Editorial: Cárceles insanas

Editorial: Cárceles insanas

La salud física y mental de los internos del país no parece tener dolientes.

18 de noviembre 2015 , 07:48 p.m.

Que las cárceles colombianas, por su desorden, hacinamiento y peligrosidad, no son centros de resocialización es bien sabido, como también lo es que muchos internos llegan allí por delitos que, en parte, son desenlaces de trastornos mentales subclínicos o que ni siquiera han sido diagnosticados.

Por eso resultan alarmantes los hallazgos de la Defensoría del Pueblo dentro de la investigación que acaba de concluir sobre la atención en salud mental que se brinda en los penales nacionales.

La desidia en la materia es de tal tamaño que hasta la cifra de internos identificados como pacientes en estas condicione es irrisoria: de 121.000 presos que oficialmente hay en el país, solo se ha reconocido a 2.340 como personas con alteraciones emocionales o mentales que ameritan atención médica y seguimiento.

El dato difiere por completo de la estadística aportada por el último Estudio Nacional de Salud Mental (2015), según el cual el 10 por ciento de los adultos en Colombia tiene algún problema de este tipo. Si el porcentaje se aplicara a la población carcelaria, serían más de 12.000.

Ahora, estar identificados da lo mismo porque la norma pareciera ser no atenderlos. Los pocos que acceden a algún tipo de atención se quejan de la falta de tratamiento especializado y de la escasa o nula entrega de los medicamentos que necesitan. ¿A quién le cabe la responsabilidad por tanta deficiencia?

La EPS a cargo de garantizar la prestación de los servicios de salud para los internos es Caprecom, una entidad quebrada, con pésimos indicadores, ineficiente y al borde de la liquidación.

Sería fácil echarle la culpa únicamente a este organismo, pero una mirada más objetiva permite establecer que hay más de un responsable directo. El Inpec es el primero de ellos: no solo sus pabellones para pacientes psiquiátricos carecen de la capacidad para más de 150 internos en todo el país (el resto comparte celdas con los demás presos), sino que falla en el transporte y acompañamiento de ellos a sus citas y controles. Ni siquiera tiene capacidad de reacción frente a urgencias de este tipo.

Lo más preocupante es que tal panorama no difiere en nada de la salud en general de las cárceles, cuyas evidentes y peligrosas deficiencias son, asimismo, responsabilidad de los ministerios de Salud y de Justicia. Ambos deben una explicación sobre por qué todavía no se ha estructurado la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), creada por la Ley 1709, de enero del 2014. Esta deberá ser la responsable de la infraestructura de atención primaria y de urgencias en las cárceles.

Tampoco se sabe qué pasó con el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, que, con dineros del Presupuesto General de la Nación (no del sistema de salud), se encargaría de contratar servicios asistenciales para los internos, según un modelo también desconocido.

Se supone además que ya fueron apropiados 100.000 millones de pesos para poner a andar este esquema, pero no es claro dónde están. Es indiscutible que la salud carcelaria no le importa a nadie, salvo a los internos que requieren atención pero se estrellan con un muro de inoperancia y de normas que se quedan en el papel.


editorial@eltiempo.com

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