La minería ilegal es una de las principales amenazas sobre los ecosistemas del país, en especial los de las cuencas amazónica y pacífica, según han ratificado tanto investigaciones académicas como organizaciones no gubernamentales.
Este negocio, que mueve cerca de siete billones de pesos al año, se concentra en Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc). En estos cinco departamentos, la minería ilegal es responsable de la deforestación de 16.784 hectáreas de bosque primario. Esto implica casi 1.400 hectáreas diarias. (Lea también: Destruyen maquinaria destinada a minería ilegal)
Según una investigación en cinco países en la cuenca amazónica sobre esta problemática, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FDSC), que recopiló los datos colombianos, concluyó que la minería es responsable de que entre 1990 y 2010 se deforestaran en promedio 310.349 hectáreas al año. Es decir, un estimado de 6’206.000 hectáreas de bosque perdidas, lo que equivale al 5,4 por ciento de la superficie del país. Este mismo informe compila cifras alarmantes: se calcula que hay más de 15.000 mineros informales y que el 56 por ciento de las unidades de producción de esta actividad no tienen ningún título ni licencia ambiental.
De acuerdo con un anuncio que dio el Gobierno sobre minería ilegal a mediados de este año, a propósito de un proyecto de ley que busca enfrentarla de manera integral, las grandes mafias se han apoderado de este negocio ilegal –entre ellas grupos armados como Farc, Eln, y bandas criminales–, que con esta actividad afectan a por lo menos 233 municipios del país. (Vea: Minería socava estabilidad de la vía a Buenaventura)
De otro lado, la Fiscalía General de la Nación calcula que las bandas de buscadores de oro, coltán y hasta uranio están dispersas por 12 regiones del territorio nacional que incluyen 21 departamentos.
Al gran daño causado a la cobertura vegetal del país, que el año pasado registró una tasa de deforestación de 140.356 hectáreas, frente a cerca de 121.000 del 2013, se suma el crítico estado de los ríos. De acuerdo con el más reciente Estudio Nacional de Aguas, una de las preocupaciones en cuanto a la calidad del agua son los vertimientos de metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio y el cromo.
Las tres zonas con mayores vertimientos de estos químicos son los ríos Atrato y Cauca (en su tramo por Antioquia) y algunas zonas del Magdalena medio y bajo, lugares donde hay presencia de la minería ilegal.
En un análisis presentado por EL TIEMPO sobre esta problemática, el profesor Guillermo Vásquez, de la Universidad Nacional, explicó que la minería ilegal es una de las tres principales causas de la degradación del recurso hídrico, porque “no es profesional ni legal, lo que deja muchos vertimientos al agua que dañan las cadenas tróficas”. Según el Ideam, cerca de 205 toneladas de mercurio son vertidas al suelo y al agua. Aunque esta cifra puede ser mayor, porque incluso la Red de Nanociencia y Nanotecnología, que viene analizando esta problemática, advierte de 300 toneladas anuales. (Además: Dinero, armas y dragas incautadas en operativo contra minería ilegal)
En los parques nacionales
Según un informe de Parques Nacionales Naturales, los parques de Cahuinarí (Caquetá), Amacayacu y Río Puré (Amazonas) y Puinawai (Guainía) están afectados por la minería ilegal. Y de manera indirecta, Paramillo, La Paya, Alto Fragua, Yaigoje Apaporis, Nukak y Acandí.
Además, todavía se mantienen 37 títulos en zonas de reserva en parques como Orquídeas, Pisba, Los Venados y Serranía Yariguíes.
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