El acuerdo nuclear, causa de una mayor represión en Irán

El acuerdo nuclear, causa de una mayor represión en Irán

A las sentencias y nuevas capturas de periodistas se suma el control de internet.

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26 de noviembre 2015 , 06:57 p.m.

Todo es cuestión de perspectivas. Para unos, las sentencias extremas que se han dado contra varios artistas en los últimos meses, y la presión cada vez mayor contra periodistas, activistas o artistas, solo es la continuación de unas políticas represivas que han existido en la República Islámica desde su creación. Para otros, es la consecuencia esperada del acuerdo que pone límites al programa nuclear iraní, presentado el pasado 14 de julio en Viena.

“Nos los esperábamos. Este es un mensaje para el presidente Rohani –por Hassan Rohani– y para el resto de la sociedad de que la situación no va a cambiar como muchos esperan”, explica un reconocido analista local que pide no dar su nombre por lo sensitivo del tema y que confirma que la presión ha ido en aumento en los últimos meses. A las sentencias y nuevas capturas se añade el control de internet, incluidas cientos de cuentas de correo pirateadas. Y, según se presagia, la situación podría empeorar en el marco de las elecciones parlamentarias del próximo febrero.

El gobierno del clérigo moderado Hassan Rohani, a los ojos de cualquier observador, es uno de los grandes ganadores del acuerdo. Pero, por las mismas razones, el sector conservador, especialmente el más radical, se siente amenazado y teme perder la mayoría en el Parlamento. Los más fundamentalistas, entre otros, temen que los principios de la República Islámica, incluido el velo, van a derrumbarse de repente. De allí la pelea para quitarle credibilidad a un gobierno que llegó al poder con la promesa de otorgar mayores libertades sociales y de restablecer relaciones con el mundo.

Días atrás, un grupo de músicos recocidos le enviaron una carta al presidente Rohani, en la cual protestaban porque se les había prohibido cualquier actividad musical en el país. El argumento que les daban las autoridades responsables era que sus producciones eran difundidas por emisoras –o portales– iraníes que emiten en el extranjero.

Estas actuaciones van totalmente en contra de las promesas del Gobierno, que a través del ministro de Cultura, Ali Janati, había prometido que reduciría la influencia de los cuerpos de inteligencia en el ministerio.

Pero ha sido imposible. Numerosos conciertos han sido cancelados y más de una docenas de artistas mujeres han tenido que abandonar los escenarios después de haber recibido el permiso previo de las autoridades.

Otros, sin embargo, han recibido castigos más severos. Dos de los poetas jóvenes más recocidos del país, Fatemeh Ekhtesari y Mehdi Musavi, fueron sentenciados a 11 y 9 años en prisión, respectivamente, y 99 latigazos.

Las acusaciones incluyen “insultar los valores religiosos” e “interactuar con medios y artistas extranjeros”. Una de las pruebas que se tendrían en su contra es que habrían saludado de mano a colegas de sexo opuesto, una costumbre cada día más generalizada entre un gran sector de la juventud iraní.

Pero el panorama no es prometedor. La autoridad máxima de la justicia en Irán, el ayatolá Sadeq Larijani, ha sido enfático en afirmar que “Irán no se rendirá a tratar los derechos humanos tal como son interpretados en Occidente”.

Esta reacción llegó después de que el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Ahmed Shaheed, presentara un informe en el cual asegura que, aunque ve una mayor voluntad de Irán de interactuar con la ONU, también observa con preocupación que algunos aspectos están empeorando.

Esto incluye las ejecuciones –800 en lo que va del año–, la situación de la mujer, que sigue siendo considerada de segunda clase, y la detención de periodistas –actualmente hay cuarenta en prisión.

El último intento por acallar las voces críticas llegó dos días atrás con la captura de los reconocidos periodistas Ehsan Mazandarani e Isa Saharkhiz, quien había quedado en libertad meses atrás después de pagar una condena de seis años. Saharkhiz, que tuvo a cargo el departamento de prensa del ministerio de Cultura durante el gobierno del reformista Mohammad Jatamí, hizo parte de ese numeroso grupo de políticos, comunicadores y activistas que fueron puestos en prisión después de las elecciones controvertidas del 2009, las cuales dieron como victorioso a Mahmud Ahmadineyad.

