Concentración de oferentes para contratos en regiones prende alarmas

Concentración de oferentes para contratos en regiones prende alarmas

El 96 % de contratación de transporte en municipios estaría hecha a medida de ciertos proponentes.

notitle
27 de noviembre 2015 , 08:40 p.m.

Pese a que el Gobierno ha promovido la implementación de los pliegos tipo y herramientas legales para evitar que la contratación de infraestructura se concentre, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, reveló preocupantes cifras al respecto.

Durante el cierre del XII Congreso Nacional de la Infraestructura, el dirigente gremial reveló que el 96 por ciento de los contratos de transporte en los municipios del país conduce a únicos oferentes.

Y, además, aseguró que en el caso de los departamentos, el 76 por ciento de los contratos de transporte está hecho a la medida para que únicos proponentes puedan adjudicárselos, con un evidente costo económico.

“El costo anual de la corrupción en el nivel subnacional es de 500.000 millones de pesos. Ese es un grave problema que debe ser corregido. Hay razones para denunciar la escasa pluralidad que daña el sano desarrollo de nuestra industria”, aseguró el dirigente gremial.

Ante este grave panorama, la CCI consideró necesario hacer ajustes en las leyes de contratación (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 del 2007). “En esos retoques debe hacerse el pliego tipo vinculante para evitar procesos licitatorios manejados por los corruptos”, dijo. (Lea también: Listos pliegos de licitación para vías de cuarta generación)

Y este panorama de corrupción regional –agregó– debe ser afrontado por las pequeñas y medianas compañías de infraestructura que operan en el país.

Sin embargo, ante el llamado del gremio, el Gobierno busca que estas firmas puedan acceder a un mayor número de proyectos, gracias a que se eliminarán las restricciones a la entrega de anticipos para obras hasta de 20.000 millones de pesos.

A investigar más

Entre tanto, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, aseguró que la entidad a su cargo, la Procuraduría, la Fiscalía y varias entidades con misión de vigilar la contratación pública “tienen que aumentar sus investigaciones, buscando más ofertas para que el Estado se beneficie de la libre competencia entre distintos oferentes”.

Asimismo, advirtió que los entes de vigilancia y control deben fortalecer sus mecanismos para garantizar que la contratación en todo el país sea más transparente y que cuente con una estandarización de los documentos.

Y aunque las cosas han mejorado en el ámbito nacional, la SIC adelanta una investigación en torno a varios procesos licitatorios, que involucran presupuestos por 3,2 billones de pesos y en los que hay más de 300 procesos de contratación estatal en revisión, en los cuales han participado 540 empresas.

Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, recordó que el Gobierno está promoviendo un pacto por la transparencia, que se constituye en un conjunto de “reglas claras para evitar actos de corrupción y para impedir que existan contratos direccionados a favorecer un único oferente”.

Los que se vinculen al pacto por la transparencia, dijo el Jefe de Estado, recibirán recursos de la Nación y “quienes no lo hagan no tendrán nada”.

Agregó que se alista una nueva ley de contratación pública que “debe establecer reglas de juego” que no sean para un sector en particular. “Tenemos previsto presentar esa reforma al Congreso en los próximos meses y nuestro objetivo es que sea un estado del arte en contratación”, sostuvo.

‘Se favorece a las castas regionales’

Durante un panel sobre transparencia, Néstor Humberto Martínez, exministro asesor de la Presidencia, señaló que la contratación pública atraviesa una crisis, que se está fraguando en medio de una democracia local enferma.

“Esta no concita la formulación de políticas públicas, sino que está puesta al servicio de intereses”, aseguró.

Y dijo que este sistema se ha estado recreando en castas regionales y clanes políticos, que capturan regiones.

Se hacen licitaciones públicas amarradas. Necesitamos una cirugía profunda. Si no reformamos el sistema político no será posible avanzar”, advirtió.

Para el exministro, las cifras de la contratación en las regiones son preocupantes, y presentó datos similares a los de Fedesarrollo. Por ejemplo, que en el 2014 el 83 por ciento de los contratos en los municipios tuvo un único proponente, porcentaje que fue del 50 por ciento en los departamentos.

Según Martínez, con base en cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre el 2005 y junio del 2015 hubo 3.898 sanciones penales por cuenta de delitos contra la administración pública.

De estas, el 35 por ciento se originó en el delito de cohecho, mientras un 24 por ciento provino del peculado. Entre tanto, un 14 por ciento tiene raíces en la concusión y un 5 por ciento, en la celebración indebida de contratos.

Por este último factor, dijo Martínez, en esa década apenas se dieron 199 sanciones.

Aunque el flagelo de los proponentes únicos ha hecho estragos en los últimos años, el exministro recalcó que las licitaciones del Plan de Vías para la Equidad tienen un promedio de 40 proponentes por cada proyecto. En total, son 57 iniciativas que suman 4 billones de pesos.

HÉCTOR SANDOVAL DUARTE
Enviado especial

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.