Seis de cada diez trabajos, no aportan a la salud ni a las pensiones

Seis de cada diez trabajos, no aportan a la salud ni a las pensiones

Existe un gran cantidad de personas que no quieren formalizarse porque no les conviene.

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21 de noviembre 2015 , 08:57 p.m.

El empleo formal, que tuvo el año pasado su mayor crecimiento en las estadísticas recientes, comenzó a disminuir desde el último trimestre del 2014.

En otras palabras, parece haberse detenido el avance contra la informalidad laboral que se venía registrando desde el primer trimestre del 2009, cuando era del 64,1 por ciento, y que llegó a niveles cercanos al 60 por ciento en el segundo trimestre del 2015. Hoy, eliminar esta problemática sigue siendo una meta muy lejana.

Para Stéfano Farné, especialista en temas laborales de la Universidad Externado, es claro que la informalidad laboral es demasiado alta. Y eso, agrega, hace que el país crezca más despacio y que la gente tenga niveles de vida más bajos. “La informalidad es un problema de baja productividad que no se cambia de la noche a la mañana, porque está relacionado con temas como que las personas no estudiaron ni se formaron lo suficiente, además de que no cuentan con capital”, explica Farné. (Lea también: Empleo informal crece a un ritmo similar al formal)

Y para aumentar la productividad, que es un proceso a largo plazo –advierte–, hay que invertir en educación y nuevas tecnologías, y no solo en carreteras.

Juan Carlos Guataquí, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señala que otra causa de la informalidad es que la legislación laboral considera que una buena forma de reducir los costos laborales es flexibilizar la relación con el empleado. “Uno de los principales motivos de la persistencia de la informalidad en el país es la idea de la tercerización y el alto nivel de trabajadores por cuenta propia, que es muy elevado”, sostiene. Estos últimos, en septiembre, llegaban a 9.276.000, según el Dane. (Vea: La informalidad se está tomando el sector financiero: Contralor)

Farné, en cambio, piensa que ya no hay de dónde restar más costos y que el problema radica en que el costo del trabajo en Colombia es uno de los más altos de la región. Y menciona los subsidios como otra razón para la informalidad. Un estudio de la Universidad Externado de Colombia con datos del Dane (según las encuestas de hogares Geih) revela que el número de ciudadanos que declaran haber recibido ayudas monetarias de instituciones públicas durante los últimos 12 meses pasó de 907.195 en el 2009 a 3.384.117 el año pasado.

“Si se le dice a la gente que se le va a dar casa con tal de que demuestre que está en Sisbén 1 y 2, se da un gran estímulo para no salir de la informalidad. Ser formal hace visibles a las personas porque demuestran que tienen ingresos. Sin acabar con los beneficios para los que tienen menores recursos, hay que motivar a las personas para que participen en el mercado del trabajo”, afirma Farné. Así las cosas, la informalidad laboral no es solo cuestión de empresas legales que no enganchan formalmente a sus empleados, o de actividades que no están constituidas como sociedades propiamente dichas. También hay un grueso de personas que no quieren formalizarse porque no les conviene.

Las contribuciones a salud y pensión han venido aumentando, anota Farné, y la gente está cada vez menos dispuesta a pagar por cosas como el fondo de solidaridad. “Quien puede se mantiene informal”, sentencia el especialista. Por eso, propone que la seguridad social no debería pagarse con un “impuesto a la nómina”, sino que podría estar atada a las ganancias del individuo; por ejemplo, a través de la declaración de renta.

Guataquí cree que habría que trabajar más en el control del Estado a las actividades informales, algo que ya se viene adelantando gracias al aumento del número de inspectores de trabajo y a la labor de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) contra la evasión de los aportes. Esas acciones represivas deberían ir acompañadas de información para los ciudadanos, de manera que comprendan todo lo que conlleva la informalidad y las ventajas que tiene salir de ella.

“También ayudaría mucho que lográramos desarrollar más instrumentos como los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) –programa de ahorro voluntario para la vejez–, que permiten pasar de informal a formal sin ninguna consecuencia”, plantea Farné.

A Guataquí, finalmente, lo inquieta que, desde su punto de vista, el Ministerio del Trabajo esté promoviendo más programas asistenciales de empleo que reformas estructurales de las relaciones laborales. En todo caso, celebra el incremento del empleo asalariado, que ha contribuido a una pequeña reducción de la informalidad.

El impacto en salud y pensiones

Juan Carlos Guataquí, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explica que la informalidad pone en riesgo la cobertura del sistema de protección social, porque el empleo debidamente asalariado –que constituye el régimen contributivo– financia la atención de quienes hacen parte del régimen subsidiado.

Lo anterior, en el corto plazo.

En el mediano y el largo plazos, advierte el especialista, puede presentarse una gran crisis pensional, debido a que un número demasiado grande de personas va a llegar a la edad de retiro sin haber hecho los aportes necesarios para sostenerse en esa etapa, en la que no se recibe salario.

‘Hacer trampa da una ventaja del 30 % en la mano de obra’

Según César Maldonado, presidente de Protela, fábrica colombiana de textiles con presencia en varios países de América, la informalidad en el sector de confecciones constituye el 30 por ciento del mercado, que suma 2,8 billones de pesos anuales (o sea que mueve unos 840.000 millones de pesos). Y denuncia que existen desde minitelares con dos empleados hasta talleres de 30 operarios que trabajan sin prestaciones o a destajo. Eso no es sano para la competencia legal, que paga impuestos, prestaciones y parafiscales y que no genera rentabilidad a costa de los derechos laborales y ambientales, advierte el empresario.

En su opinión, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que depende de los ministerios del Trabajo y de Hacienda, debería hacerles más auditoría a los informales que a los formales. “La carga parafiscal no existe en esos negocios, por lo que tienen entre un 30 y un 40 por ciento de ventaja en el costo de la mano de obra”, lamenta.

Las empresas informales en este sector no son tan difíciles de detectar, porque aunque no tienen acceso a canales de distribución masivos, como las grandes superficies, cuentan con puntos de venta en sectores tradicionales de ciudades como Bogotá o Medellín.

Además de su impacto en el campo laboral, estas organizaciones se surten de materia prima ilegal, subraya Maldonado. De acuerdo con sus cálculos, al país entran 400 millones de metros anuales de tela de contrabando.

“También está el tema de la seguridad. Si bien no creo que nos expongamos a una tragedia como la de Bangladesh –donde 1.100 personas perdieron la vida hace dos años, como consecuencia del desplome de la fábrica de textiles Rana Plaza, que funcionaba en condiciones irregulares–, en las plantas informales no existen planes de manejo de incendios o terremotos. No se compara con las grandes textileras, que debemos cumplir con un panorama de evacuación y con los Comités Paritarios de Seguridad Social en Trabajo, por ejemplo”, concluye César Maldonado.

EL TIEMPO

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