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La mitad de juzgados no está listo para el comienzo de justicia oral

En 2.546 despachos civiles, de familia y agrarios no hay internet y 1.028 salas no están adecuadas.

MILENA SARRALDE DUQUE
El Consejo Superior de la Judicatura comenzó una carrera contrarreloj para garantizar que el Código General del Proceso, la norma que en su momento el presidente Juan Manuel Santos calificó como “la verdadera reforma de la justicia”, pueda entrar en vigencia desde el próximo primero de enero con todas las condiciones de infraestructura y tecnología.
La oralidad y el código, creados por leyes del 2010 y 2012, prometieron terminar con la congestión y la impunidad en los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia, y reducir a un año los tiempos de esos casos que se demoraban hasta una década. Además, bajar el represamiento de procesos de ese tipo, que suman un poco más de 510.000.
Esas normas trajeron como principal cambio que todo lo dicho por el juez y las partes en los procesos ya no tiene que constar por escrito, sino de manera oral, lo que hace los procesos más expeditos.
Aunque la oralidad funciona en 23 de los 33 despachos de los distritos judiciales (distintos a los del sistema penal) y en 476 juzgados civiles o de familia, la entrada en vigencia en pleno en todo el país está en deuda. Primero fue aplazada el 28 de mayo del 2014 porque la Judicatura consideró que aún no había recursos suficientes y fijó como plazo máximo de implementación este 31 de diciembre.
Por eso, el primero de octubre pasado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió un acuerdo que ordena, a partir de enero del año entrante, que la oralidad entre en vigencia en su totalidad. Hay 10 distritos judiciales en donde estaba pendiente, como Antioquia, Buga, Cundinamarca, Ibagué, Mocoa, Neiva, Quibdó, Villavicencio y Yopal.
Si bien la Judicatura asegura que las condiciones están dadas en juzgados civiles y de familias, existen sectores que señalan que con lo que se tiene la reforma comenzará cojeando. (Lea: Judicatura defiende inicio de la reforma)
En un derecho de petición que la Judicatura le respondió al Ministerio de Justicia, conocido por EL TIEMPO, la Sala Administrativa de ese organismo señaló que hay al menos 1.028 salas que no tienen adecuación tecnológica (micrófonos, sistemas de grabación, etc). Citó que para la adecuación de audio en las salas, la Judicatura firmó el contrato 085 del 2015, cuyo avance es del 40 por ciento.
El software de Justicia XXI Web, vital para que los despachos puedan cumplir con una de las reformas claves del Código General del Proceso (crear los expedientes electrónicos, la notificación electrónica y la consulta de procesos en internet), según la misma Judicatura apenas está instalado en los computadores de los despachos en San Andrés, Sucre, Baranoa y Barranquilla, dos municipios del Valle, once de Caldas (sin incluir a Manizales) y cinco de Córdoba, pero no Montería.
De los 4.661 despachos que hay en todo el país, esas regiones con expediente en línea abarcan solo 255 juzgados, donde ya se han colgado en la red 56.870.
En cuanto a la cobertura a internet, el 45 por ciento de esos juzgados en Colombia (2.546) no están conectados, y de los 1.096 municipios, los juzgados del 75 por ciento (821 municipios) no tienen cobertura.
Frente a si el Código General del Proceso y la oralidad en pleno van a poder funcionar, también hay división entre los mismos jueces. María del Pilar Arango, directora de la Corporación de Jueces y Magistrados, afirma que las condiciones sí están dadas, al menos en Bogotá. "Aquí tenemos muchas salas de audiencia, vamos para 54; ya todos los jueces civiles de Bogotá entramos en oralidad y las audiencias han sido suficientes, tienen buena tecnología, y la gran ventaja es que estamos sacando los procesos muy rápido, en menos de un año”.
Por su parte, Johana Marcela Martínez, jueza 38 civil y representante de Asojudiciales, asegura: “Los juzgados en Bogotá apenas estamos empezando a ajustarnos. No todos hemos recibido capacitación por parte de la Judicatura. Considero que cuando estemos en etapa de juzgamiento, las salas que se crearon no van a dar abasto”. Añadió que hoy ni en los 34 juzgados de descongestión civiles ni en los 8 civiles del circuito ni en los de pequeñas causas funciona el software Justicia XXI (de expediente en línea).
Piden aplazar vigencia
Los senadores Manuel Enríquez Rosero, del partido de ‘la U’, y Eduardo Enríquez Maya, del partido Conservador, presentaron ante el Congreso un proyecto de ley que fue apoyado por representantes de las altas cortes y delegados de la Procuraduría, que busca prorrogar al menos por tres años la implementación.
Con este panorama –según el proyecto de ley que ya no alcanzará a ser discutido por falta de tiempo–, “se corre el riesgo de culminar el ingreso de la oralidad e iniciar la vigencia del Código General del Proceso en condiciones que, además de desconocer la ley, conllevarían a un colapso del trabajo judicial de proporciones mayores que el que se trató de superar con el cambio del sistema procesal”.
El proyecto de ley plantea que en los distritos donde ya funciona la reforma “no se tienen las condiciones logísticas para asumir el cambio de sistema procesal”, pues, afirma, encuestó a 16 despachos con oralidad y el 66 por ciento reportaron salas de audiencia insuficientes y el 45 por ciento asegura que la tecnología no es óptima.
En el caso de Bogotá, en donde la oralidad en pleno se empezó a implementar hace cuatro meses, los 10 juzgados civiles del circuito de la capital ya ajustan en promedio 1.142 casos, aunque, según el informe ‘Cargas razonables de trabajo’ del Banco Mundial, la carga óptima son 679 procesos. En el caso de los municipales, mientras la carga razonable es de 679 casos, el promedio es de 1.537.
¿Fallas de ejecución o faltan recursos?
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló la semana pasada que las dificultades de la justicia se derivan de fallas en la administración. Según dijo, este año se han recibido quejas “de problemas para implementar el Código General del Proceso porque no se acabaron de instalar los equipos técnicos que se requerían. Pero el Consejo Superior de la Judicatura acaba de devolverle al Ministerio de Hacienda 56.000 millones de pesos destinados a tecnología. Esto es una mala administración de los recursos”, dijo. En el 2014, cuando se aplazó por primera vez el inicio de la norma, la Judicatura dijo que le hacían falta 2 billones de pesos.
MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Justicia
justicia@eltiempo.com
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