Maldonado estará preso por unos días en calabozos de la Fiscalía

Maldonado estará preso por unos días en calabozos de la Fiscalía

Estará en el búnker mientras es trasladado a una cárcel, como lo pidió el ente acusador.

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27 de noviembre 2015 , 08:55 p.m.

El poderoso empresario Víctor Maldonado, extraditado por las autoridades españolas, pasó su primera noche preso en Colombia. Por orden de un juez que legalizó su captura, pasará los próximos días en los calabozos de la Fiscalía para que responda ante la justicia nacional por el descalabro del Fondo Premium de Interbolsa.

Esa estación será temporal porque el organismo investigador pidió que sea enviado a una cárcel, como ya sucede con otros protagonistas del escándalo. Durante la diligencia, el juez consideró que no se había registrado ninguna irregularidad en el proceso de captura de Maldonado y que se habían respetado sus derechos fundamentales.

Sobre el mediodía de este viernes, el empresario, acusado de los delitos de estafa, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero y no reintegro, arribó al país custodiado por agentes de la Dijín y el director del CTI, Julián Quintana.

Durante el vuelo, señalaron investigadores, estuvo leyendo un libro (El sari, de Javier Moro) y se quejó de dolores de cabeza y mareos. Tras su llegada fue trasladado en medio de un fuerte operativo de seguridad al búnker, en donde fue reseñado y sometido a exámenes médicos que determinaron que, en general, su salud es buena.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que Maldonado exigió a los funcionarios encargados de su captura la presencia de varios especialistas, entre ellos un urólogo, un cardiólogo, un neurólogo y un siquiatra. Igualmente, entregó certificados de especialistas españoles sobre los problemas de salud que, asegura, lo aquejan.

Fuentes que lo acompañaron en ese proceso señalaron que Maldonado se quejó en varias ocasiones de que la Superintendencia de Sociedades, que encabeza la liquidación de sus empresas, “le quitó todo” y que “lo dejó en la ruina”.

De hecho, el abogado Iván Cancino, quien defiende a Maldonado, sostuvo ayer que el liquidador tiene bienes avaluados entre 60 y 70 millones de dólares, valor que, sostiene, es suficiente para pagarles a las víctimas en el proceso.

“Mi cliente se ha cansado de decirle al liquidador que venda esos bienes y pague lo que se debe”, señaló Cancino. Igualmente, el abogado habló de una supuesta falta de garantías para que Maldonado sea juzgado en el país, y que por esa razón intentó eludir a las autoridades colombianas huyendo a España.

Ayer, el fiscal Eduardo Montealegre dijo que en la investigación hay evidencias sobre la participación de Maldonado en la comisión de delitos que dejaron a más de mil personas como víctimas, las cuales perdieron no menos de 22.000 millones de pesos por los malos manejos del Fondo Premium.

El próximo 7 de diciembre, la Fiscalía lo acusará formalmente por delitos por los que podría pagar entre 10 y 12 años de cárcel.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que hasta ahora no ha habido ningún acercamiento para un acuerdo de colaboración con Maldonado, y que si decidiera aceptar cargos en la próxima audiencia podría recibir rebaja de hasta una tercera parte de la pena.

‘Hizo parte de una organización criminal de cuello blanco’

En el escrito de acusación radicado contra Víctor Maldonado y los demás investigados, la Fiscalía señala que hicieron parte de una “organización criminal de cuello blanco” que delinquió entre 2008 y noviembre de 2012, y que con “artificios” buscaron el beneficio de unos pocos inversionistas a cuyos bolsillos llegaron los dineros aportados por particulares al Fondo Premium.

Maldonado es señalado de recibir a través de sus empresas 570 créditos por valor de 114.169 millones de pesos, así: 59.541 millones a Helados Modernos de Colombia S.A.; 16.750 millones a la sociedad Malta S.A., y 37.878 millones a la sociedad Las Tres Palmas Ltda.

En esas operaciones, denominadas en libros como “dinero para invertir”, se detectó que no hay existencia de registros contables que permitan identificar a las personas que entregaron los recursos y que tampoco hay prueba de que como contraprestación a esa inversión se prestó algún servicio o se entregó algún bien. Tampoco hay registro del pago de intereses.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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