarrar”.

El alcalde que huyó de la violencia

Para un líder que se abstuvo de revelar su nombre por seguridad, uno de los episodios más tristes en la vida administrativa de Olaya Herrera se registró en el año 2000, cuando los olayenses eligieron como alcalde a Pablo Rodríguez pero cuando apenas empezaba su mandato se fue a Pasto. “Él nunca puso una queja, ni una denuncia y cuatro años estuvo gobernando desde allá”, añade el dirigente. En su ausencia entró a Satinga el paramilitarismo con más de 50 hombres del bloque Libertadores del Sur. “Esa gente aquí hizo muchas barbaridades, yo hasta creo que no se han hecho las acciones judiciales para encontrar a mucha gente que puede estar muerta, creo que hasta había un complot con las autoridades porque cuando iba a ver un operativo militar ellos (los soldados y policías) ya sabían y se iban”, afirmó este hombre.

De acuerdo con el cura párroco de Bocas de Satinga, Roberto Carvajal Cortés, al pasado violento que enmarca la historia de Olaya Herrera, hay que sumarle el olvido estatal y la ausencia de la Fuerza Pública, “muchas veces el Estado hace presencia pero con aviones para fumigar, pero sin traer soluciones reales”, dijo.
Jhon Kevin Perlaza, personero de Bocas de Satinga, expresó que fueron los paramilitares, los mayores responsables de los asesinatos y masacres en el municipio entre los años 2000 y 2009.

Nélson Pérez Peña, defensor comunitario de la Defensoría Regional del Pueblo, reveló que en la convulsiva zona, la dinámica del conflicto armado cambió desde el momento en que ingresaron los paramilitares, cuando las disputas territoriales generaron las mayores vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y afirmó: “el gran cementerio era el río Patía y todo el mundo lo sabía”, y por eso la gente dejó de comer pescado durante muchos meses.


* Esta historia es resultado del proyecto "La cobertura periodística del conflicto y la paz", en su fase editorial liderada por Consejo de Redacción (CdR) con el apoyo de International Media Support".

MAURICIO DE LA ROSA SALAZAR
EL TIEMPO
Nariño

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