Llevar gas del interior a la Costa, una idea a la que pocos apuestan

Llevar gas del interior a la Costa, una idea a la que pocos apuestan

Falta que Ecopetrol diga si hay gas para más de tres años y que Gobierno cumpla con las tarifas.

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01 de diciembre 2015 , 07:53 p.m.

El anuncio del Gobierno de hacer una convocatoria pública para la realización de las expansiones de los sistemas de transporte de gas con el fin de abastecer a la costa Atlántica con los campos del interior del país (Cusiana), como parte de las salidas para asegurar un servicio más barato a esa región, no es garantía suficiente para que estos gasoductos se amplíen y ayuden a mitigar la menor producción en los campos de La Guajira.

Según los agentes encargados de las inversiones de expansión de los gasoductos, hay factores de incertidumbre que limitan la decisión de los inversionistas de financiar un proyecto principal, que puede sumar 355 millones de dólares.

David Riaño, presidente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa que hoy que opera los gasoductos que movilizan unos 392 millones de pies cúbicos al día desde este campo del Casanare, le dijo a EL TIEMPO que existen dos razones que hoy hacen inviable un proyecto de esta magnitud.

Con el antecedente de que desde el 2014 la firma le presentó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un proyecto para ampliar en 100 millones de pies cúbicos la capacidad del gasoducto entre Cusiana (Casanare) y la estación de Vasconia, en Puerto Boyacá (Boyacá), el directivo explica que la primera barrera a la que se enfrentan TGI y cualquier inversionista es una señal adversa sobre el suministro del gas en el largo plazo, por parte de Ecopetrol. La petrolera ha manifestado que tendría una capacidad adicional de 70 millones de pies cúbicos diarios, pero esta cantidad solo estaría disponible por tres años, ya que tiene en mente hacer un proyecto de generación de energía en estas zonas, utilizando este gas para abastecer de luz a sus campos de producción.

“La situación es compleja porque cuando esté listo el gasoducto no estaría el gas para mover”, asegura Riaño.
Malas experiencias

El segundo aspecto está relacionado con la incertidumbre que tiene TGI acerca del valor que finalmente se recibirá como reconocimiento por esta inversión, pues los ingresos dependen de una metodología tarifaria de la Creg, cuyo borrador de actualización debió salir este año y la cual se sigue esperando todavía.

Esta señal es clave para que cualquier inversionista se postule, debido a que con base en los ingresos aprobados las entidades financieras dan los recursos para apalancar el proyecto, pero en el caso de TGI su experiencia con la Creg ha sido negativa.

Riaño recuerda que en el 2010, cuando el país vivía una situación compleja por otro fenómeno del Niño (aunque no tan grave como la actual), el Gobierno les pidió acelerar las inversiones en expansión, con la promesa de que posteriormente les reconocería las inversiones.

En total, TGI invirtió unos 550 millones de dólares, pero cuando llegó la revisión tarifaria les hicieron ‘conejo’ y les reconocieron solo una parte de estos recursos.

“Esto fue un golpe muy duro para la compañía, porque el Gobierno nos había dado la señal, pero cuando llegó el expediente solo nos reconocieron el 70 por ciento”, indica Riaño.

Por ello, la decisión de TGI es que hasta que no exista sobre la mesa un número de lo que van a reconocer tarifariamente por el proyecto no se puede tomar la decisión, pues de lo contrario es hacerlo sin saber qué va a pasar y si se va a dar pérdida.

El directivo señala que el Gobierno tiene que ser más decidido en la política sectorial, y debe definir, cuanto antes, si establece una tarifa o si hace la subasta.

“Los dos caminos existen, pero que haga alguno”, agrega tras advertir que si el tema se destraba en el 2016, por la vía que sea, la ampliación del gasoducto estaría lista solo en el 2019, y entre tanto existe la probabilidad de que llegue otro fenómeno del Niño.

En cuanto a las obras para revertir el flujo de gas en el sentido sur-norte, estas son actividades menores que pueden costar unos 10 millones de dólares, pero el tema de fondo es que haya gas garantizado para por lo menos 10 años.

En abril estará definido

El ministro de Minas y Energía, Tomás González, señaló que una vez sea expedido un decreto que ordena los temas de confiabilidad de gas, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) tendrá que realizar la convocatoria, y si hay algún aspecto regulatorio, será la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la encargada del tema.

Según el funcionario, las obras de reversión del flujo de gas son más rápidas, pero para las actividades más importantes la convocatoria deberá estar lista hacia abril del 2015.

“La idea es no tener que esperar a ver si la empresa quiere o no hacer lo que no ha querido, sino que se pueda hacer como con la planta de regasificación. La obra va”, dijo el funcionario.

De acuerdo con el Ministro, si bien hoy hacia el interior del país se están moviendo hasta 140 millones de pies cúbicos procedentes de los campos de La Guajira, se espera que en pocos meses aumente la oferta en el Caribe y que se venzan unos contratos del interior, con lo cual la Costa tendría una mayor oferta de gas desde Cusiana.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu

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