Uno de los empeños grandes y costosos en vidas y en inversión de Colombia en la lucha contra el narcotráfico lo constituye la erradicación manual de la coca. Una tarea titánica, llena de riesgos, que lleva 10 años y en la que han perdido la vida casi 200 colombianos, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.
En este momento se vive una especie de periodo de transición en este frente, pues el Gobierno, cumpliendo un fallo de la Corte Constitucional, dejó de fumigar los cultivos desde el aire, lo cual despertó no pocos e intensos debates.
Por ello, se necesita redoblar esfuerzos para arrancar a mano las plantaciones que durante largos años nos han costado sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, como extraña coincidencia, en los últimos días, en varios departamentos, ha surgido una movilización de los cultivadores para impedir el trabajo de los erradicadores.
La semana pasada, en Briceño (Antioquia), unas 850 personas no permitieron que los grupos móviles salieran a retirar las matas en aquella zona. Igual actitud tomaron otros sembradores en la vereda La Chorrera, cerca de Tumaco (Nariño), donde un grupo de campesinos se instaló a cuidar las plantaciones, según dijo un vocero, conscientes de que están en algo ilícito, pero alegando que de ello viven. En Condoto (Cauca), los policías que realizaban un plan piloto de fumigación a pie fueron atacados con ‘tatucos’. Y en Argelia (Cauca), los labriegos cerraron las vías y procedieron a incendiar los camiones en que iban los erradicadores, acto violento en el que tres militares resultaron heridos.
No es, entonces, una decisión espontánea de una sola golondrina, sino que hay sincronía. Todo indica que detrás están los grupos armados y las bandas criminales. Más cuando estos hechos se han presentado en zonas de influencia de las Farc, el Eln y los criminales del ‘clan Úsuga’.
Esta inquietante reseña plantea serios retos y cuestionamientos. Lo primero es que el Gobierno no puede perder este pulso. Sin la aspersión aérea, es clave que con mayor decisión se ataquen los cultivos en tierra, de la mano del programa de restitución. Más cuando ya se habla de un aumento de áreas sembradas. Porque no solo se requiere arrancar las plantas, sino a los propios campesinos de las garras de los grupos armados que los utilizan y someten. Ellos se tienen que convencer de que hay otros medios de subsistencia, que lo legal paga y que están sujetos a una especie de esclavitud por los narcotraficantes.
Los jefes de las Farc, en La Habana, tienen que ser claros y sentar una posición ante el país. ¿Están realmente comprometidos en abandonar el narcotráfico? ¿Les están prendiendo una vela a Dios y otra al diablo? Tal parece. Por lo menos sus frentes siguen en el negocio criminal. El general José Mendoza, comandante de la Policía en la región de Antioquía, Córdoba y Chocó, afirmó que detrás de los hechos de Condoto están guerrilleros de los frentes ‘Manuel Hernández’, el Boche y ‘Che Guevara’. Lo mismo en Briceño y Puerto Valdivia.
La anhelada paz tiene que estar lo más alejada de esta desgracia que ha sido el narcotráfico. Y esto comienza eliminando de nuestro suelo la materia prima, la mata que mata. Para ello se necesita respaldo a los frentes de erradicación, sustento jurídico y voluntad de los campesinos. Pero lo claro es que no se puede fracasar.
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