La voluntad popular por la paz

La voluntad popular por la paz

Los guerrilleros deberán concentrarse en zonas donde el Estado asegure su integridad personal.

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28 de noviembre 2015 , 08:22 p.m.

La dinámica del proceso de paz y la proximidad de un acuerdo final hacen necesario definir con tiempo los mecanismos institucionales a través de los cuales se pondrá en marcha su efectiva y oportuna implementación.

Los contradictores del proyecto de acto legislativo para la paz lo objetan porque, a su juicio, es ilegítimo. Es una verdadera majadería, porque la legitimidad de los cambios que se adopten deriva de la refrendación ciudadana del acuerdo de paz. No puede ser ilegítimo lo que se somete al proceso legislativo, al control constitucional y nace de la voluntad popular.

A su turno, se cuestiona la validez del plebiscito, que de ordinario implicaría una participación del 50 % del censo electoral, porque reduce el voto por el ‘sí’ al 13 % del mismo. En realidad no se trata de un cambio ad hoc. Porque la refrendación a la que se invita no es estrictamente un plebiscito, en la medida en que no versa sobre una decisión gubernamental (art. 7, Ley 134 de 1994). Es decir, se están definiendo reglas nuevas de procedimiento para una modalidad de consulta popular especial que es viable según la Constitución.

Descalifican el mecanismo refrendatario escogido por el simple prurito de que preferirían un referendo que, bien saben, es inmanejable a través del sistema de preguntas individuales por tema y jurídicamente inviable, porque aquel solo es posible cuando se trate de “aprobar, rechazar o derogar un proyecto de norma jurídica” (art. 3.º, Ley 134 de 1994), lo que no se predica del acuerdo mismo.

Tampoco es cierto que esta reforma sustituya la Constitución. Fue la misma Carta del 91 la que nos enseñó en aquel entonces que por la paz era posible hasta otorgar facultades omnímodas al Presidente, inclusive por el término de tres años, sin trámite legislativo alguno (art. 13 transitorio), para facilitar procesos de reinserción, mejorar las condiciones económicas y sociales de los desmovilizados, reformar el ordenamiento territorial mismo y hasta el funcionamiento de las corporaciones públicas.

En últimas, de lo que se trata es de reconocer que los procedimientos de reforma extraordinarios que trae nuestra Carta política son insuficientes para poner en marcha los acuerdos, en condiciones de seguridad y eficacia, que no comprometan el futuro mismo del proceso de reinserción. Basta con imaginarse lo que pasaría si se mantienen los procedimientos vigentes. Luego de la firma, los guerrilleros deben desmovilizarse y concentrarse en zonas definidas en las que el Estado les asegure su integridad personal y su acceso a la justicia transicional. Si nada se hace, los desmovilizados tendrían que esperar un año a que se tramite la reforma constitucional que adopte la jurisdicción de transición y otro más para el trámite de la ley estatutaria que defina sus procedimientos. ¿Dos años después de la firma, sometidos al imperio de la sorpresa, de la inestabilidad y de las contingencias jurídicas y políticas?

La necesidad de implementar los acuerdos en forma inmediata es una lección que nace de experiencias internacionales, que debería ser suficiente para buscar el consenso político en torno a la reforma. Sería ideal que, invocando la razón, el Gobierno no desfallezca en este empeño y evite avanzar con las solas mayorías que nacen de la posición monolítica en torno a la paz de Cambio Radical, el liberalismo y ‘la U’. La oposición, que ha reclamado la necesaria concentración de la guerrilla en zonas confiadas al cuidado de la Fuerza Pública, debe entender que esta modalidad de desmovilización no es posible si se deja la puesta en marcha de los acuerdos al letargo de nuestras instituciones ordinarias.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

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