Solo el 12 % de empresas en el país pagan impuesto de renta

Solo el 12 % de empresas en el país pagan impuesto de renta

En Colombia se mueven negocios por 600 billones de pesos cada año, la Dian factura menos de 400.

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21 de noviembre 2015 , 08:57 p.m.

La informalidad empresarial, definida como las compañías que no cumplen plenamente con la legislación tributaria, laboral, ambiental y comercial, entre otros requisitos, representa una competencia desleal para las formales y afecta a diferentes sectores de la producción.

Una encuesta reciente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), incluida en un documento para mejorar la competitividad de la industria, dice que –junto con el contrabando– este flagelo perjudica al 61,4 por ciento de las compañías. Y va en ascenso, porque en el 2011 impactaba al 52,9, más de ocho puntos porcentuales menos que hoy.

El gremio señala que una de las causas de la informalidad empresarial es el desconocimiento sobre los trámites y requisitos que debe cumplir una actividad productiva, tanto por parte de los empresarios como de las entidades públicas. Muchas de estas, explica, solo conocen una fase o un trámite del proceso que es de su competencia y desconocen el resto, por lo cual no facilitan la formalización.

Así mismo, los particulares no ayudan a las entidades a cumplir su papel de reguladores porque muchas veces existe el temor del ciudadano a retaliaciones, o su interés de denuncia se pierde en la excesiva normatividad o porque no tiene claro ante cuál organismo delatar. (Lea también: La informalidad se está tomando el sector financiero: Contralor)

Empresas invisibles

Si cada una de las 370.591 empresas que declararon renta en el 2014 hubieran contribuido con una cifra idéntica, la carga individual por este gravamen habría sido de 64 millones de pesos, teniendo en cuenta que el recaudo proveniente de las personas jurídicas en ese año, según la Dian, alcanzó los 23,5 billones de pesos.

Y si todos los establecimientos productivos que reposan en los registros de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) pagaran impuestos, al país le sobrarían recursos para la inversión social y el desarrollo, pues se trata de 1.357.000 negocios.

Pero en Colombia, cuando de impuestos se trata, la informalidad campea y se suma a la evasión para hacer un hueco gigantesco. En el caso de las empresas que declaran renta, solo 167.582 (el 45 por ciento) resultan con una cifra por pagar; en otras palabras, solo uno de cada ocho del total de negocios paga impuestos sobre su renta. El resto, o salen ganando con saldo a favor (89.025) o su pago resulta ser cero (113.984). Entre estas últimas están las que hacen lo que se conoce como ‘contabilidad al revés’, es decir, que utilizan estrategias contables para que su pago quede en cero.

De acuerdo con Stefano Farné, investigador de la Universidad Externado de Colombia, hay una significativa presión fiscal sobre las empresas, en especial sobre las pequeñas, muchas de las cuales terminan optando por la informalidad en esta materia.

De hecho, los negocios pequeños, aparte de ser generalmente menos productivos y de tener menos poder de mercado para trasladar sus costos a los precios que cobran, pagan tasas de impuestos proporcionalmente más altas que los grandes, como lo muestra un estudio de Fedesarrollo.

“Antes de las dos últimas reformas tributarias hubo un estudio de una funcionaria del Ministerio de Hacienda que hizo unos cálculos entre los comerciantes y resultó que la mayoría de ellos no podían ser formales porque no les alcanzaba la plata para serlo”, anota el profesor del Externado.

Las consecuencias de todo esto son muy graves. Quien crea una empresa ‘invisible’ en el campo tributario genera una bola de nieve que crece sin parar y que puede, incluso, llevar a la quiebra a los formales.

Todo esto, dentro de un círculo vicioso que compromete la productividad del país, porque las compañías informales encuentran barreras para acceder al crédito y, en consecuencia, no pueden invertir para crecer y regularizarse. “El sector informal usa mucha mano de obra, pero aporta escasa capitalización al sistema productivo. Es competitivo, pero muy poco productivo”, señala un estudio de la Universidad del Rosario.

Los involucrados en esta maraña pertenecen a la llamada economía subterránea. En Colombia, los intentos por reducir este flagelo han sido muchos, pero no han surtido el efecto esperado. Tanto, que aún se habla de un recaudo tributario equivalente al 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) alcanza el 34,6 por ciento. (Vea aquí: 'Informalidad del empleo juvenil en el país es de las más altas': OIT)

De acuerdo con cifras de la UGPP, el 99,4 por ciento de los establecimientos productivos son microempresas o compañías pequeñas. La informalidad total se estima en 53,7 por ciento y se concentra precisamente en ese nivel, donde hay cerca de 728.000 establecimientos. Esto, sin contar con que el 75 por ciento de las empresas que se crean mueren o se liquidan antes de completar los tres años. “Las que se conservan más allá de ese tiempo tienden a formalizarse”, indica la Unidad, adscrita al Ministerio de Hacienda.

Algunas cuentas hechas por la Dian señalan que en el 2013, por ejemplo, el total de la producción de la economía fue de 707 billones de pesos, a lo que habría que restarle 100 billones que corresponden al Gobierno. Luego, de los restantes 600 billones la facturación total ascendió a 389 billones.

