El sector de San Victorino, en Bogotá, vuelve a sus malos tiempos

El sector de San Victorino, en Bogotá, vuelve a sus malos tiempos

Emergencias, hurtos, indigencia, bandas delincuenciales y comercio azotado. Solo hay 20 policías.

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24 de noviembre 2015 , 07:31 p.m.

El corazón de San Victorino, la zona de comercio más popular de Bogotá, es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede estallar. Así lo reconocen comerciantes formales, informales, policías, autoridades locales y expertos en gestión del riesgo.

El jueves pasado se incendiaron varias bodegas de libros; el sábado, un hombre le prendió fuego a un joven de 18 años como venganza por impedir el hurto de mercancías; con frecuencia, los bomberos atienden incendios por cortocircuitos. A esto se suman la invasión del espacio público, las riñas, las basuras y la inseguridad (hay una banda que se conoce como ‘las mecheras’ que tienen azotada la zona).

Como si esto fuera poco, casi ningún local ni centro comercial tiene plan adecuado en caso de una emergencia o una contingencia.

Ni qué decir del riesgo por la aglomeración de personas en el madrugón que se realiza días miércoles y sábados desde las 3 a. m.: más de 20.000 personas entran y salen en una sola mañana en una jornada comercial que no les brinda las mínimas garantías de seguridad.

El reporte oficial de la Alcaldía local de Santa Fe pone en alerta máxima a las autoridades para la gestión y prevención del riesgo: de todos los establecimientos comerciales que hay en la zona solo dos han presentado planes de emergencia y contingencia: el GranSan y la bodega San Martín.

El tema no es menor si se tiene en cuenta que en toda la zona en un solo día de temporada baja circulan más de 400.000 personas, según cifras de la Federación de Comerciantes (Fenalco).

Al revisar la legislación, el artículo 13 del Decreto 599 del 2013 que obliga a que eventos de alta complejidad (como el madrugón) exigen un plan de emergencias y contingencia y un Puesto de Mando Unificado, lo que daría para que ese evento se sellara, pues allí no hay ambulancias, ni carros de bomberos, ni presencia de la Defensa Civil.

Escaramuzas

Solo hay unos 20 o máximo 25 policías que tratan de mantener la zona en orden cuando no están en el juego del ‘gato y el ratón’ con los vendedores ambulantes. Ayer, a pocos días de iniciar la temporada navideña, se presentaron varias escaramuzas.

Mientras que cerca de 100 vendedores informales increpaban a la Policía por los operativos de recuperación del espacio público sobre la 13 con calle 11, en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) un grupo de al menos 60 comerciantes formales protestaban por la peatonalización de la carrera 12.

San Victorino está conformado por varias manzanas que se extienden desde la calle 9.ª a la av. Jiménez entre carreras 10.ª y Caracas, pero el corazón del sector está entre calles 10 y 11.

Calcular el número de vendedores informales es imposible, pero cada día llegan más y más personas que se instalan en las esquinas, frente a los negocios, en las calles, en las zonas peatonales: donde sea que exista un espacio libre.

Este es, precisamente, un telón de fondo que reclaman los comerciantes formales, quienes con pancartas frente al IDU explicaron que peatonalizar es legitimar la invasión del espacio público, la proliferación de los habitantes de la calle y la restricción del ingreso de sus mercancías.

Pero la invasión del espacio público también es un tema de riesgo, una bomba de tiempo en caso de una emergencia como lo reconoce Geovanny Orjuela, coordinador del Consejo Local de Riesgo de la localidad.

Dice que se ha trabajado “duro” en la concientización de los comerciantes para el cumplimiento del Decreto 599, así como en la orden de recuperar el espacio público con la Policía.

“Si se presenta una emergencia en un establecimiento, al salir a la calle, el drama puede ser peor por la invasión”, advierte.

El director ejecutivo de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, dijo que la inseguridad, la invasión y la falta de autoridad son una bomba de tiempo. Además, pidió respeto por los comerciantes formales que pagan impuestos y solicitó mayor autoridad en la zona.

“La Administración Distrital debe garantizar a los comerciantes formales del sector la seguridad y hacer respetar el espacio público (...). Los vendedores ambulantes son un fenómeno que se puede comparar con parásitos del comercio formal, pues no pagan impuestos y no ofrecen las garantías necesarias al consumidor”, advirtió Orrego.

Cifras entregadas por el gremio indican que el comercio formal genera cerca de 30.000 puestos de trabajo directo e indirecto; más de 2.500 establecimientos comerciales legales; hay 5.000 familias comerciantes, de las cuales el 53 por ciento son mujeres y el 55 por ciento de ellas, madres cabeza de familia.

Para esta Navidad se calcula el incremento de un 30 por ciento en ventas. ¿Qué pasaría en caso de un temblor o una estampida provocada por un delincuente que le prende fuego a un joven que no dejó hurtar los productos de su patrón? ¿En quién recae la responsabilidad? ¿Cuándo estará listo el Puesto de Mando Unificado para proteger a la gente?, preguntan en el sector.

¿Peatonalización o invasión?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aseguró que la carrera 12, entre la avenida Jiménez y la calle 14, será peatonalizada como parte del plan de revitalización del centro de Bogotá.

De hecho, ya hay un contrato por 900 millones de pesos con el consorcio Gama EP, que ha estado desarrollando otras obras y actividades. Entre ellas está incluida la ampliación de andenes de la calle 13 o avenida Jiménez –a la que le eliminaran el carril mixto que hay entre las carreras 13 y 12 para mejorar la movilidad de TransMilenio– y de la carrera 13 –también entre Jiménez y calle 14–. En esta última, se pasará de 5 metros a 8,3 metros de acera, para generar 295 m2 más de espacio público.

Aunque el IDU señaló ayer que están socializando la medida, los comerciantes formales aseguran que la zona se la tomarán los ambulantes, no los peatones.

‘Solo pido que me dejen trabajar en la temporada’

Graciela es una vendedora informal que desde hace 20 años hace su vida y las de sus hijos en San Victorino. Llegó a la capital desde Chivatá (Boyacá).

Ella se resiste a la idea de trabajar en otro lugar y se queja de las constantes obstrucciones para poder ganarse el pan de cada día. Asegura que no la quieren dejar trabajar en la zona y agrega: “Lo peor es que nos agreden y nos quitan las cosas para la venta”.

También dice que las agresiones no solo vienen de los comerciantes formales, sino también de la Policía.

Graciela asegura que lo único que pide es que la dejen trabajar durante los 20 días que dura la temporada de compras navideñas.

Frente a la propuesta del Distrito para trasladar a los informales al parque Tercer Milenio, no solo es escéptica, sino que la rechaza tajantemente. “¿Cómo nos van a llevar con nuestra mercancía al Tercer Milenio, que es el baño de los indigentes?”

‘Nos endulzan con promesas’

Por más de 10 años, Alejandro ha trabajado en San Victorino como vendedor informal de dulces. Los carga sobre su pecho sobre una chaza, que es una especie de estante que se cuelga con tirantas sobre los hombros para tener las manos libres y recibir el dinero.

En ese tiempo ha escuchado a administración tras administración prometerles una solución. “Nos endulzan con promesas, pero nada. Solo nos dan bolillo y no hacen nada contra las bandas de los ladrones. Los prefieren sobre nosotros, porque se roban las mercancías, pero ahí no hay castigo. Y si se denuncia, hay que temer la paliza”, dice.

Hugo Parra
Redactor de EL TIEMPO

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