El exgobernador de Santander, el coronel (r) Hugo Aguilar, fue llamado a indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, "por la presunta celebración irregular de contratos para la construcción del Parque Nacional del Chicamocha en ese departamento", según detalla un comunicado de la Fiscalía.
Dentro del proceso de contratación, el entonces gobernador Aguilar Naranjo se asoció con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y constituyeron la Corporación Parque Nacional del Chicamocha como una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, con la finalidad de desarrollar el proyecto de construcción y manejo del Parque Nacional.
"En desarrollo del proyecto fueron efectuados 12 convenios por valor de 21.300 millones de pesos, suma de la cual hubo deducción por concepto de gastos de administración, que al parecer no estuvieron estipulados en los contratos. Esta actividad contractual la podía ejercer el departamento sin intermediario", explica el ente investigador.
La Fiscalía, según el reporte, investiga la posible comisión de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por aplicación oficial diferente.
El exmiembro del Bloque de Búsqueda de la Policía, que dio de baja al narcotraficante Pablo Escobar, salió de la cárcel de San Gil (Santander) el 5 de mayo pasado tras cumplir las tres cuartas partes de una condena de 9 años por ‘parapolítica’.
La pena fue impuesta en agosto del 2013 por la Corte Suprema de Justicia por los vínculos de Aguilar con las autodefensas del desmovilizado Bloque Central Bolívar (Bcb) de las autodefensas.
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de San Gil le otorgó la libertad a Aguilar luego de validar una rebaja de pena de dos años por trabajo en las granjas del centro de reclusión.
El exgobernador se encontraba en la cárcel de San Gil desde diciembre del 2013, a donde llegó trasladado de La Picota, de Bogotá; en ese centro penitenciario había estado 24 meses tras su detención.
Aguilar también fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos durante 20 años, fallo que dejó en firme el Consejo de Estado.
BUCARAMANGA