Era grande la expectativa en torno al decreto que el Ministerio de Transporte había anunciado para zanjar la discusión legal que generó la irrupción en el país de la aplicación Uber y que, finalmente, fue revelado el lunes pasado.
Antes de cualquier consideración sobre su contenido, conviene recordar que tan cierto como que el servicio que prestan los vehículos cuya operación se basa en esa tecnología necesita una reglamentación actualizada es que el éxito logrado por esta combinación es señal de que el servicio que ofrecen los ‘amarillos’ no se corresponde con las expectativas de un sector importante para los usuarios.
Dicho lo anterior, hay que advertir que la norma expedida sí reconoce este segundo aspecto, y crea las bases para que empresas de transporte legalmente constituidas puedan ofrecer un servicio que satisfaga los requerimientos de movilización de una franja de la población que, seamos claros, está lejos de ser mayoritaria. Es, sin duda, un avance.
Pero se queda corto. Ante todo porque se tiene la sensación de que las aspiraciones de miles de usuarios cotidianos de taxis de que el Gobierno interviniera para lograr, por medio de nuevas normas, una mejora sustancial en la calidad del servicio no se cumplieron. Y esta es una necesidad sentida. Da la impresión, como se puede confirmar luego de ver las reacciones en distintas esferas, que no se les dio a los ciudadanos la importancia debida en la elaboración del decreto.
Y es que, si bien está claro que el nuevo servicio de lujo cumplirá parte de dichos anhelos, brillan por su ausencia disposiciones necesarias para poner fin a lunares tantas veces enumerados y comentados de los ‘amarillos’. Estos van desde negarse a hacer la carrera hasta la adulteración de los taxímetros. Prácticas que, indudablemente, no son generalizadas, pero que existen y en ocasiones lesionan la imagen de todo un gremio. Lo que inquieta es que la nueva categoría es, como su nombre lo indica, un servicio de lujo para unos pocos, mientras la mayoría sigue en las mismas.
Así mismo, se desaprovechó una oportunidad para modificar el obsoleto y, a juicio de muchos, absurdo sistema de cupos al que recurren las ciudades para regular el crecimiento del parque automotor, que enriquece a unos pocos, sin que le deje un solo peso al Estado.
También hay que decir que el articulado no toca la manzana de la discordia, que es rol que cumple Uber como intermediario entre la oferta y la demanda. De este asunto se ocupa un proyecto de ley que pronto iniciará su trámite legislativo.
En tal medida, la zona gris en la que ha venido funcionando este avance tecnológico se mantiene, escenario que no es el ideal. Se habla de un plazo de seis meses para ajustarse al nuevo marco, pero es posible prever que al cabo de este lapso los argumentos que sus responsables han venido esgrimiendo seguirán sobre la mesa y los vehículos que lo utilizan seguirán rodando por las calles.
Reiteramos, pues, la necesidad de que el Gobierno se ocupe de hacer lo que esté a su alcance para que el servicio tradicional también sea de calidad y prestado por conductores con mejores condiciones laborales. Este es, en últimas, el origen de todo el problema.
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