Editorial: Zonas vedadas

Editorial: Zonas vedadas

San Victorino, San Bernardo y San Andresito no pueden seguir siendo emporios de la informalidad.

26 de noviembre 2015 , 09:00 p.m.

Son tres sectores bogotanos, cercanos entre sí y que tienen en común haber tomado, directa o indirectamente, su nombre del santoral católico. Se trata de San Victorino, San Bernardo y San Andresito. Pero no es la toponimia lo único que los une.

Por desgracia, y como lo ha venido registrando este diario en los últimos días, los tres afrontan hoy graves inconvenientes. Mientras que en San Victorino las aglomeraciones propias de esta época del año tienen lugar en un entorno que no está preparado para ellas, en San Bernardo el microtráfico y la inseguridad derivada de este son el principal azote. Por último, en San Andresito el gran problema es la existencia de enclaves en los que se vende no solo contrabando, sino también licor adulterado, y que por momentos pareciera ser territorio de acceso vedado para la autoridad. Eso se puede deducir luego de la violenta reacción de algunos comerciantes ante un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera en días pasados.

Ninguno de los tres flagelos es nuevo ni aislado del entorno social y urbano. Si hay venta de estupefacientes es porque existe demanda proveniente de diversas zonas de la ciudad, igual que en el caso del licor. A la carrera 10.ª entre calles 10.ª y 13, por su parte, llegan de distintas partes del país personas en difícil situación, con la ilusión de lograr algunos ingresos por medio del comercio informal.

Hay que resaltar cómo dos de ellos –San Victorino y San Bernardo– han sido objeto de intervenciones ambiciosas del Distrito en varias ocasiones, las cuales se han quedado cortas. Sobre todo en el primero, donde además hay que añadir que un plan de renovación urbana de gran envergadura, que data de hace quince años, cuando se construyó el aledaño parque Tercer Milenio, nada que logra despegar.

No es halagador, pues, saber que en pleno corazón de la capital de la República existen estos emporios de la informalidad, en los que se desarrollan actividades que repercuten negativamente en la sociedad –o con potencial para causar una tragedia, como es el caso de San Victorino–. De distintas formas, han faltado acción y presencia constantes de las autoridades: para decomisar mercancía que la ley prohíbe comercializar, para evitar que proliferen lugares de venta de sustancias proscritas y para que establecimientos comerciales observen lo dispuesto por las normas vigentes en cuanto a prevención de desastres, sin olvidar el deber de garantizar que el espacio público sea para el goce de todos y no para la explotación de unos pocos que, además, se aprovechan de manera ruin de personas en situación de vulnerabilidad.

La conclusión salta a la vista: solo a unos pocos les conviene que persista un estado de cosas que perjudica o puede llegar a perjudicar a miles de bogotanos. Y esa minoría se beneficia y se ha venido beneficiando históricamente de la incapacidad del Distrito y de otras autoridades para cumplir con su deber.

Es hora, pues, de que lo hagan, pero no con acciones de gran repercusión mediática y poco impacto real. Hay que ser implacables con los delincuentes, firmes en la aplicación de la ley y cuidadosos de que los perjudicados no sean quienes ya eran víctimas de las mafias. Para ello es fundamental que quienes padecen día a día en carne propia estos flagelos sean los primeros en colaborar.


editorial@eltiempo.com

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