Editorial: El polémico Decreto 562

Editorial: El polémico Decreto 562

Con la llegada del nuevo alcalde se extinguiría la norma que autorizó edificios sin límite.

19 de noviembre 2015 , 08:03 p.m.

Ha pasado casi un año desde la expedición del Decreto 562 por la Alcaldía de Bogotá. Estaba inspirado en un necesario proceso de renovación urbanística que permitiera la reactivación del centro ampliado, facilitara nuevos desarrollos de suelo y ayudara a la incorporación de más zonas a la ciudad.

Todo esto, siguiendo los lineamientos de una política que profesa la visión de entornos concentrados, delimitados, con multiplicidad de usos, sin margen para la expansión y apostando más por la verticalidad de la ciudad que por una visión acorde con su crecimiento y con los intereses de todos los actores involucrados.

Nos referimos en concreto a la habilitación hecha a constructores y desarrolladores para que aprovecharan la norma y pudieran elevar sus rascacielos en cualquier rincón de Bogotá. En contraprestación, deben pagar las respectivas cargas urbanísticas, ya sea compensando en espacio público, vías, habilitando tierra en otras zonas o en dinero.

Para muchos interesados, el negocio resultó jugosísimo: condiciones fáciles de cumplir y mayores márgenes. Y para el Distrito también, pues le ha hecho posible capturar recursos con los que antes no contaba. En cinco meses, por medio de cargas urbanísticas, ya había recaudado casi 100.000 millones de pesos.

Hasta las curadurías se cuentan entre las grandes beneficiarias, pues a fin de cuentas han tenido, como nunca, terreno abonado para promover, facilitar y aprobar licencias allí donde antes era mucho más difícil hacerlo.

El tema, por tanto, no ha estado exento de debate. Incluso, se ha dicho que por esta vía el alcalde Gustavo Petro le hizo un esguince al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) suspendido por orden del Consejo de Estado, con tal de sacar adelante un modelo que le permitía salvar uno de los pilares fundamentales de la norma suspendida: frenar la construcción en los extramuros de la capital.

Entre las voces críticas, la que más eco ha tenido es la del gremio de Camacol, para el cual el decreto podría terminar por legalizar “infracciones urbanísticas” que ya estaban presentes. Otros advierten que primó el interés de algunos particulares sobre la sociedad en su conjunto; no se ha medido el verdadero impacto que esto conllevará en términos de movilidad, dotación de servicios, habilitación de espacio público y calidad de vida en general.

En cambio, abrió peligrosamente la puerta al apetito de aquellos seducidos por la oportunidad de hacer negocio.
Como decíamos al inicio, la norma pudo estar inspirada en las mejores intenciones. Pero lo cierto es que quienes se beneficiaron han corrido a conseguir licencias, la Alcaldía está de plácemes porque logró dividir a los constructores y, mientras tanto, las voces más aisladas, las de los ciudadanos, han sido convidadas de piedra. De ahí las protestas que se han registrado recientemente frente a la Sociedad de Mejoras y Ornato.

En la pasada contienda electoral, todos los candidatos anunciaron su rechazo al 562. Es más, dijeron que lo derogarían una vez ocuparan el cargo. Por tanto, es probable que eso haga la administración entrante el primero de enero. Y creemos que es lo aconsejable, hasta tanto no exista un mejor análisis sobre lo que le espera a la ciudad.


editorial@eltiempo.com

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