En una decisión histórica, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) adjudicó 177.817 hectáreas a las comunidades afro del río Naya, tras una batalla legal de 16 años por la titulación de las tierras entre Buenaventura (Valle) y López de Micay (Cauca), en la cuenca del Pacífico.
La tierra adjudicada suma casi la totalidad de predios que en cuatro años la Unidad de Restitución ha devuelto a las víctimas del conflicto y es mayor que el área rural y urbana de Bogotá (153.659 hectáreas). Es la misma zona donde en 2001 ocurrió la masacre del Naya, uno de los mayores crímenes cometidos por los grupos paramilitares contra las etnias del Pacífico.
El litigio se inició desde comienzos del 2000, cuando el extinto Incora admitió la solicitud de titulación para 64 comunidades afro de esa región, cuyo representante inicial fue el señor Isabelino Valencia. Ese mismo año, la Universidad del Cauca se opuso a la adjudicación afirmando que tenía títulos de propiedad que datan de 1827.
Fue hasta el 2008 cuando a las tierras de la Universidad, equivalentes a 97.223 hectáreas, se les extinguió el dominio y pasaron a ser parte del Estado. La institución, que es oficial, interpuso varios recursos que le fueron negados.
Finalmente el 12 de diciembre del 2014 el Consejo de Estado zanjó la discusión jurídica sobre el predio y negó la acción de revisión que interpuso la institución, argumentando que no tiene derecho a las tierras porque “no ejercía ninguna actividad productiva en el terreno”, de forma permanente.
Sobre las hectáreas restantes el Incoder inició un proceso de clarificación de propiedad para determinar si han salido o no del dominio del Estado. El 20 de octubre del año pasado el Consejo de Estado determinó que esas tierras siguen siendo de la Nación y que, por lo tanto, son baldías, lo que hace que sea viable titularlas a nombre del consejo comunitario del río Naya y a las miles de familias que agrupa.
Con esta resolución del Incoder, firmada por el gerente general de la institución, Rey Ariel Borbón, estas tierras adquieren el carácter de comunales para grupos étnicos, por lo que no pueden ser enajenables, vendidas ni embargables.
El Instituto recordó en su decisión que desde 1993 el Congreso expidió una ley que le reconoció a las comunidades afro el derecho de titulación colectiva en los terrenos baldíos, rurales y ribereños que han venido ocupando históricamente en el Pacífico colombiano.
El rector, Juan Diego Castrillón, aseguró que se interpondrá un recurso, “pero no para quitarles las tierras a las comunidades, sino para que se tenga en cuenta a la Universidad”. “Buscaremos una solución intermedia que reconozca derechos de titulación a las comunidades afrodescendientes, pero también a la institución”, dijo. Agregó que la Universidad tiene pruebas de “presencia en la región desde hace más de 100 años y de su trabajo de proyectos de investigación en la zona”.
La resolución impone a los afros el deber de administrar las tierras “de manera que se evite la concentración de tierra en pocas manos”; así como seguir “conservando, manteniendo y propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando, mediante un uso adecuado, la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles como manglares y humedales”.
El resguardo indígena de Joaquincito, de la etnia eperara, recibió 1.640 hectáreas. Este paso también es clave porque el Estado, representado por Incoder, logró que afros e indígenas depusieran conflictos de años por el territorio en el que conviven.
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