Un año de bloqueo a medidas proinmigrantes en EE. UU.

Un año de bloqueo a medidas proinmigrantes en EE. UU.

El presidente Barack Obama ha tratado de mantener estas ayudas a pesar de la enorme oposición.

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23 de noviembre 2015 , 12:02 a.m.

El viernes pasado, el gobierno del presidente Barack Obama le solicitó a la Corte Suprema levantar el bloqueo a las órdenes ejecutivas que firmó hace un año, y que hubieran ayudado a más de 5 millones de indocumentados en Estados Unidos con su situación migratoria.

En el recurso, el Gobierno adujo que seguir retrasando la implementación de dichas órdenes provocaría un “daño irreparable” a millones de personas que esperan obtener un permiso de trabajo o una licencia de conducir. La solicitud fue una respuesta a la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans del 9 de noviembre pasado, de mantener el bloqueo a dichas medidas.

Y es que, después de no conseguir el apoyo en el Congreso a una reforma migratoria integral, Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado la ampliación de Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), un programa para jóvenes que llegaron pequeños a EE. UU., y la creación de un programa similar, llamado Dapa (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents), que beneficiaría a adultos con hijos residentes legales o ciudadanos estadounidenses.

El objetivo del Presidente era evitar que las personas que calificaran para alguno de estos programas fueran deportadas, mientras que el Gobierno se iba a enfocar en expulsar inmigrantes con antecedentes penales y que constituyeran una amenaza.

Según la abogada de inmigración de Miami Martha Arias, hasta ahora no ha habido beneficiados, pues lo único que ha entrado en vigencia, que se presentó dentro de la acción ejecutiva del Presidente, es un memorando sobre las personas que son prioridades para ser deportadas.

Detener deportación

“En ese sentido, si una persona tiene una orden de deportación y no se fue, tiene hijos ciudadanos americanos y no ha sido convicta por algún delito, incluido en esas tres prioridades, puede pedirle a Inmigración que detenga su deportación”, dijo Arias a EL TIEMPO.

Después de que el Presidente firmó las órdenes ejecutivas en noviembre, el 3 de diciembre del 2014 Texas encabezó una demanda ante un tribunal de Brownsville, con el fin de frenar la implementación de ambos programas. A su solicitud se le unieron 25 estados más, para completar 26, de los 50 estados de la nación.

Entre sus argumentos estaba que los programas les ocasionarían perdidas económicas. Adicionalmente, alegaron que al emitirse estas órdenes ejecutivas el Presidente había violado reglas de procedimiento administrativo.

El tema terminó polarizando al país, pues 12 estados más el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, presentaron memoriales legales de apoyo al Gobierno, con el argumento de que los programas podrían ser beneficiosos para sus economías.

La última instancia del Gobierno es la Suprema Corte, que, si decide estudiar el caso, se pronunciaría en junio próximo, cinco meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre, lo que, según los analistas, va a politizar aún más el asunto.

ANA MARÍA JARAMILLO
Corresponsal de EL TIEMPO
Miami.

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