¿Por qué Uber le apuesta a un proyecto de ley en el Congreso?

¿Por qué Uber le apuesta a un proyecto de ley en el Congreso?

La jugada no es solo de forma. La jerarquía jurídica hace que una ley esté por encima de un decreto.

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25 de noviembre 2015 , 08:15 p.m.

Hace unos días el Gobierno, en cabeza del ministerio de Transporte, anunció un proyecto de decreto sobre el transporte de lujo, con el que se pretende también regular servicios como el que presta Uber.

Después de un largo debate entre el gremio de los taxistas, el Ejecutivo y los propietarios de este tipo de transporte individual, que incluso tuvo capítulos como los llamados ‘bloques de búsqueda’ y las persecuciones de taxistas a los carros blancos de Uber, el gobierno explicó las medidas sobre esta nueva reglamentación. (Lea también: Decreto de taxis de lujo pone reglas a servicios como Uber)

Pero el enfoque para muchos no cumplió con las expectativas de los usuarios y dejó grandes vacíos, especialmente en lo relacionado con los servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas, que es a lo que precisamente se dedica Uber.

Es decir, el decreto exige que los servicios de taxis de lujo se conviertan en empresas de transporte constituidas y avaladas por el ministerio de Transporte, y que cuenten con plataformas tecnológicas para hacer efectivo el pedido del vehículo.

Una exigencia que Uber no está dispuesto a aceptar porque se constituye, no como una compañía de transporte, sino como una aplicación móvil para solicitar taxis VIP.

“No somos una empresa de transporte público, somos una compañía desarrolladora de software. Los conductores profesionales se inscriben en nuestro sistema y pagan un pequeño porcentaje por cada una de las carreras que completan”, afirmó en 2013 Patrick Morselli, responsable de la expansión de Uber en Latinoamérica, en entrevista para EL TIEMPO.

En plata blanca, a lo que se dedica Uber es a conectar a alguien que tiene un vehículo, con ciertas características y que le paga un porcentaje a la plataforma por estar en su base de datos, con otra persona que necesita movilizarse.

¿Qué le queda entonces? Dos salidas: o volverse empresa de transporte como lo exige el decreto o apostarle al proyecto de ley que este miércoles se presentó ante el Congreso de la República.

Uber fue estratégico y decidió acompañar el decreto y analizar las implicaciones del texto, pero al mismo tiempo acompañar su apuesta más grande: el proyecto de ley. (Lea también: Los detalles del proyecto de ley sobre Uber que se radicará en el Congreso)

La iniciativa radicada por un grupo de senadores y representantes crearía una nueva categoría de movilidad en la ciudad conocida como “Servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”.

Usuarios, socios conductores, representantes de Uber y de otras aplicaciones como Tripda y Fuímonos, que también promueven la movilidad compartida, se reunieron para acompañar la radicación del proyecto de ley.

“En Uber respaldamos el acuerdo de reglas sobre el rol que deben tener estas tecnologías en la movilidad urbana y en la mejora de la calidad de vida de los colombianos (…) celebramos la iniciativa de los parlamentarios autores de la nueva categoría de Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas, porque confirma la vocación de las instituciones públicas por defender el derecho de los colombianos a la libre movilidad y a la libre elección de la forma en que quieren desplazarse por su ciudad”, afirmaron las autoridades de Uber en un comunicado.

Aunque aparentemente esta jugada solo es de forma –especificar quiénes son empresas de transporte y quiénes son plataformas o aplicaciones para solicitar un taxi-, la verdad es que tiene un fondo más complejo. (Lea también: Uber, un 'monstruo' de mil cabezas / Análisis)

Según las disposiciones colombianas, la jerarquía de las leyes es una pirámide en la que la Constitución está por encima de todas las normas, luego la siguen las leyes orgánicas y especiales, después las leyes ordinarias, los decretos, y finalmente los reglamentos.

