'Liquidación de Saludcoop no resarce daño patrimonial': Contraloría

'Liquidación de Saludcoop no resarce daño patrimonial': Contraloría

Aseguró que el daño estará saldado cuando EPS pague los 1,4 billones que debe tras condena fiscal.

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26 de noviembre 2015 , 05:47 p.m.

La Contraloría General aseguró que "no es cierto que con la liquidación y el servicio que prestará la EPS que reemplazará a Saludcoop se resarcirá el daño patrimonial por 1,4 billones de pesos que le causó al Estado".

Ese dinero hace parte de la condena fiscal que la Contraloría ratificó -en segunda instancia- el 11 de febrero del año pasado contra 15 exdirectivos de Saludcoop por desviar recursos de la salud de los colombianos.

"Hasta que los recursos que fueron desviados y apropiados indebidamente no retornen efectivamente al sistema, no se puede entender que hay resarcimiento", dijo la Contraloría.

El organismo afirmó que, ante la decisión del Gobierno de liquidar de manera definitiva a Saludcoop, "se ha dado información imprecisa sobre los efectos de los fallos emitidos por este órgano de control", pues estos no cesan aún cuando la EPS sea liquidada.

Recordó que el fallo del 2013, confirmado en segunda instancia en el 2014, declaró responsable a Saludcoop del desvío de recursos parafiscales, y de los ingresos provenientes de las cotizaciones de los usuarios. También desvió las cuotas moderadoras y copagos, recobros al Fosyga, entre otros dineros.

"Los recursos del sistema fueron usados y destinados de manera indebida a financiar gastos administrativos que no guardan relación de causalidad con el objeto social principal de la EPS, incluyendo gastos diferidos, honorarios, gastos de viajes, servicios públicos, bonificación y arrendamientos, así como inversiones no autorizadas y costos de financiación no justificados cuyo propósito era financiar dichas inversiones", dijo la Contraloría.

Añade que el daño causado por los exdirectivos de Saludcoop no ha cesado pues los dineros públicos que salieron del sistema de Salud no han sido retornados al mismo.  "Por consiguiente, no es exacto afirmar que con la liquidación y el servicio que prestará la EPS que reemplazará Saludcoop se resarcirá el daño. El daño será resarcido cuando los recursos desviados salgan de la apropiación privada y retornen al Sistema General de Seguridad Social en Salud", dijo.

El organismo reiteró que los directivos de la EPS que siguen en deuda con el Estado, pues no han pagado la condena fiscal, son Carlos Gustavo Palacino Antía, María Carolina Lamus, Alberto Castro Castillo, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, Eugenio Mejía Serna, Gabriel Franco Espinoza, René Cavanzo Alzugarate, Ana María Piñeros Ricardo, José Enrique Corrales Enciso, José Tobías Correa, Luis Albeiro Medina, Jaime Chávez Suárez, Claudia López Ochoa, Rubí Hernández de Aránzazu, Carlos Antonio Paz Martínez, Saludcoop EPS OC, Audigroup Ltda y P& T Ltda.

Para dar garantías para esos pagos, la Contraloría decretó varias medidas cautelares que mantiene vigentes sobre diferentes inmuebles de la EPS y de Palacino, quien era el presidente de Saludcoop en la época de los hechos.

El fallo fiscal

En el fallo proferido en primera instancia en el 2013 y confirmado en el 2014, el organismo de control señaló que las acciones de Carlos Palacino, quien fue el hombre fuerte de la EPS, y 15 de sus directivos causaron un “daño patrimonial a los recursos del sistema de seguridad social”.

Calificó su conducta de “dolosa y gravemente culposa” pues afectó la “liquidez y estabilidad financiera del sistema” y lesionó “la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”.

Entre sus argumentos, la Contraloría señaló que detrás del desvío del dinero –que aunque debía ser invertido en servicios médicos terminó en gastos administrativos no autorizados– había una estrategia que comenzó hace 15 años.

“En 1998 se iniciaron las prácticas que generan de manera continua e ininterrumpida, y bajo un mismo hilo conductor, el desvío a lo largo de los años de los recursos parafiscales”, indicó el organismo de control en el fallo, de 378 páginas, en el que sanciona también a empresas afiliadas a la EPS, como Audigroup y Procesos y Transacciones, al considerar que “contribuyeron y patrocinaron el desvío de dineros”.

JUSTICIA

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