¿De universidad de la Fiscalía a elefante blanco?

¿De universidad de la Fiscalía a elefante blanco?

En menos de un año se debilitó uno de los proyectos bandera del fiscal Eduardo Montealegre.

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28 de noviembre 2015 , 04:44 p.m.

Este es el primer paso de un largo camino que vamos a construir en los próximos años en la Fiscalía (...). Es la columna vertebral de la modernización; la gran apuesta es cómo tecnificamos la Fiscalía General, cómo iniciamos un gran proceso de capacitación en nuevas tecnologías”.

Esas fueron las palabras del fiscal general, Eduardo Montealegre, el 7 de julio del año pasado en el Ministerio de Educación, cuando nació la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), una de las grandes apuestas del ente acusador en el marco de la reestructuración de la Fiscalía.

Esa estrategia duró apenas un semestre y tiene en vilo a 39 estudiantes que se matricularon en el pregrado y las dos especializaciones que alcanzaron a ser ofrecidas. Ellos pagaron sumas de más de un millón y medio de pesos, y hoy piden una solución a las directivas de la CIJ luego de ser notificados, por internet, de que la universidad entraba en una pausa indefinida. (Lea también: Choque entre Fiscal y rector destapa lío en la Universidad de la Fiscalía)

“Lamentablemente debemos informarle que por motivos de fuerza mayor no podremos continuar con el proceso de inscripciones para el primer semestre del año 2016 en ninguno de nuestros programas, ya que la convocatoria ha sido suspendida indefinidamente”, se lee en la página web de la CIJ.

La crisis estalló esta semana y se manifestó en una de las más fuertes peleas del fiscal Montealegre con sus subalternos. Esta vez fue con César Augusto Solanilla, uno de sus hombres de confianza, quien dice ahora que el proyecto educativo en el que el Estado ha invertido más de 17.000 millones de pesos empezó a languidecer cuando se negó a nombrar dos recomendados de Montealegre.

Los estados financieros de la universidad señalan que se gastaron 7.500 millones de pesos a corte de diciembre del 2014, y que este año ya se habían invertido 9.700 millones de pesos.

La Fiscalía asegura que más de seis mil millones de pesos se invirtieron en mejoras de las sedes que son del ente acusador y que serían usadas para el funcionamiento de un centro de altos estudios, en el que se capacitarán los 25.000 funcionarios del organismo y en el que se realizarían los concursos de carrera administrativa. Para finales del año pasado, cuando la universidad aún no había abierto sus puertas, ya se habían gastado 800 millones de pesos en gastos de personal, 1.241 millones en gastos generales y 5.550 millones en infraestructura.

El proyecto del Fiscal era contar con una sede de pregrados, en la antigua escuela de Aquimindia del DAS; otra en la calle 73 en el norte de Bogotá, para posgrados; una sede para capacitar peritos en un lote donado por la alcaldía de Chía, y otra dependencia en Ibagué, ciudad de origen de Montealegre.

Todo ese proyecto está ahora en entredicho, y la flamante universidad está a punto de terminar convertida en un centro de altos estudios, con muchas menos aspiraciones académicas y científicas.

¿Autonomía, en duda?

Aunque la Fiscalía ha señalado que la universidad goza de autonomía, en los consejos directivos de la institución era frecuente escuchar a Montealegre dando instrucciones sobre el funcionamiento del centro educativo y sus planes de expansión.

En uno de esos consejos, el Fiscal señaló que el centro de investigación de Chía podía costar 80.000 millones de pesos y que iba a hablar con la Policía para que la institución aportara parte de esa millonaria inversión. También se habló de montar el proyecto con aportes del Gobierno de los Estados Unidos y otros países. De hecho, la CIJ alcanzó a recibir más de US$ 300.000 de cooperación internacional.

Y en medio de la polémica entre Montealegre y Solanilla, la suerte de la universidad de la Fiscalía sigue en veremos. El Gobierno, según el Ministerio de Hacienda, no tiene planes para inyectarle dineros.

Por su lado, el Congreso decidió no aprobar el presupuesto del centro educativo para el próximo año, lo que agravó la crisis. El senador Antonio Navarro explicó al respecto que se había pedido una partida muy grande para la nueva institución, justo en un momento en el que el Estado solo piensa en recortes. “Es un momento de estrechez presupuestal; la universidad apenas está comenzando, y solo tenía 39 estudiantes. Entonces se decidió aplazar la inversión para un mejor momento”, indicó Navarro.

El senador Antonio Guerra dijo que en el momento de examinar el presupuesto para la CIJ, el Ministro de Hacienda pidió un par de días para hablar con la Fiscalía, y que en la siguiente sesión la respuesta fue que el tema se podía aplazar. “Se decidió entonces mover esa plata a otros sectores que lo necesitaban más”, expresó.

Y mientras los estudiantes esperan respuesta, la Fiscalía avanza en las investigaciones por supuestos malos manejos. Uno de los ingenieros será llevado ante la justicia esta semana por plagio, y el director Solanilla fue citado a interrogatorio y podría terminar enredado penalmente por el mismo tema.

‘Universidad sin un gran auditorio no es universidad’

En las reuniones del consejo directivo de la CIJ, presidido por el fiscal Eduardo Montealegre, el alto funcionario planteó que bienes decomisados a la mafia podrían ser usados para financiar la universidad y pidió a sus funcionarios explorar la posibilidad de vender esos activos para fortalecer el proyecto educativo.

En marzo pasado, en la última reunión a la que asistió, Montealegre dijo que sería “una cosa sencilla” tramitar un proyecto en el Congreso para viabilizar esa fórmula, aunque señaló que se podría acudir a un decreto presidencial, lo cual consideraba “más rápido”.

En esa misma reunión, el Fiscal se quejó de que el proceso para la construcción de las sedes de la universidad iba muy lento. Por eso planteó la opción de que la Fiscalía invirtiera de su presupuesto en mejorar algunos inmuebles y luego los donara al centro educativo.

También dejó ver su desacuerdo sobre el modelo de las APP (asociaciones público-privadas), una de las estrategias del Gobierno para sacar adelante obras en el país. “Ha sido tan difícil arrancar; yo le he perdido fe a la APP. Trámites y trámites, y no arrancan. Tenemos que ser realistas. El problema no es de la Fiscalía, es la estructura, como están organizadas”, señaló Montealegre.

Igualmente, dijo que la universidad necesitaba una gran biblioteca y que era necesario tener un buen auditorio.

Ni la Fiscalía General ni esta institución tienen auditorio. Es importante tener un gran auditorio. Universidad sin un gran auditorio no es universidad”, sostuvo en otra de sus intervenciones.

En una de las primeras reuniones en las que se expuso el proyecto a funcionarios del Ministerio de Educación, el Fiscal General cuestionó el antiguo modelo de capacitación del ente acusador.

“Teníamos una escuela que daba cursitos de cinco días, de 15 días. Esto no tenía sistematicidad, una programación (...). Esto requiere inversiones cuantiosas, que no las ha hecho el Estado”, indicó.

Mineducación dice que CIJ es autónoma

La ministra de Educación, Gina Parody, sostuvo que la CIJ es una institución autónoma y que su suerte depende del Fiscal General.

“El Fiscal creó una universidad y él tenía que buscar los recursos para sostenerla. Entiendo que esos recursos que encontraron fueron para liquidarla, entonces es completa responsabilidad de la Fiscalía”, dijo Parody.

Frente a la petición de intervenir la universidad que hizo el rector César Solanilla, la Ministra explicó que ese escenario solo se podría dar en caso de que se establezca que hubo malos manejos.

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