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Inician indagatorias a militares por torturas en Palacio de Justicia

Inician indagatorias a militares por torturas en Palacio de Justicia

Hoy será escuchado el coronel Edilberto Sanchez Rubiano.

25 de noviembre 2015 , 08:05 a. m.

El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, exjefe de la brigada de inteligencia del Ejército en Bogotá, será el primero de 14 oficiales que tendrá que dar explicaciones en la Fiscalía sobre sus actuaciones durante la retoma del Palacio de Justicia.

Sánchez Rubiano, que fue llamado a juicio por el delito de desaparición forzada y está pendiente del fallo de un juez en ese caso, ahora fue citado a indagatoria en la investigación por las torturas que sufrieron varios visitantes y trabajadores del Palacio de Justicia.

En febrero del 2013 la Fiscalía pidió condenar Sánchez Rubiano y a los exmilitares Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Martin Causalla Peña por el delito de desaparición forzada. Ellos hacían parte del B2 grupo que, según la investigación, fue el encargado de recibir e identificar a las personas que salían del Palacio.

En expedientes judiciales dice que Sánchez Rubiano era el encargado del puesto de mando en la Casa del Florero a donde eran llevadas e interrogadas las personas que salían del Palacio de Justicia. El oficial se identificaba como 'Arcano 2' durante la retoma.

En la nueva línea de investigación por tortura también tendrán que ir a la Fiscalía: general (r) Iván Ramírez Quintero, excomandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coci), el general Rafael Hernández López, William Vásquez Rodríguez, Ferney Causaya Peña, Fernando Nieto Velandia, Antonio Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Bernardo Garzón Garzón, Luis Carvajal Núñez, Eliseo Peña Sánchez, Alberto Fracica Naranjo y Antonio Buitrago Tellez.

Luego de escucharlos en indagatoria la Fiscalía tendrá que resolver la situación jurídica de Sánchez Rubiano y los demás investigados que podría incluir una medida de aseguramiento en centro carcelario.

JUSTICIA

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