Entonces se le señalaba, como al resto de los detenidos, de realizar propaganda contra el régimen, de estar promoviendo una revolución de terciopelo y de actuar en contra de la seguridad nacional.

Hoy, los cargos son similares. La captura de Saharkhiz llega días después de saberse de la captura del reconocido empresario iranoestadounidense Siomak Namazi.

Este joven, residente en Dubái, es uno de esos tantos jóvenes que crecieron entre Estados Unidos e Irán y que siempre creyeron que se podría crear una nueva dinámica entre ambos países.

Al mismo grupo también pertenece el corresponsal de The Washington Post Jason Razaian, quien está preso en Irán desde el 22 de julio de 2014. Se le habría condenado, entre otros cargos, por espionaje.

Días atrás, la agencia Fars, relacionada con los Guardias Revolucionarios, publicó un articulo en el que señalaba al periodista de haber orquestado una gran operación de espionaje, de la cual la administración del presidente Hassan Rohani “estaba posiblemente al tanto”.

La historia política de Irán siempre ha estado construida sobre una balanza. Cuando los líderes se olvidan de aquel equilibrio, es su perdición”, explica el analista Saeed Laylaz, quien argumenta que el sistema se está encargando de recordarle al Gobierno que su poder tiene límites.

Laylaz, que estuvo preso después de 2009, es de aquellos que nunca esperó que la situación fuera a cambiar.
Al fin y al cabo, los excandidatos políticos del 2009, Mir Hussein Musavi y Mehdi Karrubi, siguen en prisión domiciliaria, y el nombre del expresidente Mohammad Jatami no puede ser mencionado por ningún medio de comunicación iraní.

Siete líderes religiosos, en prisión desde el 2008

Se cumplen ya siete años del arresto de los líderes bahá’ís Mahvash Sabet, Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm. En la actualidad, los cinco hombres cumplen condena en la prisión de Gohardasht, en Karaj, en las afueras de Teherán, y las dos mujeres, en la prisión de Evin, en Teherán. Los siete eran miembros de un grupo ahora disuelto conocido como Yaran-i-Irán (Amigos de Irán), que actuaba con el conocimiento del Gobierno y se dedicaba a la atención de las necesidades espirituales y sociales de los 300.000 miembros de la comunidad bahá’í del país.

En la madrugada del 14 de mayo de 2008 se arrestó, en una serie de redadas efectuadas en Teherán, a seis de ellos; Mahvash Sabet había sido detenida 2 meses antes, el 5 de marzo de 2008.

Estas redadas recordaron las sucedidas 25 años antes, cuando los líderes a nivel nacional de la comunidad bahá’í iraní fueron arrestados de forma repentina y trasladados para su ejecución poco después, por lo que este incidente despertó una considerable alarma entre los activistas internacionales de derechos humanos. Las primeras semanas no se tuvo noticia ni de la suerte ni del paradero de ninguno de los 7, ni de ningún cargo presentado en su contra.

Después de una serie de irregularidades, sucedidas una tras otra tras el arresto, tales como el haber estado detenidos al menos durante nueve meses sin que las autoridades formularan cargo alguno en su contra y que, finalmente, los cargos se habían presentado en una rueda de prensa, no en un tribunal; que se les había denegado el acceso a sus abogados durante más de un año, y su primer contacto con ellos había sido solo una hora antes del comienzo de su juicio; que se les había negado el derecho a acogerse a la prerrogativa que tenían de solicitar la libertad bajo fianza y ser liberados en espera de juicio, cada uno de ellos fue condenado a 20 años de prisión. Se les condenó por falsos cargos de espionaje, “actividades de propaganda contra el régimen” y la organización de una “administración ilegal”, entre otros.

CATALINA GÓMEZ ÁNGEL
Especial para EL TIEMPO
(Tomado de la página oficial de la comunidad ‘bahá’í’ España)

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