¿Hay voluntad política?

¿Hay voluntad política?

No pueden seguir siendo mera retórica las directrices de la política pública en materia forestal.

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20 de noviembre 2015 , 06:11 p.m.

La experiencia mundial sobre los retos que enfrenta el medioambiente, y en particular los bosques, en contextos de posconflicto, enseña que hay un alto riesgo de que se incremente la deforestación: “Situaciones de posconflicto en países con bosques importantes casi siempre suponen un grave peligro para estos recursos”. (FAO. Los bosques y la guerra, los bosques y la paz. Situación de los bosques del mundo, 2005).

En el país, estos riesgos han sido ya suficientemente advertidos desde esta y otras columnas, así como por varios expertos en los importantes espacios de reflexión y análisis que sobre esta temática se han llevado a cabo durante el último año: el seminario ‘Medioambiente y posconflicto’, realizado por la Universidad Distrital; el foro ‘Bosques y construcción de paz, una oportunidad para el posconflicto’, promovido por la Delegación de la Unión Europea en Colombia, el Gobierno Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), y el encuentro ‘Bosques, espacio de empoderamiento para la construcción de la paz’, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El proceso de paz entró ya en una fase de no retorno, salvo que alguna macondiana eventualidad surja y nos condene a otros 50 años de guerra, para completar así cien de fatalidad y de desgracia, lo que sería simplemente catastrófico e impensable, tanto para el país entero como para la comunidad internacional. Por ello, es crucial que las entidades responsables adopten desde ya todas las medidas necesarias para prevenir, minimizar o, de ser posible, eliminar tan anunciados riesgos. No hacerlo impediría que se cumplan los buenos propósitos de “reducir la deforestación” plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, entre otras, mediante las acciones allí definidas de fortalecimiento de la gobernanza forestal y de la capacidad para la administración forestal en el país; y, además, haría que cayeran en el vacío los anuncios hechos por el presidente Santos ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde planteó que con la llegada de la paz se empezarían “a preservar y salvar millones de hectáreas de bosque tropical”. Si no hay un debido “alistamiento”, puede ocurrir todo lo contrario.

El problema y gran desafío de fondo es que para ello se requiere verdadera voluntad política dirigida a adoptar un nuevo enfoque con una mirada integral y renovadora sobre el conjunto de la gestión forestal. No se puede seguir haciendo más de lo mismo, que no ha funcionado durante las dos últimas décadas. No pueden seguir siendo mera retórica las directrices de la política pública en materia forestal. Se precisa una nueva concepción de la gobernanza forestal que, en función de lograr que los bosques realmente contribuyan a forjar una sociedad estable y en paz –lo que desde el año 2000 está consagrado como principio central de la política de Estado que es el Plan Nacional de Desarrollo Forestal–, como mínimo, atienda las siguientes tareas esenciales y prioritarias: revisión y actualización de la política forestal y del Plan Nacional de Desarrollo Forestal; cumplido lo anterior, revisión y actualización de la legislación forestal; revisión y ajuste de la estructura institucional responsable de la administración forestal pública en los niveles nacional y regional, que garantice una gestión idónea y eficaz para el desarrollo de acciones de planificación, ordenación, asistencia técnica y capacitación forestal; clarificación de competencias entre los ministerios de Ambiente y de Agricultura, sobre el componente productivo de los bosques naturales; creación, formalización, apoyo y puesta en marcha del Consejo Nacional Forestal y de las Mesas Forestales Regionales. ¿Hay voluntad política para esto?


José Miguel Orozco Muñoz

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