Avanzando hacia la paz

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Falsa e inútil, la "polvareda" levantada a propósito del indulto a treinta guerrilleros de las Farc.

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24 de noviembre 2015 , 07:22 p.m.

Falsa e inútil, la “polvareda” levantada a propósito del anuncio gubernamental de conceder indulto a treinta guerrilleros de las Farc, detenidos por rebelión y delitos conexos.

Nada nuevo hay ahora distinto a que se reitera la firme decisión del presidente Santos de contribuir a consolidar el proceso de negociación política con las Farc, que después de tres años de los entendibles altibajos ya conocidos parece enrutarse hacia la deseada meta final.

El indulto es una institución propia de los regímenes presidenciales que permite al Jefe del Estado, en determinadas circunstancias y bajo precisas condiciones, dejar en libertad a personas procesadas (indulto impropio) o condenadas (indulto propio), por hechos cometidos con violación de la ley penal.

En Estados Unidos incluso existe la cuestionada facultad, para el Presidente que termina su mandato, de conceder indultos por delitos comunes, y así ha ocurrido en varios casos, bastante controvertidos, por cierto. Entre nosotros, el indulto, si bien lo concede el primer mandatario, solo puede hacerlo en desarrollo de una ley que así lo autorice.

Además, está reservado de manera exclusiva para delitos políticos, es decir, básicamente rebelión y sedición. La decisión sobre qué delitos pueden ser considerados conexos con el político es de naturaleza eminentemente judicial y depende de lo que el juzgador estime pertinente en cada caso particular.

Durante el siglo XIX las múltiples guerras civiles se terminaron con leyes de amnistía e indulto, como la costosa y dolorosa de los Mil Días, por culpa de la cual perdimos a Panamá.

En 1953, Rojas Pinilla hizo un esfuerzo para poner fin a la violencia indultando por decreto tanto a quienes habían atacado al Estado como a quienes se habían excedido en su defensa.

De una u otra forma, todos los gobiernos han hecho uso de este instrumento político-jurídico. Hoy, cuando algunos vuelven a pedir otra constituyente, valdría la pena recordar que la de 1991 (¿la última?), en sus disposiciones transitorias, autorizó al Gobierno para entregarles curules por decreto a los grupos que se desmovilizaran y a dictar las disposiciones “que fueren necesarias” para facilitar su reinserción.

El presidente Samper, con su sacrificado ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, logró que el Congreso expidiera la Ley 418 de 1997 (cuya vigencia ha sido reiterada por leyes posteriores), que contiene amplísimo marco jurídico de instrumentos para conseguir la paz en desarrollo del mandato constitucional.

Casi todos los gobiernos han recurrido a esa figura para indultar guerrilleros en procesos de paz o para conseguir la liberación de soldados secuestrados por la guerrilla, como fue, repito, el caso de Samper y, con idéntico propósito –búsqueda de la paz–, el de Andrés Pastrana, que recurrió a la misma figura. Uribe indultó a ‘Granda’ (hoy, uno de los negociadores de La Habana) por petición del Presidente francés y con la intención o idea (no lograda) de liberar a Ingrid Betancourt.

Así, pues, la actuación del Gobierno va por el camino correcto, no solo en el terreno político, sino también en el plano jurídico, y no deja de haber cierto aire oportunista entre quienes se oponen.

Durante todos estos años, de manera casi imperceptible y cuando se han dado los requisitos, los gobiernos han concedido indultos por motivos políticos. Y aun cuando no ha sido ahora una petición concreta de las Farc, tienen mucho más sentido en el desarrollo del actual proceso de paz.

Tampoco debe sorprender que se atienda la situación de salud de muchos guerrilleros presos en las cárceles. Eso sí, como lo anotó en radio María Isabel Rueda, esa debe ser la preocupación del Gobierno hacia todos los detenidos, con independencia del delito por el cual afronten procesos o purguen condenas, en situaciones dramáticas como las descritas por este diario en reciente editorial. También en esa dirección se ha venido trabajando de tiempo atrás, y al margen del conflicto armado.


Alfonso Gómez Méndez

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