Luzmila Artunduaga, la mujer que le pagó a un grupo de sicarios por el asesinato de los cuatro hijos de una familia vecina por la disputa de un lote, pasará 50 años en prisión.
La suya es la condena más alta contra los responsables de la masacre de los niños Vanegas Grimaldo, que en febrero pasado conmovió al país. Artunduaga fue condenada como autora intelectual; Édison Vega, como cómplice, a 20 años, y los dos autores materiales, Cristopher Chávez y Énderson Carrillo, a 40 años cada uno. En total, por el caso se han impuesto sentencias por 150 años, pero están pendientes de fallo otros acusados. Entre ellos está una hija de Artunduaga y su marido, Jainer Antonio Urueña, alias el Llanero, que puso los 500.000 pesos y el revólver para cometer el crimen.
A la rápida acción de las autoridades, que en menos de tres días tenían capturados o identificados a los partícipes en el macabro hecho, se sumó también la confesión de los sicarios.
Con base en los testimonios de Chávez, conocido con el alias de Desalmado, Artunduaga fue condenada este viernes por ser determinadora del homicidio de los cuatro menores de 17, 14, 10 y 4 años.
Los hechos por los que se dio la sentencia ocurrieron en un lote baldío en la vía Florencia-Neiva, por el que dos familias habían tenido disputas. La Fiscalía logró probar que Artunduaga acudió a los sicarios a través de un trabajador suyo, para hacer que los Vanegas Grimaldo salieran de la región, dijo Luis González, director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana.
En la audiencia pública realizada este viernes en Florencia se revelaron, además, nuevos detalles relacionados con la investigación. El ‘Desalmado’, el hombre que apretó el gatillo para acabar con la vida de los niños Vanegas, confesó que él y Énderson Carrillo Ordóñez, alias el Enano, el otro pistolero, no actuaban como ‘ruedas sueltas’.
Dijo que trabajaban para una oficina de sicarios que funciona en el barrio El Ventilador y que “allí fue donde lo contactaron para que hiciera la vuelta” (matar a los padres de los niños, Jairo Vanegas y su esposa). La jueza del caso compulsó copias para que se investigue a esa ‘oficina de cobros’ en la capital de Caquetá.
En la diligencia se escuchó la versión de un testigo que había señalado a José Aleisy García, hermano de Vega. El testigo se retractó de haber dicho que García le había ofrecido dinero para que agrediera a los Vanegas, asegurando que se confundió en su primera versión. Esto llevó a que García quedara en libertad.
Al final, la jueza les ordenó a la Procuraduría y la Fiscalía investigar a los entes del Estado que permitieron la invasión de la zona de reserva en disputa.
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