Una mano amarrada

Una mano amarrada

La paz con las Farc exige ampliar presupuestalmente en tamaño y capacidades-a las Fuerzas Armadas.

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15 de noviembre 2015 , 08:53 p.m.

En las últimas semanas este diario se ha anticipado, con buen tino, a promover foros y análisis sobre el rol, la misión, la doctrina y el presupuesto de la Fuerza Pública hacia el futuro, una vez se firme la paz. Aun cuando para algunos parezca precipitado hablar del tema, realmente el momento es ahora. En los próximos meses se tomarán una serie de decisiones que, directa e indirectamente, tendrán impacto significativo en la definición de estos asuntos claves para la seguridad nacional.

El país tiene la necesidad urgente de construir una visión sobre el futuro de sus Fuerzas Armadas. Hacer ese ejercicio permitiría enmarcar la discusión de la paz en un contexto doctrinario claro, firme y de largo plazo. Si se carece de dicho marco conceptual, y de la visión que lo soporta, se pueden cometer errores –generalmente con la mejor buena fe– difícilmente reversibles.

Eso ocurrió en procesos de paz en otras latitudes, donde los modelos institucionales y doctrinarios que rigen hoy a sus fuerzas de seguridad nacieron de las exigencias y las premuras asociadas a los acuerdos de reconciliación. Desafortunadamente, en esos países las consecuencias de los cambios en la institucionalidad castrense y policial no se examinaron –en su momento– con suficiente perspectiva y profundidad.

Basta observar qué les pasó a países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que optaron por la demolición estructural y la reconstrucción minimalista de su Fuerza Pública. En la mesa de negociaciones se impuso el equivocado imperativo ideológico que exigía desmontar las estructuras de seguridad existentes, como única garantía para evitar el renacer de las dictaduras militares. En el proceso de implementar esas decisiones, estos países dejaron sin capacidad al Estado de enfrentar a las ‘maras’ y a los ejércitos privados de las organizaciones criminales, que aprovecharon ese vacío para, literalmente, tomarse a América Central.

La lección es clara. A pesar de que los procesos de paz contribuyen, sin duda, a eliminar significativos factores de inseguridad, en ningún momento existe la certeza de que algunos componentes asociados a ese conflicto no transmuten y reaparezcan convertidos en semillas de nuevas amenazas. Si simultáneamente se ha desmantelado la capacidad de reacción del Estado, esas semillas caen en terreno abonado y se expanden como plagas.

El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia es un buen ejemplo de lo contrario. Aun cuando las ‘bandas criminales’ surgieron de los residuos de ese proceso –liderados por los que no se acogieron y por los que abandonaron la justicia transicional– el Estado no entregó un ápice de su capacidad de ejercer autoridad o de sus recursos para la seguridad. Eso ha permitido la exitosa reacción de la Fuerza Pública para controlar y someter a las organizaciones delincuenciales que surgieron de dicho proceso.

Además, siempre están los bienintencionados que abogan para que, terminado el conflicto, los recursos presupuestales asignados a la seguridad y la defensa se disminuyan severamente para atender otras necesidades. Aunque suena muy bonita esa retórica, Colombia no debe seguir por ese camino. Eso sería un suicidio para el bienestar y la seguridad de todos.

De hecho, la paz con las Farc exige, más bien, ampliar –tanto presupuestalmente como en tamaño y capacidades– a las Fuerzas Armadas. La nueva misión será apoyar la reconciliación, la transformación social, la seguridad ciudadana, el control territorial y la contención de las nuevas amenazas. Pero eso no se logra con una mano amarrada.

Díctum. ¿Una nueva ‘cruzada’ de musulmanes y cristianos –juntos– para eliminar la barbarie?

GABRIEL SILVA LUJÁN

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