“De esos cinco algunos son de carácter nacional y otros solo se rigen dentro de un territorio específico o local. Según esa jerarquía, las leyes estarían por encima de los decretos. Solamente hay un evento en que un decreto tiene el mismo rango de la ley y es cuando se le dan al Presidente de la República facultades para legislar sobre un tema específico”, afirma a ELTIEMPO.COM, Felipe Sánchez, abogado y especialista en nuevas tecnologías.

Al decreto anunciado por el ministerio de Transporte no le aplica esta última característica facultativa presidencial, por lo que, de salir el proyecto de ley que este miércoles se radicó ante el Congreso, la reglamentación presentada por el Gobierno hace un par de días ayudaría a regular cierto tipo de empresas, pero no a Uber.

El Congreso, sin duda, es una plaza más asequible para este tipo de iniciativas, y por ello representa la gran apuesta de este tipo de aplicaciones. ELTIEMPO.COM intentó contactar a las autoridades de Uber para conocer sus apreciaciones sobre el proyecto de ley y las posibilidades que puede tener en el Congreso, pero sus declaraciones solo se limitaron al comunicado de prensa.

Algunos políticos han mostrado una posición ambigua sobre el decreto pues piensan que “se quedó corto” en la regulación que se buscaba de Uber, otros, como la misma ministra de Transporte, Natalia Abello, afirman que el decreto “responde a las necesidades del usuario” y “está encaminado a avanzar en la modernización del sector”.

Pero el senador Ángel Custodio Cabrera, integrante de la Comisión Sexta, que se encarga de legislar sobre el tema de transporte, piensa lo contrario. En entrevista con el diario EL TIEMPO, el legislador afirmó que “el decreto solo cambió de color los carros. No escucharon a la gente que quiere otros tipo de servicios, que quiere otra alternativa en materia de atención al usuario”.

Los opositores de Uber tienen dos caminos: el primero apelar a que la plataforma se adhiera al decreto o esperar a que el ministerio de las TIC decida si bloquea o no la aplicación, algo que parece estar lejos de la agenda de una cartera a la que no le interesa dar el mensaje de que la innovación y la inversión tecnológica en Colombia puede ser restringida. El otro es que bajo una acción colectiva lleven ante un juez la causa de Uber y apelen a algún delito para, con aval del Mintic ordenar el bloqueo de la plataforma.

“Esto se podría hacer sólo si hay un elemento de flagrancia del delito de la aplicación. Las únicas veces que eso pasa es cuando, por ejemplo, una plataforma está relacionada con pornografía o con explotación sexual infantil, explica Sánchez.

Cómo está configurado el proyecto

- Se debe crear una Empresa de Redes de Transporte (ERT) para satisfacer necesidades de movilización y transporte de personas o cosas.

- Esas ERT están regidas ante el Ministerio de Transporte

- Esas ERT tendrán como actividad permanente la operación y administración de las plataformas tecnológicas para lasolicitud y verificación del servicio, la idoneidad de los conductores, las condiciones de los vehículos y los seguros contractuales y extracontractuales

- El servicio no está sujeto ni a rutas ni a horarios

- El usuario fija el sitio de recogida y el lugar de destino

- La programación o solicitud de servicio, pago y facturación se debe realizar mediante aplicaciones para dispositivos móviles.

- Debe existir un Prestador del Servicio de Transporte que puede ser una persona jurídica o natural autorizadas por el Ministerio de Transporte y registrada ante una Empresa de Red de Transporte (ERT).

- Se crea una Licencia de Operación emitida por el Ministerio de Transporte, autorizando a un vehículo automotor a operar como prestador del Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas.

- Los vehículos deben registrarse en las ERT y prestar el Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas.

- Crear el Fondo de Infraestructura y Movilidad, que será administrado por el Ministerio de Transporte para financiar y apoyar proyectos prioritarios de infraestructura y movilidad e iniciativas para el mejoramiento de la calidad de vida de los conductores del servicio de transporte individual de pasajeros.

CINDY A. MORALES
Subeditora ELTIEMPO.COM
cinmor@eltiempo.com

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