Vivienda pirata no baja pese al auge de la construcción legal

Vivienda pirata no baja pese al auge de la construcción legal

Las urbanizaciones irregulares le cuestan al Estado 2,5 veces más que una en regla.

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21 de noviembre 2015 , 08:57 p.m.

La baja y poco eficiente planeación de ciudades y municipios ha sido el principal caldo de cultivo para que la informalidad en la vivienda mantenga indicadores cuya tendencia no baja, a pesar del auge en la actividad edificadora legal.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) llama la atención porque mientras en el 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que cerca del 20 por ciento de la población vivía en asentamientos marginales, la más reciente encuesta de calidad de vida del Dane mostró que el 19 por ciento de los hogares se han visto afectados por condiciones desfavorables asociadas a fenómenos ambientales, rasgo característico de los asentamientos informales. (Lea aquí: 'La vida en las ciudades empeora': experta en planeación)

Además, para el 2014 los indicadores de pobreza del Dane revelaron que el 10,5 por ciento de los hogares del país no tenían condiciones formales de eliminación de excrementos, el 11,5 por ciento no contaba con acceso a fuentes de agua mejorada y el 5,2 por ciento tenía pisos en tierra.

La presidenta de Camacol, Sandra Forero, sostiene que el crecimiento de las ciudades es inevitable, pero si la gestión urbana no suple las necesidades de la población y su desarrollo socioeconómico, “el resultado es el crecimiento urbano informal y la marginalidad”. Explica que aunque hay muchos elementos para catalogar una vivienda como informal, los más dicientes son el asentamiento en zonas de alto riesgo y la tenencia irregular (sin escritura). En el primer caso, para el 2013 las estadísticas señalaban que en el país había 66.000 viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable y que 310.000 hogares –fueron más de 380.000 en el 2014– habitaban bajo posesión sin título, ocupación de hecho o invasión. Además, hay otros factores como el acceso a servicios públicos, las licencias de construcción y el cumplimiento de normas técnicas, como la de sismorresistencia.

Camacol señala que, en documentos recientes del BID, los resultados muestran que el sobrecosto fiscal de la informalidad, por agua, alcantarillado, pavimentación y alumbrado, puede ser 2,5 veces mayor frente a un proceso de urbanización regular y formal. Estudios del 2010 estimaron que si la situación es crítica, el costo puede ser 7,7 veces mayor.

Pero además del efecto en las arcas del Gobierno, departamentos y municipios, otro gran impacto está en las consecuencias ambientales para las personas.

“Los costos sociales, ambientales y productivos para la ciudad y sus habitantes son muy altos, y en algunos casos irrecuperables, desde la óptica de creación de comunidades”, dice Forero. (Vea: Los municipios más ricos no siempre son los más avanzados)

Energía, lo más pirateado

Mientras la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) no tiene indicadores de conexiones ilegales del servicio de gas domiciliario, debido a que al ser un combustible los usuarios ‘la piensan dos veces’ antes de realizarlas, en la energía eléctrica es donde la informalidad o la ilegalidad es más crítica.

José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), señala que las pérdidas comerciales de energía en el país son de alrededor del 17 por ciento por esta causa. “A las empresas les representan cerca de 500.000 millones de pesos anuales”, indicó, tras advertir que no solo es cuestión de plata, puesto que la manipulación de la infraestructura ocasiona interrupciones en el suministro de energía y un número importante de accidentes con víctimas mortales. (Vea aquí: El robo invisible)

Aunque las pérdidas se presentan en muchas ciudades y regiones de Colombia, la mayor concentración está en la región Caribe (45 por ciento del total). Las otras zonas con niveles altos son Chocó, Cauca y Arauca, principalmente, según Asocodis.

Entre las causas aparecen las altas temperaturas, que hacen que el consumo sea superior y por tanto, también el valor de las facturas, así como la vulnerabilidad de las redes y las bandas organizadas dedicadas a manipular las redes y los medidores.

En la Costa, zona abastecida por Electricaribe, se conjugan estos factores con el hecho de que es una de las zonas más pobres del país y muchas familias no tienen recursos para pagar la energía que consumen. En esta región el 16 por ciento de las familias (unas 400.000) viven en barrios en subnormalidad eléctrica y el 80 por ciento de las familias requieren ayudas del Estado para poder pagar la factura. Lo grave es que la situación tiende a empeorar. (También: 'Tener energía es como una bendición')

Manzur destaca que la problemática no es exclusiva de zonas marginales, sino que se presenta en todos los estratos. “Lo que varía es la modalidad para hurtar energía, pero sin duda la situación de pobreza impacta de manera importante”, concluyó.

Una mezcla de control y prevención

Si bien los municipios tienen el deber legal de ejercer el control urbano, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, indica que, más allá de las acciones policivas, hay que impulsar una correcta planeación que desestimule la informalidad, habilitando suelo en el momento oportuno y en el lugar adecuado.

Solo en Bogotá, un estudio de la Secretaría de Hábitat del 2010 mostró que de 19 localidades –no se contó Sumapaz– 13 estaban afectadas por asentamientos ilegales. En ese momento había 3.466 hectáreas propensas al desarrollo ilegal, con 9.227 ocupaciones ilegales. En cuanto a la piratería de energía eléctrica, desde Asocodis se dice que además de medidas administrativas y legales que prevengan el fraude y que ayuden a normalizar instalaciones, se deben revivir las sanciones con el fin de nutrir un fondo social para inversiones y campañas, así como optimizar la judicialización de los que manipulen redes y medidores.

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