¿Qué se considera informal desde el punto de vista fiscal? Algunos estiman que ser informal es no tener registro mercantil ante una cámara de comercio o mantener a los empleados sin seguridad social. Sin embargo, los investigadores Ravi Kanbur y Michael Keen prefieren acogerse a la idea que suele unificar a muchos de los economistas del mundo: “informal es todo aquel que no paga el monto total de los impuestos que le corresponden”.

Desde esa perspectiva, “solamente las empresas grandes y honestas estarían exentas de ser calificadas como informales”, agregan los investigadores, porque las pequeñas pueden hacer una declaración fiel, pero no pagar impuestos, porque su nivel máximo de ventas se ubica por debajo del umbral tributario. También las hay más grandes que deciden, de manera legal, operar por debajo del umbral tributario para no pagar impuestos.

Adicionalmente, existen empresas que los expertos catalogan como fantasmas, cuyo nivel real de ventas está por encima del umbral tributario pero declaran de manera fraudulenta o no declaran.

Esta situación hace que la carga impositiva esté concentrada en pocas empresas, que sí tributan y cuya tasa efectiva de tributación alcanza el 64,9 por ciento, según el Doing Bussines del Banco Mundial, mientras que el promedio en América Latina es de 46,7 por ciento.

Riesgos por la baja calidad de los productos

Además de la informalidad empresarial, las compañías ligan el problema a la informalidad de producto, que es la violación de los derechos de propiedad intelectual y el no cumplimiento de estándares y medidas por parte de negocios no formales.

“De cumplirse en su integridad, la regulación garantizaría la competitividad y la productividad de las empresas, y protegería tanto al consumidor y al ambiente, tanto dentro del territorio como en los países con los que se tiene un intercambio comercial”, señala la Andi en un documento.

Según analistas, las empresas que adoptan estándares de calidad elevan su eficiencia, productividad, calidad de producto y servicios y la capacidad exportadora.

Así, por ejemplo, la gerente de Colchones El Dorado, Marta Luz Gómez Núñez, sostiene que la informalidad en este sector es cercana al 60 por ciento, pues existen cientos de talleres que no cumplen con las normas laborales, técnicas y de salubridad.

“Son especialmente empresas regionales que utilizan material de desecho para elaborar el producto final”, explica la directiva.

Aunque la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y los industriales han puesto en marcha campañas de advertencia sobre las consecuencias de contar con un artículo de hogar de baja calidad, el mercado informal coloca 2,1 millones de unidades entre colchones, colchonetas y espumas, de los 3,5 millones que se demandan al año en Colombia.

Ventanilla y tributo único, las propuestas

Entre los mecanismos para elevar la formalización empresarial, la Andi pidió al Ejecutivo agilizar mecanismos como una Ventanilla Única de Formalización (VUF) virtual en la que se puedan realizar los trámites relacionados con la formalización como inscripción y renovación en el Registro Mercantil, de RUT, afiliación y pago de aportes a seguridad social, salud, ARL, pensiones, cajas de compensación y trámites relacionados con registro de marcas y autorizaciones fitosanitarias. (Además: Empleo informal crece a un ritmo similar al formal)

Paralelamente, solicitó una política que articule los controles entre niveles centrales y regionales, pues la vigilancia y la inspección se encuentran dispersas entre un sinnúmero de organismos que no se enlazan adecuadamente como corporaciones autónomas regionales, Ministerio de Ambiente, Invima, secretarías de Salud, Ministerio de Comercio Industria y Turismo y alcaldías municipales.

También considera que las tarifas de producto, como los registros ante Superindustria, Invima e ICA, deben ser diferenciales para no estimular la informalidad. Por ejemplo, propone criterios como tamaño de la firma, región, sector y trayectoria.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) recomendó a Colombia encaminar sus esfuerzos a la reducción de la informalidad, a partir de, entre otras estrategias, “hacer pagar impuestos a más empresas”. A ese respecto, Stefano Farné, de la Universidad Externado, plantea el ‘monotributo’ que, con mucho éxito, se ha implementado en países de Latinoamérica y que es un pacto del Estado con las pequeñas actividades para que paguen todo de acuerdo con sus posibilidades.

Con este tipo de iniciativas, habría que preguntarse, dice Farné, si la formalización implica muchísimo más costo. “¿No se debería pensar, mejor, en hacer las cosas más simples?”, señala.

Farné agrega que las dos reformas tributarias más recientes no solo gravaron más, sino que generaron muchos más procesos y más complicados, que hacen que las empresas tengan que gastar más tiempo para cumplir con lo que exige la Dian.

“El tema no es pagar impuestos, sino que yo debo tener un contador al que le tengo que pagar para que me haga la declaración de renta y para muchas personas es más el costo de ese contador que lo que realmente debe pagar de impuesto”, señala.

Entonces se debe encontrar la forma para que sea más fácil y menos costoso cumplir con la formalidad.

Muchas iniciativas legislativas al respecto se quedan en intenciones. De hecho, según declaraciones del exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega a la revista Economía de la Contraloría General, “la redacción de leyes laborales y tributarias que contribuyan a la formalización será fácil de tramitar solo el día que queramos vivir todos como iguales”.

EL TIEMPO

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